lunes, 20 de febrero de 2017

Activistas hondureños denunciaron violación a los derechos humanos



Bertha Oliva, coordinador del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), denunció que “los derechos humanos en mi país atraviesan por uno de los peores momentos”.
A la fecha han asesinado a 120 líderes en Honduras desde el 2010. Esa situación convierte a esa nación en un país donde se violan los derechos humanos y los afectados la comparan con los escenarios vividos durante la década de los años 80, donde hubo desapariciones forzadas de activistas involucrados en asuntos humanitarios.

Oliva declaró que “en la década de los años 80 hubo 184 desapariciones de agrupaciones que tenían cercanía con el Gobierno de Cuba y el Frente Sandinista de Nicaragua, los cuales fueron asesinados por los escuadrones de la muerte, a través de una política de seguridad promovida por el Estado”.

Actualmente “desde el Estado se persigue a los activistas y/o defensores en derechos humanos, de la tierra, ambiente, entre otros. Mientras que desde 2010 han sido asesinados 120 activistas. Nosotros corremos riesgos en la defensa de los derechos humanos”, dijo Oliva.

Esas declaraciones fueron ofrecidas por Kyte al terminar un foro en televisión, donde manifestó que fue agredido por personas afectas al Partido Nacional (PN) que representa la derecha del Gobierno, pero que afortunadamente no sufrió lesiones física, gracias a la intervención de Silvia Lavagnoli, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ubicada en Tegucigalpa.

La semana pasada fue agredida una defensora de los derechos humanos de la organización británica Global Witnees.

La agresión a Kyte pudo haber sido originada por un informe que presentó a través de Global Witness, donde denunció el apoyo que reciben las élites políticas y empresariales para asesinar a los ciudadanos de las comunidades que se oponen a sus proyectos por considerarlos una amenaza para el medio ambiente. Las agresiones, según el documento, son cometidas presuntamente por las fuerzas estatales.

Pese a ello en Honduras todavía no ha sido aprobado el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Sin embargo sí fue posible desde diciembre de 2010 abrir una Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a petición del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

“Corrupción” debería ser tipificado como delito en el Código Penal



Por Sandra Rodriguez

En el panel “El impacto de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y los mecanismos penales de represión” Juan Jiménez, vocero de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, MACCIH, exigió que no los metan en política y que los dejen trabajar.

afectadaLa MACCIH, está en la construcción de un proceso y es necesaria la participación de la ciudadanía, y agregó que nadie puede cumplir una profesión violando normativas ya establecidas, como la petición que de la defensa de Mario Zelaya, el implicado principal en el mayor saqueo registrado en la historia hondureña, que afectó al Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS, entre el 2012-2013, cobrando la vida de unas 3000 personas.

Entre los y las asistentes al Simposio Nacional “Derechos Humanos y Normas Penales”  una de las afectadas del IHSS solicitó a la MACCIH que “pidan que en las reformas al Código Penal exista el delito de corrupción, ese si sería un logro”.

Ella es Ana Rosa Moncada, una abogada que sufrió un accidente vial, y siendo atendida en ese centro asistencial, debió costear los gastos médicos desde gasas y antibióticos -surgen la lágrimas- porque aún siguen las secuelas en su salud ante el saqueo del Seguro Social, dónde no había y no hay equipo de atención médica.

Más impotencia da, saber que la MACCIH diga que está haciendo algo, cuando hay confesos de haber tomado fondos del IHSS, ellos en plena campaña, y yo en  tres meses interna durante el 2010, vi desfilar cadáveres, por falta de atención médica debida. Eso es un genocidio, afirmó.

La corrupción no está tipificado como delito en Honduras, tenemos prevaricato, tráfico de influencias, desviación de un funcionario público, fue parte de la respuesta que dio Jiménez.

El Magistrado Mario Diaz, parte del panel, dijo que “la accion de corrupción” debería tipicarse cómo delito, incluyéndose dentro de las reformas penales, porque los delitos que actualmente contempla el Código Penal, cometidos por funcionarios públicos, son delitos simbólicos, cuya pena debe ser endurecida.

Por su parte, el representante del Ministerio Público, Ricardo Matute, consideró la importancia de la participación de la población y la importancia de los cambios, solicitando un poco de paciencia para que las reformas se den con eficacia. Asimismo dijo que los casos de corrupción no son fáciles de investigar.

El Simposio es organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el contexto de la presentación de propuestas de reformas en el área penal y de seguridad del Código Penal hondureño.

Mineros de El Mochito: Entre riquezas, precariedad y muerte



Unos mil 200 mineros se tomaron las instalaciones de la mina El Mochito en Las Vegas, Santa Bárbara exigiendo el pago del salario mínimo a todos los trabajadores. Actualmente los mineros ganan entre 3 mil y 4 mil lempiras mensuales, a pesar de trabajar más de 8 horas diarias y estar expuestos a morir bajo tierra. “Exigimos un salario mínimo, ni siquiera digno”, Sergio Rápalo, minero organizado en el sindicato dijo esto en el programa Foros Populares de Radio Progreso, mientras realizaban el paro de labores. 
Entre las verdes montañas del cono sur de Santa Bárbara, cerca del Lago de Yojoa, se encuentra el municipio de Las Vegas, conocido por contar con una de las minas subterráneas más grandes de Centroamérica. En 1948 la empresa "Rosario Resources Corporation” obtuvo la concesión para extraer plomo, plata y zinc, minerales exportados desde Puerto Cortés hasta sus destinos finales en Estados Unidos de Norte América, Japón, Inglaterra y Alemania.

Actualmente  la mina fue adquirida por la empresa canadiense Morumbi Resources Inc, que le compró las operaciones a la minera belga Nyrstar. Su producción es de 75,000 toneladas de broza mensuales, el nivel máximo de profundidad según los trabajadores llega a los 6 mil pies, además está valorada en unos 600 millones de lempiras. “A nosotros no nos informan cuando la mina cambia de dueños. Ni siquiera sabemos qué minerales se están extrayendo exactamente” dice Gerson Núñez, quien lleva trabajando en el interior de la mina desde hace 13 años. Gerson junto a sus compañeros sospecha que la empresa aparte de zinc y plomo ahora extrae cadmio, plata y oro. 

Esta mina lleva casi 70 años en funcionamiento y para los habitantes de El Mochito únicamente ha generado calles pavimentadas, parques pintados y decenas de familias enlutadas, producto de los accidentes que los obreros han sufrido en el interior de la mina. Solo en 2016 se registraron 4 personas y decenas de lesionados. 

En Honduras el gobierno promociona la minería como única alternativa para desarrollar económicamente a las comunidades, por su enorme cantidad de agua, bosque y minerales. En la actualidad se han aprobado 364 proyectos de minería metálica y se encuentran en proceso de aprobación al menos 563 nuevos proyectos mineros. Además se está promoviendo la adjudicación de no menos de 950 títulos mineros adicionales derivados del catastro minero, según una investigación del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús. 

Sin embargo, la realidad que viven los trabajadores mineros y las comunidades dista de ese modelo económico extractivista que ha implantado el gobierno de Juan Orlando Hernández. En la mina El Mochito un trabajador gana como máximo 4 mil lempiras, pero la empresa entrega un bono de producción mensual a cada obrero, aunque si estos no se esfuerzan lo suficiente en la profundidad de la mina, el bono de producción no llega y únicamente reciben los 4 mil lempiras.  “Cuatro compañeros murieron el año pasado tratando de ganar el bono de producción y otros han quedado lisiados”, cuenta con mucho dolor Gerson Núñez, explicando que las condiciones de trabajo son precarias y el sueldo apenas alcanza para comprar los frijoles y el arroz. 

Las condiciones de trabajo son mortales

Hasta el 2012, Edin Rodríguez fue operador de pala y volqueta en el interior de la mina. Él junto con otros compañeros paleaba los minerales que las máquinas no pueden recoger. Los mineros para llegar al bono de producción deben meterse a lugares peligrosos para sacar todo el mineral y cumplir con la meta. Edin y otro compañero lo hicieron y el resultado para él fue catastrófico, ya que una varilla conocida como “Yumbo de 14 pies” que se utiliza para perforar, se le introdujo en su pierna izquierda, dejándolo atrapado. Él cuenta que gracias a la ayuda de su compañero pudo salir a la superficie para ser atendido, aunque una parte de su vida había muerto. 

A los días su pierna fue amputada a raíz de una bacteria que adquirió en el interior de la mina. Después de eso únicamente recibió de la empresa a una prótesis y el cambio de funciones. Ahora trabaja en una oficina aunque su salario sigue siendo el mismo. No recibió ninguna indemnización y la prótesis que le dieron le está causando problemas porque, según él, es de mala calidad. 

