miércoles, 11 de octubre de 2017

Plataforma Polétika vigila y demanda compromiso de candidatos presidenciales con los Derechos de la Mujer



Organizaciones de mujeres y feministas, acompañadas por el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), comenzaron el monitoreo del discurso de los candidatos presidenciales para demandar políticas de género.

A través de la herramienta digital Polétika, el movimiento feminista vigila y hace presión ciudadana para que los candidatos Salvador Nasralla, Luis Zelaya y Juan Orlando Hernández “posicionen los derechos de las mujeres en el discurso y las propuestas de planes de gobierno de sus partidos políticos, y alcanzar una sociedad más incluyente y equitativa”.

Gustavo Irías, director del CESPAD, explica que Polétika está conectada a las redes sociales Facebook y Twitter “que tiene como propósito informar, analizar y presionar a los candidatos de los partidos mayoritarios para que se comprometan con la agenda de las mujeres y feministas”.

En el marco de esa agenda, Suyapa Martínez, directora del Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H), indica que Polétika exige a los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Partido Nacional y Alianza de Oposición buscar solución a la feminización de la pobreza, la violencia contra las mujeres y femicidios.

“También exigimos una educación laica y no sexista. Derechos de las mujeres indígenas, salud sexual y reproductiva estos temas están en la página web de Polétika para que los candidatos puedan entrar y aprenderse la agenda, porque nunca hemos escuchado a los candidatos a la presidencia que hablen de las mujeres”, puntualiza Martínez.

Hasta la primera 15 de septiembre, en Honduras se cuentan alrededor de 250 femicidios, los que no están vinculados al crimen organizado, asegura el movimiento feminista y de mujeres.

Cristina Alvarado, integrante del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, expresa su preocupación ante el aumento de la saña en los femicidios: “desmembramiento, muerte por apedreamiento, fenómenos que, si bien es cierto el femicidios ha venido acompañado por esas características, últimamente son mucho más fuertes y pareciera que es una expresión de odio extremo y de castigo a la mujer”.

Demandan acceso a justicia

Las organizaciones que convergen en la plataforma Polétika están exigiendo que los candidatos del bipartidismo y el candidato de la Alianza incluyan y se comprometan en sus agendas a la derogación de leyes que limitan el acceso de las mujeres a los bienes comunes, entre ellas la Ley de Minería y Ley de Semillas.

Eva Sánchez, directora de la Organización Intibucana de Mujeres “Las Hormigas”, señala que los candidatos presidenciales están en la obligación de aprobar un protocolo de atención y protección a las mujeres que luchan por los bienes comunes, pero además mayor acceso a los órganos de justicia en las comunidades indígenas.

“Se discrimina mucho cuando van a interponer las denuncias de violencia doméstica. Se sigue en impunidad todos los asesinatos de mujeres indígenas, aún el caso de Berta Cáceres que es emblemático, no digamos los que han ocurrido en nuestros pueblos; no hay investigación, hay mucha debilidad para poder dar con los asesinos”.

Sánchez agrega que las mujeres indígenas solo tienen acceso a presentar las denuncias en las jefaturas de la Policía Nacional y en los Juzgados de Paz que están ubicadas en los municipios.

Antes del golpe de Estado de 2009, en Honduras el promedio de mujeres asesinadas era de 212, después de ese año las victimas sobrepasan las 500 anuales. Suyapa Martínez, directora CEM-H, denuncia que el actual gobierno continúa aportando al incremento de la impunidad en los femicidios al no asignar el presupuesto que requiere la unidad de investigación creada dentro del Ministerio Público.

“95 por ciento de impunidad, y si hablamos de morosidad judicial está en más del 90 por ciento. Es terrible que en su Twitter el presidente Juan Orlando Hernández esté diciendo que tiene fortalecida la institucionalidad, y nosotras le decimos ¿cuál institucionalidad? si solo tenemos dos juzgados especializados en violencia doméstica para atender 18 mil denuncias anuales”, cuestiona Martínez.

En julio de 2017, en la Aldea El Lolo del Distrito Central se descubrió un cementerio clandestino; las autoridades policiales aseguraron el hallazgo de tres personas, sin embargo, Jessica Sánchez, directora del Grupo de Sociedad Civil, explica que el gobierno niega que son decenas de mujeres encontradas, la mayoría reportadas como desaparecidas.

“Hay fosas clandestinas que no se han identificado, el gobierno se niega a registrar las desparecidas; según el Foro de Mujeres por la Vida, en un periodo de cinco años se registran dos mil 500 desaparecidas, es un dato aproximado, habría que ver los sub registros policiales. Están –desapariciones- relacionadas con trata de personas y con la utilización de los cuerpos de las mujeres”, detalla Sánchez.

Superficiales y sin compromisos

La plataforma Polétika en su segunda valoración de las declaraciones de los candidatos presidenciales revela que continúan mostrando un bajo perfil respecto a las demandas del cumplimento de los derechos de las mujeres.

“Es relevante y preocupante que en el período que comprende el segundo informe de valoración (11-25 de septiembre), cuatro temas de un total de siete no hayan sido objeto de declaración por parte de los tres candidatos a la Presidencia del país”, indica las organizaciones que integran Polétika.

Según el informe, el único candidato que emitió nuevas declaraciones sobre la violencia contra las mujeres fue Luis Zelaya del Partido Liberal, quien dijo mantener un compromiso en “asegurar la seguridad física y psicológica de las mujeres”, sin embargo, las organizaciones feministas le demandan al candidato explicar la estrategia que implementará para proteger la vida de las mujeres.

El candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla, en relación a la feminización de la pobreza manifestó “superficialmente” que en su gobierno ofrecerá “préstamos blandos para las mujeres que sufren”.

Por su parte, el presidente Juan Orlando Hernández, quien entró a la contienda electoral bajo la ilegalidad de la reelección, se ha limitado a mencionar el programa gubernamental “Ciudad Mujer”.


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