Edin contó a Radio Progreso cómo fue su accidente y lo difícil que es ser minero en Honduras. Con una enorme tristeza se cuestiona porqué un país tan rico puede tener gente tan pobre, especialmente en los municipios que cuentan con una enorme riqueza natural como es Santa Bárbara. “Los mineros hacemos hasta lo imposible para poder comer”, agrega el minero que junto a sus compañeros demandan salarios mínimos y mejores condiciones laborales. 

A la mina subterránea del Mochito se le denomina “Mecánica”, bajo tierra operan volquetas, vagones de tren y otras máquinas que acarrean el material. Cada quince minutos los trabajadores tienen que bañarse en duchas instaladas en el interior de la mina  para soportar la temperatura que oscila los 40 y 45 grados. “Hemos sacado compañeros con golpe de calor y otros con pre-infartos”, dice Gerson Núñez, compañero de Edin, asegurando que el golpe de calor se provoca cuando la temperatura corporal rebasa los 40° C. Gerson afirma que cuando los mineros afectados son sacados a la superficie reciben una pésima atención medica en la clínica privada de la minera,  y luego se ven obligados a irse a casa sin gozar de una indemnización. 

No rechazan la minería, rechazan salarios de hambre

Los mil 200 mineros del Mochito están claros, saben que su lucha no es en contra de la minera porque esa es la única fuente de empleo que tiene el sector desde hace décadas. Ellos luchan para tener salarios mínimos y mejores condiciones labores. Saben que no quieren morir bajo tierra pero tampoco de hambre. 

En agosto de 2016, los mineros se organizaron y renovaron el sindicato argumentando que los directivos anteriores respondían a los intereses de la empresa olvidándose de los mineros. “Nunca hemos recibido ni el bono escolar” dice Sergio Rápalo asegurando que los directivos jamás les hablaron de este beneficio y otros. El Decreto Legislativo número 43/97 establece como un derecho para todos los empleados y trabajadoras del sector público y privado, el pago del bono educativo Familiar. 

A raíz de esto la nueva directiva de los mineros ha logrado reunirse con el Ministro del trabajo Carlos Madero y representantes de la empresa para llegar a un acuerdo sobre los salarios. Además se han informado que según ley las industrias mineras con más de 151 empleados deben pagar 9,763.51 lempiras mensuales. Esto según la tabla de salarios aprobada para el 2017 y 2018 en Honduras. Los mineros del Mochito están muy por debajo de ese salario. 

La mina El Mochito es el modelo de minería que los gobernantes de Honduras promocionan a nivel nacional e internacional como alternativa de desarrollo,  pero la explotación minera en manos de los actuales empresarios cierra todas las posibilidades de un futuro estable, sustentable y amigable a las comunidades. Cada día los mineros se enfrentan a la muerte para poder comer en una sociedad violentada en sus derechos fundamentales. 

Yolanda González: La incertidumbre que genera Trump puede convertirse en oportunidad



Desde la elección y posterior llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump, el temor se ha apoderado de gran parte de la comunidad hispana. Los anuncios hechos siendo candidato han comenzado a tomar forma en su primer mes como mandatario. 

En sus primeros 30 días al frente del poder Ejecutivo, Trump aprobó tres decretos para su inmediata aplicación, vinculados a la deportación de ciudadanos latinoamericanos y de países musulmanes. 
El primer decreto está relacionado al fortalecimiento de la frontera para impedir el paso hacia Estados Unidos. Esta orden ejecutiva consiste en la construcción del muro (deberá esperar hasta que el Congreso asigne los fondos), aumento en los centros de detención en frontera sur e incrementar a 5 mil los agentes de la patrulla fronteriza. 

“Donald Trump estará ejecutando de forma inmediata todas aquellas disposiciones que no requieren de presupuesto. Una de ellas está vinculada a dar más poder a la patrulla de inmigración, estos agentes tendrán mayor discrecionalidad en su trabajo, lo que puede incrementar las violaciones a los derechos humanos de la población migrante”, dijo Yolanda Gonzalez de la Red Jesuita con Migrantes-RJM-.

En la actualidad informes de las organizaciones que acompañan a migrantes en la frontera México-Estados Unidos,  afirman que un 27 por ciento de la población que intenta cruzar ha sido víctima de violaciones a los derechos humanos en manos de los agentes migratorios. 

Para Gonzalez otro aspecto que abarca este primer decreto está vinculado a la disminución en las solicitudes de asilo, lo que provocará las “devoluciones en caliente”, irrespetando leyes y tratados internacional que marcan el proceso para los solicitantes de asilo. 

Deportaciones masivas 

La segunda orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos es la deportación para la población que está dentro del país de forma irregular. El programa “ciudades seguras”, eliminado en la administración de Obama ha sido reactivado y pone nuevamente a la policía comunitaria a colaborar en las redadas que hace el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). 

“Esto significa que un policía de tránsito o cualquier otro puede solicitar los papeles a una persona, si no los tiene podría ponerlo a disposición de agentes de migración, lo que provocará deportaciones masivas. Además se espera que en los próximos días la administración de Trump informe sobre la priorización en los grupos a deportar”, agrega la coordinadora de la RJM. 


Dentro de esta orden ejecutiva están las penalizaciones que el presidente de Estados Unidos anunció para las ciudades santuario. Y aún se desconoce que decisiones se tomará para los beneficiarios con el TPS, Estatus de Protección Temporal, que en el caso de Honduras será revisado el año 2018 y el Programa DACA, Acción Diferida para los llegados en la Infancia, conocidos como dreamers.

Trump recibe revés 

La Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco, California, dio el primer stop al presidente Donald Trump, al anular la prohibición en la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países (Irán, Irak, Libia, Yemen, Siria, Sudán y Somalia) con una población en su mayoría musulmana.

Con esta decisión se abre la posibilidad de disputar la imposición de una orden ejecutiva contraria a los mandatos constitucionales y que  leyes de inmigración termine en manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual tomaría la última palabra sobre la controversial medida antimigratoria.

En una decisión unánime, los tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones negaron a Trump su pedido de prohibir la entrada a Estados Unidos de los ciudadanos de las siete naciones musulmanas que, según la óptica de la nueva presidencia, impliquen una posible amenaza terrorista aunque no exista manera de sustentar el señalamiento.

Ante el rechazo de la Corte Federal de Apelaciones, Donald Trump amenazó con llegar a las máximas instancias. A través de su cuenta en Twitter el mandatario dijo: “Los veo en la Corte (Suprema), la seguridad de nuestra nación está en juego”. 

Frente a los muros: Puentes

Las acciones y medidas implementadas por el presidente Trump están provocando reacciones de diversos sectores. Y el máximo jerarca de la iglesia católica no  se quedó atrás- Sin referirse concretamente al famoso muro que pretende construir el mandatario en frontera con México- el papa Francisco llamó a “construir puentes de entendimiento” en lugar de muros y señaló que un cristiano nunca debería decir “pagarás por esto”.

Es la primera vez que Francisco hace mención, aunque de manera sutil, a las órdenes ejecutivas del mandatario estadounidense de levantar un muro para impedir la entrada a Estados Unidos. 

A esa preocupación y anuncio de acompañar, se unió la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Sistema Universitario Jesuita, quienes manifestaron mediante un comunicado su rechazo a las medidas o políticas que discriminen o excluyan a cualquier persona. Aseguran que les preocupa la situación de la población inmigrante en Estados Unidos, entre ellos los estudiantes sin documentos, que se ven amenazados por la posible suspensión de DACA. 

“En congruencia con nuestro compromiso por la justicia y la transformación de la realidad social, declaramos nuestra innegable protección y respeto a todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, quienes contribuyen con sus experiencias, cultura e ideas, al enriquecimiento de la sociedad. Los espacios universitarios deben ser de encuentro e interacción, nuestra misión es tender puentes, por lo que rechazamos los muros aislantes”, reza el comunicado. 

Lea el comunicado completo: Pronunciamiento de la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina

Retos para las organizaciones 

Para Yolanda Gonzalez la administración de Donald Trump genera mucha incertidumbre y preocupaciones. “Ha sido un mes inquietante, un presidente que nos ha hecho seguir su política a golpe de Twitter, a golpe de titulares, pero las luces vienen desde las organizaciones civiles estadounidenses y de mucha gente que se está revelando a las decisiones y mensajes autoritarios del mandatario”.  

Para la coordinadora de la Red de Jesuita con Migrantes, estos tiempos de turbulencia se convierten en una oportunidad para que las organizaciones demanden a los países centroamericano y mexicano políticas que eviten la expulsión de la ciudadanía. El fenómeno de Trump debe ayudar a identificar por qué los pueblos se están yendo de sus países, qué se ha dejado de ser o se está haciendo mal para que la ciudadanía quiera huir de sus países de origen. 

“Es la oportunidad de construir un nuevo modelo mesoamericano que logre presionar a los gobiernos para que construyan unas nuevas maneras de vivir frente a las que Trump están imponiendo”, concluyó Gonzalez.


Siglo XXI, tiempo sin memoria

Rebelión

Por Armando B. Ginés

Sin memoria se diluye el pasado y el futuro no es más que una quimera. Con la memoria inactiva o vacía, todo es presente, una sucesión de impulsos para cubrir necesidades elementales que no tienen historia alguna.
A la velocidad que va el mundo, o al menos en su apariencia de celeridad superficial, difícil es atrapar un instante para reflexionar sobre las relaciones personales y la estructura que habitamos cotidianamente.

Se dice que el poder reside en la capacidad de imponer el propio relato de los sucesos diarios. En los contenidos de la comunicación está el poder real. Y de esos ingredientes informativos emerge la ideología, esa telaraña de ideas invisibles que da consistencia a la vida diaria y a la que recurrimos para que aclare de manera automática nuestra dudas existenciales.

La ideología dominante despliega un amplio abanico de respuestas posibles, pensando por cada persona como una memoria programada para no salirse de la normalidad mayoritaria. En su esencia no es memoria biológica ni cultural sino una amalgama o batiburrillo o catecismo de frases hechas, letanías religiosas y emociones enlatadas que sirven de placebo cuando la razón crítica pone en solfa el orden establecido y el rol de cada cual en el concierto social, económico y político.

Eviscerar la memoria de pensamientos racionales, asociativos, comparativos, contradictorios y propios es el mejor método para conducir la problemática sociopolítica y existencial hacia derroteros dulces y controlables para el sistema.

De este modo, el siglo XXI ha vivido ya tres fases de desmemoria inducida por las elites hegemónicas. Primero fue el llamado efecto 2000 cuando se acuñó el término de sociedad del conocimiento que traería como secuelas maravillosas y benignas la extensión del ocio como forma de vida universal y el pleno empleo como corolario de la derrota del comunismo al estilo soviético. De aquellas bienaventuranzas no quedan ni las cenizas.

El segundo momento puede datarse en 2008, la famosa y trillada crisis económica de la globalización. De ella, el neoliberalismo privatizó todo lo que pudo, los pudientes se hicieron más ricos y los derechos sociales se esfumaron en el mundo libre . Los pobres y los refugiados, huelga señalarlo, se multiplicaron por doquier. Los mercados son los amos del mundo: todo es comprar o vender, explotación por aquí y precariedad por allá.

A pesar de contestaciones sociales y ensayos políticos puntuales, a escala internacional da la sensación de que el neoliberalismo ha triunfado con rotundidad. Ya nadie se acuerda de que hubo un tiempo donde al capitalismo se le oponía resistencia en todos los campos, desde el discurso a la reivindicación. Se ha borrado a conciencia la memoria colectiva, de las luchas sociales y de las utopías políticas. A la nueva izquierda de ilustrados políglotas les basta con dirimir las desigualdades e injusticias más que evidentes con palabras tramposas como la pugna de los de arriba contra los de abajo, mero eslogan light donde los haya para conquistar mayorías de baja intensidad política.

La tercera fase de la desmemoria provocada por el establishment se refiere al terrorismo, esa lacra indiscriminada que se presenta como el verdadero y único enemigo de la Humanidad. O sea, a un lado, los buenos, los humanos, un heterogéneo maremágnum de machistas y víctimas de la violencia de género, Trump y los espaldas mojadas mejicanos, palestinos y sionistas, blancos inmaculados de la extrema derecha y sucios negros muertos de hambre. En la trinchera de los malvados y las alimañas: los otros, una otredad en la que puede ser fichado cualquiera con acento distinto, que profese una religión sospechosa, que realice ademanes o gestos estentóreos, que diga no frente a un sí escondido, medroso y a la defensiva que solo tiene las rebajas, el fútbol y el consumo desenfrenado, siquiera sea entrando en un ajado y oscuro todo a 100 de fruslerías vanas, para llenar los huecos existenciales de una vida unidimensional, previsible y repetitiva.

Esa labor sostenida de borrado de la memoria procura derribar de cuajo cualquier tentativa de explicar el conflicto social como una lucha entre grupos o clases o estamentos con intereses enfrentados y excluyentes, naturalizando un estado de cosas donde escapen por el discurso del desagüe ideológico las responsabilidades o culpas atribuibles la estructura económica y política y el poder de las elites y los mercados. Democratizando las culpas, todos somos igual de responsables de nuestra dispar suerte privada e intransferible a causas endógenas a nuestro avatar social.

Y para apuntalar esta secuencia de hechos sin causas aparentes, nada mejor, por si acaso la razón crítica se pusiese demasiado díscola o irreverente, que crear, viejo señuelo o treta del poder, un enemigo aberrante bajo la figura comodín del terrorista, ese antagonista de ficción que gusta de matar por matar indiscriminadamente multitudes a discreción y valores perfectos y saludables de la civilización occidental.

Tal reduccionismo lo explica todo sin matices ni enmiendas posibles. Y mientras esa maraña de ideas de fácil digestión se cuela en nuestros cerebros colectivos e individuales, la rapiña neoliberal continúa: más guerras, más controles arbitrarios, más mordazas para la disensión, mayor explotación en el trabajo, desigualdades al alza, pobreza en aumento, mujeres asesinadas por la mano ejecutora del machismo irredento.

Y los corruptos, sólidos en sus fortalezas amorales de marfil. Y las izquierdas nominales, discutiendo acaloradamente sobre el sexo de los nuevos ángeles de la revolución populista. Vagamos sin memoria, sin deriva cierta y coherente, al albur del puro acontecimiento banal pero espectacular que nos saque, por un momento, del marasmo y la modorra de un mundo sumido en la nadería del impulso consumista y del grito sudoroso de la emoción instantánea.

Donde la memoria es desierto, cunden los vergeles de los políticos sin ética. Y esos profesionales del desencanto son votados, casi siempre, por nosotros y nosotras, es decir, usted y yo.

Para Rodolfo Walsh, justo a los 90 *


Rebelión

Por Carlos Aznárez

Con motivo del 90 aniversario del natalicio del escritor, periodista y combatiente montonero argentino Rodolfo Walsh, asesinado por la dictadura militar en marzo de 1976

Queridísimo Rodolfo, 
¿Cómo va Profesor Neurus, ahora que precisamente te toca cargar una pesada mochila con 90 años de recuerdos, esperanzas, algunas alegrías, bastantes tristezas, innumerables escritos alumbrados y otros que quedaron en el tintero? Veo que todavía ostentas como escudo, una una enorme y pesada ANCLA que supiste usar en cada momento para fondear tu cuerpo repleto de luminosidad.
Te recuerdo, Profe, cuando nos cruzamos por primera vez, en la la librería y editorial Jorge Alvarez, allá por 1964, yo buscando una nueva edición de "Operación Masacre" para regalarle a un compañero, y vos allí, con tu rostro de detective jovial, revolviendo la mesa de novedades. Por supuesto, que te pedí que me lo firmaras y ya que estaba me compré otro para no quedarme atrás. A ambos nos dedicaste un: “Para….con afecto y el deseo de que les ayude a conocer la verdadera heroicidad de nuestro aguerrido pueblo”. El devenir de "la otra historia", la que escriben los vencedores, nos arrebató al otro compa y a mí esos dos ejemplares que tanto supimos atesorar, releer y cuidar. A Máximo, así se llamaba mi hermano de lucha, lo secuestró y asesinó la Triple A en marzo del 76, al borde mismo del golpe dictatorial. Mi libro, corrió igual suerte ya que se perdió en un allanamiento de la misma organización fascista, el 6 de septiembre de 1974, cuando Montoneros pasó a la clandestinidad después de morir Perón. 
Cuatro años después, en el 68, nos volvimos a encontrar en medio del bullicio y no pocas tensiones, del lanzamiento de la CGT de los Argentinos. ¿Te acordás? Estaba a punto de empezar su combativo discurso (Raimundo) Ongaro, ya había hablado el ferroviario Lorenzo Pepe y vos -uno de los artífices de toda esa movida- me miraste con cara de desesperación preguntándome si mi grabador (un Sony del año de Matusalén) tenía pilas, porque las del tuyo habían capotado. “Lo que se diga ahora va a pasar a la historia” susurraste, y así fue nomás, y al día siguiente te estaba alcanzando la cinta con todos los discursos grabados, que sin duda marcaban un punto de inflexión en la lucha antiburocrática de nuestra clase trabajadora. 
A partir de esos años, nos fuimos cruzando en numerosas historias de militancia tanto sindical como política. Fuiste co-fundador de la Agrupación 26 de Julio (del Peronismo de Base) en prensa, y también coincidimos en algunas redacciones. Inevitablemente, querido Rodolfo, siempre ponías la guinda de la torta, enseñando, concientizando. Eras didáctico al máximo, ayudando, en lo que hacía a la práctica del periodismo, a investigar en el terreno de los hechos, a contrastar la información y recién cuando todo ese camino hubiera sido recorrido, dar a conocer el texto en cuestión. Los que te tuvimos como compañero de reuniones pero también de algunas cenas inolvidables en algún boliche del Bajo, nos deleitábamos con tus ironías sobre tal o cual personaje de la política de aquel entonces pero también tomábamos cuenta de tu seriedad y rigidez a la hora de hablar y actuar organizativamente (desde abajo y combatiendo) para los más humildes, para aquellos y aquellas a las que la vida no cesó de castigarlos. 
Con el tiempo desarrollaste y disfrutamos de toda tu capacidad como escritor y periodista, nos acercaste aún más la lucha del pueblo palestino y de la Revolución Cubana, y no dejaste de marcar a fuego a aquellos intelectuales de cartón o “izquierdistas de mesa de café” para los que nunca se daban las condiciones de luchar a fondo contra quienes martirizaban a nuestro pueblo. Por ser así como eras, no dudaste viejo Capitán, en alistarte como voluntario en las milicias del pueblo, cuando llegó el momento de dejar de poner la otra mejilla y empezar a devolverles los golpes que nos venían dando desde que bombardearon la Plaza en el 55. Vos y nuestro recordado Paco Urondo fueron ejemplo de coherencia en ese sentido. 
La Agencia de Noticias Clandestina es un capítulo aparte en tu infatigable vida. Preparaste la pista de despegue un tiempo antes que Videla se sentara en la Rosada, los viste venir, sabías por donde iban a descargar su odio y cuánto significaría de dolor para nuestra gente. Abrigaste la esperanza de que la información que rompiera con el discurso único se convertiría en un arma fundamental en la lucha montonera y del pueblo todo. No te equivocaste, compañero “Esteban”, bajo tu conducción imposible de imitar, fuimos produciendo día tras día durante un largo año, verdaderos mini manuales de práctica periodística en tiempos difíciles. El mundo pudo enterarse, gracias a ello, que al igual que en la Alemania nazi, aquí también había campos de exterminio y se practicaba la tortura y la desaparición forzada de personas como algo “natural”. Tan natural como la muerte misma. De esas investigaciones pero también del recuento minucioso de las infamias represivas promovidas por marinos, aviadores, militares y policías, surgió ese balance implacable de denuncia que fue tu Carta a la Junta Militar, que diste a conocer pocas horas antes de caer en combate. Ese mediodía nefasto, allí por San Juan y Entre Ríos, les ganaste la última batalla a quienes querían exhibirte como trofeo de guerra. 
Hoy compañero Rodolfo Walsh festejamos tus 90, los de tu coraje y pensamiento crítico, los de tu legado revolucionario. Es verdad que te toca cumplirlos en otro momento oscuro del país, con miles de despedidos, con chicos y viejos comiendo de la basura, con las calles llenas de colchones agujereados que sirven de dormitorio a familias enteras, con campesinos y campesinas rociadas y envenenadas por el glifosato, a los que le quitan el agua y las tierras día a día, con diversas trasnacionales quedándose con nuestras riquezas y la soberanía , con la provincia de Jujuy en estado de excepción y con cárceles donde se encierra a quienes protestan. Gobiernan los ricos contra los pobres y nunca hubo tantos directores de empresas convertidos en ministros y ministras. 
Me podrás decir que esto ya lo vimos, y no te equivocás Profesor, porque además de todo, se repite lo mismo que nos advertiste cuando nos juntaste en una mesa de café a principios del 75 a quienes luego te acompañaríamos en ANCLA: estas políticas represoras necesitan su correlato de censura y silencio informativo. En eso andan por estos días, y por eso, no estaría de más que escribas otra de tus cartas denunciando todos los horrores de este último año. ¿Te animas? 
* Nota pedida para publicar por los compañeros/as de la revista La Garganta Poderosa

sábado, 18 de febrero de 2017

Extractivismo y muerte



Por Javier Suazo

Existe en el empresariado hondureño la creencia que la única vía para salir de la crisis económica, social y política que enfrenta Honduras, es apoyando la ejecución del plan 20/20, un plan élite que dejó sin valor y efecto la Visión de País (2010-2038) y Plan de Nación (2010-2038), elaborado en el gobierno del Presidente Lobo Sosa (2010-2013). Se le atribuyen a este plan bondades que no tiene, como ser instrumento para generar 600,000 empleos en cinco años por grandes empresarios, sin considerar la importancia y contribución de la inversión pública y microempresas.

Uno de los sectores priorizados dentro del plan 20/20 es el sector energético. Se habla de mega proyectos de generación de energía limpia que transformará la matriz energética del país, eliminando en un plazo corto la dependencia de  energía térmica. Incluso se habla que dado el potencial del país, se puede exportar energía al resto de los países centroamericanos.

Sobre este enfoque han surgido varias condicionantes que afectan el optimismo de parte del sector privado hondureño, especialmente de aquellos empresarios como Julieth Handal, Jimmy Dacarret  y Adolfo Facusse no muy fanáticos de las bondades del libre mercado. El primero es el cuestionamiento de lo poco transparente que han resultado los procesos de aprobación y entrega de los recursos naturales y turísticos  a empresas privadas nacionales y externas. Las denuncias incluyen tráfico de influencias, otorgamiento de licencias ambientales sin cumplirse los requisitos que manda la ley, falta de consulta previa a los pobladores y corrupción de los gobiernos locales.

En segundo lugar destaca el tipo y modalidad de inversión. En general son empresas desarrolladoras que utilizan recursos de la banca privada (externa), organismos internacionales y de la banca nacional al involucrarse socios internos en los proyectos. Estos recursos deberán ser pagados con ingresos generados por el proyecto, garantizados mediante convenios suscritos con el mismo gobierno negociando en ciertos casos tarifas especiales, caso particular de las empresas hidroeléctricas. En el caso de los proyectos turísticos, el Estado participa como socio minoritario para garantizar la recuperación del dinero por los empresarios en caso de pérdidas por desastres naturales y protestas publicas que se quieren tipificar como actos terroristas en el nuevo Código Penal.

En tercer lugar se ha denunciado la muerte de líderes ambientalistas, indígenas y miembros de las comunidades en las zonas de influencia de los proyectos, igual una escalada de represion y hostigamiento a los pobladores que se opone al proyecto energético o turístico.

Todo esto ha sido documentado y denunciado por la organización internacional Global Witness, donde se habla de la muerte de 123 dirigentes y pobladores después del golpe de Estado, la represión violenta en contra de los defensores de territorios y recursos naturales ancestrales y derechos humanos, lavado de activos e involucramiento de empresarios y dirigentes de los partidos políticos.

Los voceros de la empresa privada hondureña exigen pruebas de estas acciones y actos, calificando a la organización internacional de mentirosa. Se le acusa de ahuyentar la inversión privada al denigrar al Estado hondureño y su clase política,  y generar un clima de inestabilidad social. Otros defensores de políticos metidos a empresarios piden la intervención del Ministerio Publico para que Global Witness presente las pruebas, de lo contrario procederán a  la acusación en los tribunales de justicia. Incluso se ha llegado al extremo de solicitar orden de captura contra  Billy Kyte, representante de la organización, por lo cual no hay que dejarlo salir del país.

Las denuncias de la organización se basan en documentos oficiales, testimonios de las personas y defensores del ambiente afectados, las muertes habidas, incluyendo el asesinato de Bertha Cáceres, los procesos en marcha y ordenes de captura contra funcionarios públicos, violaciones sistemáticas a la Constitución de la Republica, Ley del Ambiente y Derechos Humanos Universales, la participación de familiares de políticos del partido de gobierno  en los negocios y los actos de corrupción manifiestos en las alcaldías.

Al parecer, frente a estas investigaciones documentadas, la estrategia del gobierno debería ser al contrario. Eso es, solicitar a los directivos de Global Witness para que acompañen  a los órganos contralores del Estado en la investigación de las denuncias por los pobladores, así como el apoyo de las Naciones Unidas para acelerar la reglamentación de los mecanismos de participación de las poblaciones étnicas en la aprobación o no de este tipo de proyectos, respetando su opinión y voluntad.

Se estima que Honduras ha entregado cerca de 35% del territorio nacional en concesiones a empresas extranjeras y nacionales, sin que se observe un proceso ascendente de generación de empleos sostenibles para la población, rebajas sustanciales en el costo de la energía eléctrica y beneficios tangibles en materia de protección de los recursos naturales, uso y acceso de la población a fuentes de agua permanentes y disfrute de las bondades turísticas y culturales.

Hay experiencia en Latinoamérica donde la construcción de las represas no tiene por que generar perdida de vidas humanas y desintegración de las familias rurales, que observan como la vida misma se les va. Hay que abrir espacios de participación a los pobladores y definir mecanismos y reglas claras para la inversión productiva. Un paso adelante es reconocer las formas de organización de la población, sus competencias y derechos adquiridos; pero sobre todo, institucionalizar el mecanismo de consentimiento libre, previo e informado (CLPI), con el aval de los pobladores.

Los partidos políticos de oposición al gobierno todavía no tienen un planteamiento sobre el tema, pero es necesario debatir más sobre los impactos negativos de este tipo de empresas extractivas y turísticas. La MACCIH de Almagro y Corrales se ausentó por decreto, pero debe rectificar. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos debe dejar de hacer mandados y actuar. El Congreso de EEUU debe aprobar la Ley Berta Cáceres y la Embajada Americana debe pronunciarse sobre ello, más allá de la asistencia del Embajador James Nealon al sepelio de la líder ambientalista y defensora de derechos humanos...



Se busca facilitar a la población indígena de La Paz el acceso a la Justicia



Ante la dificultad de la población lenca del departamento de La Paz para acceder al sistema de justicia varias organizaciones crearon un proyecto denominado: “Mejorando el acceso a la justicia de la población Lenca del departamento de La Paz”, que durará tres años y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los participantes, especialmente las mujeres, así como de los operadores de justicia, para que faciliten el acceso a un sistema de justicia confiable y que promueva la equidad social.

El programa es ejecutado por el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), el Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H) y el Comité de Familiares Detenidos, Desaparecidos en Honduras (COFADEH), con la ayuda financiera de la Unión Europea, a través del programa Eurojusticia; además, contará con el acompañamiento técnico y financiero de la Agencia Católica Irlandesa para el Desarrollo, Trocaire.

La plataforma es impulsada con el apoyo de organizaciones sociales de la zona, entre ellas el movimiento de base Indígena Lenca de La Paz Honduras (MILPAH), la Plataforma 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres y la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC).

A criterio de las organizaciones ejecutoras, el proyecto podrá preparar a los participantes para articularse entre las plataformas sociales para facilitar el acceso a la justicia bajo mejores condiciones, asimismo han prometido buscar la sostenibilidad del mismo para avanzar en el respeto a los derechos humanos y derechos a las mujeres.

“Consideramos que esta estrategia es importante para darle una nueva dinámica a la realidad que vive la población del departamento de La Paz, donde la violación a los derechos humanos es vigente y convierte en víctimas a quienes luchan por la defensa del territorio”, dijo José Espinoza director de CEHPRODEC.

Mientras que Madeleine Onclin, jefa de la Cooperación de la Unión Europea, consideró fundamental la alianza entre tres sectores: las organizaciones ejecutoras, la población afectada y el poder judicial. “Hay que construir puentes que nos ayuden a fortalecer el acceso a la justicia y la aplicación de la misma en una realidad tan compleja como la de los pueblos originarios de la zona”, calificó Onclin.

Por su parte Bertha Oliva, coordinadora del COFADEH, lamenta la ineficiencia institucional en la aplicación de justicia, más cuando se trata de grupos oprimidos, en ese sentido Oliva recalcó que solo con la construcción de alianzas y también con la concienciación y demanda permanente del pueblo hondureño se podrá cambiar las reglas del juego en esta sociedad desigual.

Un territorio en conflicto permanente

El departamento de La Paz se ha convertido en zona de conflicto por la invasión territorial de empresas que impulsan proyectos de extracción minera e hidroeléctrica, en ese sentido, las comunidades de La Paz han iniciado procesos de resistencia por la defensa de sus territorios.

“Nosotros somos víctimas de persecución, despojo, represión, criminalización y de pobreza, pero a pesar de esa realidad nuestra resistencia a todos los proyectos que buscan atentar contra la naturaleza y desplazarnos seguirá vigente hasta la muerte”, afirmó Martín Gómez subcoordinador de MILPAH.

El desplazamiento de los pueblos originarios en todo el país, se ha vuelto una realidad común en la que el poder de grupos empresariales y gubernamentales se une para sacar de los territorios a quienes verdaderamente les pertenece. “Nos criminalizan porque defendemos lo nuestro, en realidad los criminalizados deben ser ellos, porque están apoderándose de algo que no es suyo”, dijo Víctor Vásquez dirigente indígena que enfrenta un proceso de criminalización y es acusado de usurpar tierras y de amenaza contra terratenientes.

Convenio OIT

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Honduras, ha sido la justificación legal más importante del movimiento indígena contra la instalación de la gran industria extractivista en sus comunidades, porque  en la mayoría de casos no se ha consultado a las comunidades para instalarse.

El espíritu de la consulta y la participación constituye la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan.

Los principios de consulta y participación en el Convenio 169 no se relacionan únicamente con proyectos de desarrollo específicos, sino con cuestiones más amplias de gobernanza, y la participación de los pueblos indígenas y tribales en la vida pública.

En su artículo seis, el Convenio establece un lineamiento sobre cómo se debe consultar a los pueblos indígenas y tribales:

•La consulta a los pueblos indígenas debe realizarse a través de procedimientos apropiados, de buena fe, y a través de sus instituciones representativas;

•Los pueblos involucrados deben tener la oportunidad de participar libremente en todos los niveles en la formulación, implementación y evaluación de medidas y programas que les conciernen directamente;

•Otro componente importante del concepto de consulta es el de representatividad. Si no se desarrolla un proceso de consulta apropiado con las instituciones u organizaciones indígenas y tribales que son verdaderamente representativas de esos pueblos, entonces las consultas no cumplirían con los requisitos del Convenio.

El Convenio también especifica circunstancias individuales en las que la consulta a los pueblos indígenas y tribales es obligatoria.

“Tenemos derechos a los bienes comunes: el agua, la tierra, la madera, los minerales. Nuestros derechos indígenas nos dice que son nuestros, y al ser nuestros los primeros que tenemos que saber qué se quiere hacer con esos recursos y ser informados de todos los procesos, somos nosotros.  Con estos proyectos, a pesar de todas sus promesas solo nos convertiríamos en esclavos de mano de obra y seríamos saqueados. Nosotros consideramos esto como un proyecto de muerte porque esto es, las aguas cambiarían de cauce, los peces morirían y desaparece el bosque y los animales”, explica Gómez. 

Ante esa realidad, que genera lucha permanente de las comunidades, quienes enfrentan un sistema de justicia ineficiente y violador de derechos humanos, es que se impulsa este proyecto, que además de generar conciencia, busca facilitar las relaciones comunes entre gobierno y comunidad para la aplicación de justicia y vigilancia por la defensa de los derechos humanos.

Universidades y Acoso Sexual en América Latina: Omisiones, obstáculos y opacidad



Con indiferencia. Así parecen reaccionar la mayoría de las universidades en América Latina a la violencia sexual. Muchas no tienen un protocolo para prevenirla y sancionarla, o no es accesible para sus estudiantes. Pero inclusive las que lo tienen demuestran dificultades para hacerlo cumplir y darle la importancia que merece a los casos de violencia sexual cometidos en sus aulas, o entre su comunidad estudiantil.

Dos premios, dos casos de acoso

23 de noviembre de 2016. El espacio es amplio, hay decenas de personas, todas bien vestidas. Quien convoca es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de México (Conapred), que en esta fecha otorga los reconocimientos por la igualdad y la no discriminación. Gabriela Warkentin, periodista y directora de W Radio, entrega el galardón en la categoría Nacional a David Fernández Dávalos, rector de la Universidad Iberoamericana, institución de educación superior, jesuita y privada, una de las más prestigiosas de México. Al momento, dos mujeres jóvenes se levantan y muestran unas pancartas donde se lee: “El rector David Fernández es cómplice del acoso sexual en la Ibero”.

Ambas son compañeras de Ximena Galicia, quien fue violentada en esa casa de estudios. En 2015 sufrió hostigamiento sexual por parte de un profesor adjunto, quien la amenazó con bajarle calificación por negarle un beso y le pidió que le coqueteara. La universidad reaccionó de manera lenta y caótica, como se constata en este reportaje publicado en Univision Noticias. Parte de la comunidad universitaria señaló a Ximena. Al recoger su reconocimiento y dar su discurso, el rector lamentó los hechos. No condenó el acoso. Lamentó la protesta. “Personalmente, me parece que es una enorme injusticia despedir a esa persona por una denuncia que no tiene fundamento”. Hasta el día de hoy, el agresor sigue trabajando en la universidad jesuita más importante de México.

10 de mayo de 2016. El auditorio es deslumbrante, la gente joven y con vestimenta desenfadada. Los premios Pulsar en Chile festejan a lo mejor de la música nacional y este año una de las galardonadas es Mariel Mariel, cantante que ha pasado los últimos siete años fuera de Chile. Cuando anuncian que ella es la ganadora, Mariel no lo cree. Sube al escenario conmovida, sorprendida e inicia sus agradecimientos. De pronto hace una pausa. “Tengo una confesión que hacer”, dice y la voz se le hace un hilo. “Me fui de Chile hace siete años… por un acoso que sufrí siendo estudiante de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile”. En el recinto se hace un silencio absoluto. “No les voy a permitir que abusen, que me vuelvan a acosar. Exijo respeto”, dice. Posterior a la premiación, Mariel Mariel da una entrevista. Ahí narra lo sucedido. Un profesor suyo la acosó de una manera tan fuerte y violenta que prefirió huir. Irse. Hacer su vida y emprender su carrera en otra parte.
Cifras, cifras, cifras

Según ONU Mujeres, entre 35 y 70 por ciento de las mujeres en el mundo ha sufrido violencia sexual en algún momento de su vida. El rango es tan amplio porque la mayoría de las mujeres no denuncia estas agresiones, lo que da como resultado cifras negras y estimaciones parciales. Otro dato: de los 25 países en el mundo que cuentan con las tasas más altas de feminicidio, 14 están en América Latina y el Caribe. Y uno más: 1 de cada 4 mujeres en América Latina han sufrido al menos un acto de violencia por alguien distinto a su pareja en algún momento de su vida.

La CEPAL tiene también datos escalofriantes: en Lima 9 de cada 10 mujeres entre 18 y 29 años han sido víctimas de acoso callejero. En Bogotá y Ciudad de México 6 de cada 10 mujeres ha vivido alguna agresión sexual en el transporte público, y en el caso de Chile 5 de cada 10 mujeres entre 20 y 29 años declaran haber vivido acoso sexual callejero.

Y esto es un hecho: la violencia sexual ocurre y ocurre todo el tiempo, en prácticamente todos los espacios de la vida cotidiana. Incluida la universidad, ese espacio compartido por millones de personas en América Latina.

Universidades latinoamericanas: sin protocolos para atender, prevenir y sancionar el acoso sexual

No hay datos claros ni oficiales sobre el acoso sexual en las universidades en América Latina. “Es complicado porque en sí no sabes dónde denunciar y prefieres no hacerlo; entonces, nunca se sabe qué pasa”, dice en entrevista con El Tiempo Nora Picasso, magíster en Derecho con énfasis en investigación y miembro de la junta directiva de No es Normal, colectivo colombiano que atiende y acompaña a víctimas de violencia sexual. Según Nora, su colectivo recibe entre 1 y 5 denuncias semanales, y el número sigue creciendo. Pero esto no sucede sólo en Colombia. El tema se repite de manera idéntica en toda América Latina.

En una encuesta que realizó Distintas Latitudes en septiembre de 2016 entre 173 estudiantes universitarios de 14 países*, 67% dijo haber conocido al menos un caso de acoso sexual en su institución académica. A la pregunta sobre si su universidad contaba con protocolos para atender esta problemática, 49% respondió “No sé” y 39% dijo “No”. Del total de entrevistados, apenas 3 personas comentaron que su universidad tenía un protocolo claro, accesible y a la disposición de los estudiantes.

De aquí salta otra conclusión alarmante, la mayoría de las universidades en América Latina, sean públicas o privadas, no saben cómo responder ante los casos de violencia sexual.
Distintas Latitudes buscó información de 63 universidades de 11 países para saber si contaban con protocolos claros y accesibles sobre cómo actuar ante casos de violencia sexual. La cifra es demoledora: apenas 12 universidades contaban con estos protocolos. Otras universidades dijeron tenerlos, pero nunca se encontraron. Otras no respondieron las preguntas que se les plantearon vía correo electrónico. El tema importa porque tener un protocolo de atención a estos casos sería la medida mínima para comenzar a cambiar una cultura de machismo e impunidad que impera en toda la región. Reglas claras, sanciones ejemplares, coherencia institucional. Pero no los hay.

Según Nicole Chavarro, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Colombia y activista feminista, la institución ha dicho que no ha elaborado un protocolo o manual para atender la violencia de género porque no cuenta con el presupuesto necesario. En Colombia, de las universidades investigadas, sólo la Universidad de Los Andes cuenta con un documento claro y accesible. Ni la Universidad del Rosario, Tadeo Lozano, Javeriana y Nacional tienen uno.

En México, el panorama es similar. Se buscó información de 32 universidades autónomas estatales, además de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De las 32 universidades estatales, sólo cinco tienen un protocolo para la atención de casos de violencia sexual hasta noviembre de 2016: la Universidad de Guanajuato, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Quintana Roo. La UNAM publicó su protocolo en agosto de 2016, pero éste ha sido criticado por la Red No Están Solas, que acompaña a víctimas de violencia sexual, por no especificar sanciones y obliga a las denunciantes a firmar una carta de confidencialidad. Para el caso de las universidades privadas se buscó información sobre cinco de las más importantes: el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Anáhuac, la Panamericana, la Iberoamericana y la del Valle de México. Ninguna de ellas tiene un protocolo; la Universidad Iberoamericana anunció la publicación de uno en abril, pero sólo ha publicado un documento general llamado Política Institucional de Igualdad y Equidad de Género.

En Centroamérica se analizaron los casos de seis universidades en tres países (Costa Rica, Honduras y El Salvador). Tres de ellas cuentan con reglamentos, protocolos o manuales para atender la violencia sexual. Se trata de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sin embargo, al menos en la Universidad de Costa Rica se detectaron problemas en su aplicación. De las otras tres universidades (Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Tecnológica Centroamericana y Universidad de El Salvador), las dos últimas prohíben vagamente el acoso en sus reglamentos disciplinarios, y la primera nunca contestó las solicitudes de información de Distintas Latitudes.

En el Cono Sur se analizaron seis universidades en tres países (Argentina, Chile y Uruguay). La Universidad de la República (Uruguay) y la Universidad de Buenos Aires (Argentina), ambas públicas, cuentan con protocolos, mientras que en la Universidad de Chile siguen un manual para enfrentar los casos de acoso sexual. Sin embargo, se encontraron serias dificultades para aplicar los protocolos o manuales en estas universidades. En el caso de las universidades privadas (Universidad ORT en Uruguay, Universidad Empresarial Siglo XXI en Argentina, y Universidad Andrés Bello en Chile), ninguna contestó las solicitudes de información de Distintas Latitudes y en búsquedas independientes no se encontraron manuales ni protocolos para atender esta problemática.

Reglamentar la vestimenta, la cama y la moral

No hay protocolos para atender la violencia sexual, pero las universidades sí reglamentan otras cosas, llegando incluso a límites que rayan en lo absurdo.

Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) llama a evitar la violencia de manera general, pero no dispone de sanciones específicas contra la violencia de género. Sin embargo, prohíbe de manera explícita el uso de ciertas prendas a mujeres, para que no provoquen que sus compañeros las agredan. El artículo 14 del Reglamento estudiantil indica que el vestido y el calzado deberán ser "apropiados", evitando atentar contra "la moral, la decencia, la urbanidad y buenas costumbres". Prohíbe a los varones vestir prendas o accesorios que "denoten afeminamiento" y hasta específica que la ropa transparente y extremadamente corta en las blusas y faldas femeninas atenta contra la moral y las buenas costumbres, "ya que con ello se puede provocar la falta de respeto de sus compañeros". El reglamento fue publicado en 2006 y el director de Comunicación de la UAG, Víctor Escalante, confirmó en abril que sigue vigente.

En la Universidad Católica San Pablo, en Perú, está expresamente prohibido para las mujeres utilizar leggins. En la Universidad Latina de Panamá, el reglamento disciplinario estudiantil establece que las mujeres no pueden usar minifaldas ni ropa en la que se vea "el ombligo o la cintura" ni escotes pronunciados. La Universidad de las Ciencias Médicas (Ucimed) de Costa Rica también tiene un reglamento de vestimenta. Dice que los estudiantes tienen que presentarse con ropa "no desteñida, ni rota y en buen estado".

La Universidad Adventista del Plata, de Argentina y de tendencia ultra conservadora, prohíbe las relaciones premaritales y extramaritales en su reglamento.
Y así, mientras muchas de las universidades de América Latina reglamentan lo que los estudiantes deben vestir y hacer, los casos de violencia sexual son una constante que no termina.

Porque no se trata sólo de cifras, sino de personas. Y para miles de ellas, el acoso sexual en la universidad es un infierno que se vive a diario.

Casos emblemáticos de acoso sexual en América Latina

Durante septiembre y octubre de 2016, Distintas Latitudes recopiló casos y realizó numerosas entrevistas con estudiantes que dijeron haber sufrido acoso, hostigamiento y violencia sexual por parte de sus compañeros o profesores. Los casos son emblemáticos y muestran un panorama complejo, en el que autoridades universitarias, comunidad estudiantil y el Estado no han logrado una plena coordinación para atender, prevenir y eliminar esta problemática.

Entre el miedo, la voluntad y la insistencia
La Universidad de Chile es de las más prestigiosas de ese país. En este centro educativo, Distintas Latitudes conversó con integrantes de la Secretaría de Sexualidades y Género de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Sesegen FECH), quienes no quisieron dar sus nombres porque “denunciar a un profesor en la Universidad de Chile significa muchas cosas”.

De acuerdo con las estudiantes, durante el año pasado (2015) hubo seis casos entre los que existió violencia física, verbal, psicológica y abuso sexual, en la Facultad de Filosofía y Humanidades.

“En esa facultad nos dimos cuenta que cuando nosotros hacíamos acompañamiento a las alumnas les iba mucho mejor con la denuncia, que cuando no acompañamos que les fue pésimo. El cuestionamiento que va por parte de sus mismos compañeros que ven que ellas están denunciando es horrible, no tienen una defensa, nada”, dijeron las estudiantes.

En 2015 ocurrió un caso emblemático que cambió el panorama. A fines de octubre una estudiante llamada María Ignacia León denunció al profesor de historia Fernando Ramírez. En este caso, la Sesegen FECH dio acompañamiento y se logró sanción y desvinculación del profesor de la facultad.

Roberto Acuña es el representante del sector estudiantil, designado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) a la Comisión Institucional contra el Hostigamiento Sexual. Acuña explicó a Distintas Latitudes que existe un problema de denuncias que no se presentan, por miedo de las estudiantes debido a la relación de poder que mantienen sobre ellas los profesores.

“La Comisión Institucional emite una recomendación sobre los casos a la instancia administrativa, la cual puede desvirtuarla, o aplicar alguna sanción leve, de forma antojadiza por debajo de la mesa”, dijo Acuña.

Esto sucede en particular con personas de renombre académico, a las cuales aunque el caso sea grave se ha identificado que no se aplica lo que dice el reglamento al pie de la letra.
Nora Picasso, coordinadora de la campaña “No es Normal” contra la violencia sexual en la Universidad de los Andes de Colombia, dijo a Distintas Latitudes que encuestas aplicadas durante la década anterior revelaron que más de 90% de las estudiantes no sabía qué hacer en caso de sufrir acoso.

Las autoridades de la Universidad de los Andes se interesaron en el tema sólo después que una denuncia de acoso llegara al diario de circulación nacional El Tiempo. El profesor Hermes Tovar, de 74 años, fue acusado por una trabajadora de la universidad de haberle tocado los senos en una reunión en abril pasado.

En una decisión sin precedentes, la Universidad de los Andes despidió al profesor Tovar. La institución educativa tiene ya un protocolo de atención.
Las estudiantes universitarias latinoamericanas merecen que se siga este ejemplo.

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*Los países fueron: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú, Uruguay, Venezuela.

Por: Jordy Meléndez y Arturo Ilizaliturri (México), Diego Pérez Damasco (Costa Rica) y Florencia Pagola (Uruguay). Con la colaboración de Tatiana Rojas (Colombia), Alejandro Córdova (El Salvador), María Jesús Ibañez (Chile), Diana Tejada (México), Kennia Velazquez (México), Noelia Rendón (Bolivia), Rudy Guarachi (Bolivia), Jairo Andrés Vargas (Colombia), Carmen Escobar (El Salvador), Luis Barrientos Escobar (El Salvador), Claudia Itzel (México), Diana Fuentes (Guatemala), Antonia Orellana (Chile), Jessica Brahin (Argentina), Aldair Bernaola (Perú), Victoria Mujica (Uruguay). Distintas Latitudes

La California de Steinbeck existe todavía



Por Irene G. Pérez

La miseria de la inmigración que narró el autor de “Las uvas de la ira” en los años de la Gran Depresión sigue dolorosamente presente

Florence Owens amamanta a su hija Norma en Nipomo, California. Serie Madre migrante, 1936.
DOROTHEA LANGE / LIBRARY OF CONGRESS

Es sabido que la Historia tiende a repetirse, y no son pocos los factores de la Gran Recesión que traen reminiscencias de la Gran Depresión. Evocar esa época implica, necesariamente, evocar el sufrimiento de quienes la vivieron. Y pensar en la literatura estadounidense de aquellos miserables años treinta lleva, inevitablemente, a pensar en John Steinbeck (1902-1968), el autor de Las uvas de la ira, si bien su legado de aquella década va más allá de ese título.
Nacido en 1902 en Salinas, en la región de la costa central de California y una de las zonas agrícolas más productivas del país, Steinbeck conocía muy de cerca la realidad que se vivía en el campo en uno de los momentos más críticos para el país y para su Estado natal: la gran migración de agricultores del centro del territorio (Oklahoma, sobre todo, pero también Kansas y Texas) hacia la costa Oeste, principalmente California, empujados por el Dust Bowl (“cuenco de polvo”), una combinación de sequía persistente y suelo erosionado que hacía imposible conseguir que brotara vida de él.

Con una población de 150.000 personas, un lunes cualquiera de finales de octubre, Salinas parece un pueblo fantasma. La industria agrícola, en sus distintos ámbitos y fases, sigue siendo el principal motor económico del valle del mismo nombre que, no en vano, sus promotores bautizaron como “la ensaladera del mundo”, por su producción de lechuga, tomates, brócoli, alcachofas (Castroville dice ser el centro mundial de la alcachofa), apio y uvas, entre otras.

Lo cierto es que, prácticamente, las razones que te pueden llevar a Salinas se reducen a dos: alguna actividad relacionada con la agricultura o John Steinbeck, ya que ahí se encuentra el Centro Nacional consagrado a su obra y figura, así como la casa familiar, que actualmente se conserva como restaurante y tienda de recuerdos. No es menos cierto, por otra parte, que a pesar de que cuesta cruzarse con un alma en la calle principal, la actitud hacia el visitante es abierta, cordial y desenfadada, como suele ser costumbre en California.

Compromiso social

En lucha incierta, publicada en 1936, fue su primera obra socialmente comprometida. El libro explica la organización de un grupo de recolectores de manzanas en California que se organizan para protestar por los sueldos y las infames condiciones laborales en una época en la que imperaba la ley de los vigilantes (grupos de vigilancia privados organizados) y en la que la huelga podía costar la vida a los trabajadores.

Esta obra —cuya adaptación cinematográfica, dirigida y protagonizada por James Franco, se presentó en la última edición del Festival de Cine de Venecia— le valió para recibir el encargo de escribir para The San Francisco News una serie de artículos sobre los campos de migrantes y sus condiciones laborales en California. Los artículos fueron recogidos en un volumen.

Si bien en castellano fue traducido como Los vagabundos de la cosecha (Libros del Asteroide, 2014), el título original es The Harvest Gypsies (los gitanos de la cosecha). Steinbeck explica en una carta a Tom Collins, el gerente de uno de los campos del Estado —prácticamente los únicos que ofrecían unas condiciones de vida dignas y no enajenantes— que le ayudó a recorrer los diferentes enclaves, que se disculpaba si ofendía a alguien por utilizar este título, según recoge Susan Shillinglaw, catedrática de Inglés en la Universidad Estatal de San José y autora de A Journey into Steinbeck’s California. “Me pareció una ironía que se obligara a gente así a vivir la vida de los gitanos”, explica el autor.

Steinbeck describía en esta serie de seis artículos las vidas de los rostros que fotografió Dorothea Lange (1) Aunque quizás eran otras personas, la biografía y geografía del sufrimiento eran similares: enajenación del individuo, agresividad de los vigilantes, discriminación, hostilidad, hacinamiento, condiciones sanitarias y laborales pésimas, la necesidad de moverse rápidamente para poder llegar a trabajar en todas las recolecciones posibles.

En el mejor de los casos, narra el autor californiano, un trabajador podía lograr hasta 400 dólares al año, aunque la media se situaba en los 300 dólares y el mínimo más habitual rondaba los 150 dólares anuales. Los accidentes laborales podían significar la ruina definitiva de una familia, y hasta la muerte de algunos de sus componentes: el hambre hacía difícil la supervivencia, sobre todo para los más pequeños, y las enfermedades de distinta índole hacían el resto.

La historia de la agricultura californiana va de la mano, inevitablemente, de la historia de la migración: primero fueron los chinos —atraídos por la fiebre del oro, se quedaron a construir el ferrocarril y a trabajar el campo—, después fueron los japoneses, los mexicanos y los filipinos. Pero en los años 30, eran otros estadounidenses, granjeros y agricultores que habían perdido las tierras que trabajaban los que se vieron forzados a vender su mano de obra a precio de saldo.

La ola migratoria y la falta de trabajo en California eran un obstáculo difícil de salvar para el poder de negociación de los trabajadores. Para más inri, en algunos casos no salía a cuenta recoger la cosecha por el precio al que se iba a vender, o no había suficiente mano de obra en un lugar y momento puntual, y se perdía la cosecha. La fruta se pudría en el árbol mientras a los migrantes se les prohibía comérsela, a pesar de sus penurias.

Steinbeck diferencia en sus artículos entre los pequeños agricultores, que entienden las protestas de los migrantes y sus reivindicaciones y se posicionan hasta cierto punto con ellos, y aquellos que formaban parte de Associated Farmers, Inc., una organización de grandes terratenientes “y sus poderosos aliados empresariales”. Según Steinbeck, esta asociación se oponía también al programa federal de campos migratorios por el temor de que estos asentamientos se convirtieran en centros de organización sindical.

Además, no era extraño que las poblaciones locales rechazaran tener asentamientos de este tipo cerca. “Se odia a los migrantes porque se les considera gente ignorante, sucia, que traen enfermedades, que aumentan la necesidad de presencia policial y la factura de la escuela en la comunidad, y que si se les permite organizarse pueden, simplemente rechazando trabajar, arruinar las cosechas de la temporada”, explica Steinbeck. Nunca se les recibía en la comunidad ni en la vida comunal.

Vagabundos de facto como eran, no se les permitía sentirse en casa en las comunidades que requerían sus servicios. En el caso de los extranjeros, esto se podía solucionar, en última instancia, con deportaciones a su país de origen. No con los oakies.

Tras la publicación de estos artículos, que fueron el germen de Las uvas de la ira, llegó De ratones y hombres. “Es un libro bastante popular en los colegios e institutos [estadounidenses], que trata la amistad, el sueño americano, habla de gente trabajadora, corriente”, explica Shillinglaw, quien también dirige el National Steinbeck Center, en el hall del museo.

“Trató de empatizar con los marginados y mostrar a la gente cómo es la pobreza, cómo se siente uno al no tener un hogar. Es algo más que estar en la carretera. Es estar en el paro, separado de tu familia”, indica esta experta. “Sus libros también tratan del lugar. Puso en el mapa el valle de Salinas, su tierra. Explicó algunos de los desafíos en el valle, como el aislamiento y el sentimiento de impotencia, y los hizo universales”. “The New York Times publicaba hace unos días imágenes del desmantelamiento del campo de refugiados de Calais [Francia]; esos campos recuerdan hasta cierto punto los campos de migrantes en California que describía Steinbeck”, señala.

Por otra parte, su compromiso social no se limitaba a su tierra natal. En un panfleto titulado Los escritores se posicionan respecto a la Guerra Civil española, en la que participaron otros autores de la época, Steinbeck se expresa así: “Tu pregunta sobre si estoy a favor de Franco es bastante insultante. ¿Has visto a alguien que no actúe por la avaricia que esté a favor de Franco? No, no estoy a favor de él ni de sus moros, italianos y alemanes. Pero algunos americanos lo están".

"Algunos americanos eran partidarios de la Inglaterra de los hesianos en contra de nuestro propio ejército revolucionario. Estaban a favor de los hesianos porque les vendían cosas. Los descendientes de algunos de aquellos americanos son todavía muy ricos y sensibles en lo que respecta a la American Way y nuestras 'antiguas libertades'. Soy lo suficientemente traidor como para no creer en la libertad de un hombre o un grupo para explotar, atormentar o sacrificar a otros hombres o grupos”.

Un Nobel muy discutido

Las uvas de la ira (1939) fue un bestseller traducido a 42 lenguas (2) con el que el autor californiano ganó muchos adeptos, un premio Pulitzer, un lugar en la Generación Perdida de Ernst Hemingway y William Faulkner. En la Unión Soviética, la edición de 1941 fue la edición de mayor tirada publicada de un autor estadounidense hasta la fecha, con una distribución de 300.000 copias, aunque Steinbeck no recibió compensación alguna porque la URSS no le reconoció los derechos de autor. John Ford la llevó a la gran pantalla en 1940 y, décadas después, en 1995, Bruce Springsteen recuperaría al protagonista de la obra en su disco The Ghost of Tom Joad.

Con este título ganó también férreos críticos. El expresidente republicano Herbert Hoover lo tachó de subversivo peligroso. Bill Camp, jefe de la Associated Farmers en el condado de Kent, utilizó a uno de sus trabajadores, Clell Pruett, para quemar un ejemplar del título en público. En algunos lugares, como el propio condado de Kent (donde acaba viviendo la familia Joad), se prohibió el libro.

En 1962, Steinbeck acabaría siendo reconocido con el premio Nobel. Años más tarde, se publicaron unas cartas en las que se indicaba que el autor californiano se impuso a otros como Lawrence Durrell o Robert Graves “por ser el menos malo” en aquella edición. Sea como fuere, en su día la Academia sueca le concedió el galardón “por sus escritos realistas e imaginativos, como lo hacen combinando humor simpático y aguda percepción social”. En la época, “en un momento muy combativo, su libro de Las uvas de la ira iba sobre los poderosos y los desamparados, y tomó partido”, explica Shillinglaw.

“Los ánimos estaban muy exaltados y las críticas vinieron fundamentalmente de los intereses de los poderosos en el Estado, pero este libro también recibió objeciones por el lenguaje, que se consideraba sucio porque utilizaba muchos tacos y captó el dialecto que utilizaban los migrantes. Los de Oklahoma pensaron que Steinbeck les hacía parecer analfabetos, mientras que los californianos se quejaban de que les hacía parecer antipáticos”, señala.

Monterey

Más allá de Salinas, donde se ambienta su otra obra maestra, Al este del Edén, otro lugar indiscutible de peregrinaje para los lectores de Steinbeck es Monterey, a 18 millas de Salinas y 120 millas al sur de San Francisco.

En esta ciudad costera --que conserva el único presidio establecido en la etapa de dominación española que sigue funcionando en la actualidad como base militar— la familia Steinbeck tenía una casa en la que se instaló John con su primera mujer, Carol Henning. Aquí están ambientadas Tortilla Flat (1935), el primer éxito editorial del autor, y Cannery Row (1945), en la que describe el estilo de vida de distintos habitantes del lugar. Junto a esta localidad se extiende la carretera de las 17 millas, en la que, por 10 dólares, se puede entrar con el coche y disfrutar de las vistas de Pebble Beach, para luego visitar Carmel-by-the-Sea (o, simplemente, Carmel), y Point Lobos, donde se prolonga la narrativa steinbeckiana.

En el caso de Cannery Row, si la realidad no supera la ficción, como mínimo trata de igualarla. El libro de Steinbeck habla de una calle en la que se concentraban las fábricas de conservas de sardinas y la vida de los personajes del entorno fuera de las horas de trabajo. De hecho, del trabajo en estas instalaciones no se habla prácticamente.

La calle en cuestión originalmente se llamaba Ocean View pero, tras el éxito del libro, decidieron cambiarlo a Cannery Row y adaptarla a la ficción de Steinbeck. Por ejemplo, el edificio Bear Flag, que en el libro es un burdel, no existía como tal en la realidad, ni ninguno que se llamara así, pero en la actualidad hay un edificio con ese nombre, aunque a diferencia del Bear Flag steinbeckiano, acoge varias tiendas de recuerdos. Como todo Cannery Row, en realidad, donde se conservan los edificios que antes albergaban las fábricas de conservas, pero hasta ahí la historia.

En 1984, el lugar de la Hovden Cannery, una de las primeras conserveras en abrir y la última en cerrar, en 1973, lo ocupó un acuario que cada año atrae a unos dos millones de visitantes. Y para ellos se dispone una Cannery Row repleta de tiendas de recuerdos, de camisetas, restaurantes y hasta algún que otro Starbucks. Algo alejada del bullicio de esta calle, la casa museo de dos pisos del French Hotel, recuerda que otro autor, Robert Louis Stevenson, también vivió ahí.

Notas de Correspondencia de Prensa

1) Dorothea Lange (1895-1965), fue una de las fotógrafas más influyentes del siglo XX. La Gran Depresión que se inició tras la crisis de 1929 en Estados Unidos llevó a cientos de miles de personas a vivir en las calles, abandonando sus casas buscaban trabajo en el lugar donde lo hubiera. Dorothea Lange estaba muy sensibilizada por la miseria popular y usó sus fotografías como un método de denuncia. Empezó a retratar mendigos en las calles, desempleados, hambrientos. Pronto fue contratada por el Estado y empezó a trabajar para la Administración para la Seguridad Agraria. Su labor consistía en documentar la pobreza reinante en las zonas rurales del país. Se hizo mundialmente conocida con su serie de fotografías titulada "Migrant Mother” (Madre Migrante). Estas imágenes fueron tomadas en California en 1936. En ellas se ve a Florencia Owens Thompson y a sus tres hijos. Este conjunto de retratos definen claramente la personalidad del trabajo de Lange. Tomaba sus fotografías de manera cercana, clara, concisa y de una forma muy tierna. En ellas se refleja la situación por la que estaban pasando las personas desposeídas que retrataba, pero sin hacerles perder un ápice de dignidad. La “fotógrafa del pueblo” murió de cáncer a los 70 años.

2) Entre otras ediciones en castellano: Las uvas de la ira, Círculo de Lectores, Bogotá, 1979.