sábado, 21 de octubre de 2017

María Julia Moreyra: “Las mesas de paz han marcado un punto referencial”



Por Riccy Ponce

María Julia Moreyra, Coordinadora Regional para Latinoamericana y El Caribe de Mujeres de Paz en el Mundo, expresó al llegar a Honduras que el objetivo de su visita “es organizar  una mesa de paz en el país para que las mujeres  puedan tener un espacio donde anunciar las cosas positivas que van logrando con su trabajo, y denunciar aquellas que las oprimen y no las empodera y poder compartir experiencias”.

En entrevista a defensoresenlinea.com, Moreyra considera altas las expectativas  para este encuentro, tomando en cuenta  las mesas de el año 2015 y 2016, las que fueron un éxito, donde no solo mujeres sino que también hombres acompañaron el evento.

“Es muy importante que puedan sentirse a gusto y el objetivo de las mesas de paz, es que anuncien, que denuncien, que sientan, un espacio donde puedan compartir sus experiencias, donde puedan sentirse identificadas, donde puedan hacerse declaraciones y que esas declaraciones puedan trascender y lograr cambios”.

Cabe mencionar que por dos años consecutivos (2015 y 2016) las mesas de paz se realizaron en el país centroamericano de Nicaragua, en la ciudad de Managua, junto a las mujeres de paz Violeta Delgado, quien participará de esta mesa a realizarse en Honduras este 13 de octubre y Vilma Núñez quien participó en los dos encuentros  en Managua.

Moreyra agregó que “nuestra organización surge como consecuencia de una nominación colectiva de mil mujeres  al premio nobel de la paz, una nominación que fue simbólica porque hay más de mil mujeres  que todos los días luchan  por hacer del planeta, un lugar mejor”.

En cuanto a los logros de la organización, “en realidad de acuerdos a la región es donde nos focalizamos en distintas temáticas; las mesas de paz han sido un hito, han marcado  un punto referencial”.

Asimismo indicó que este año se van a realizar 30 mesas en todo el mundo, “logramos posicionar que es bastante conocida en muchos países  y que se va a  tratar en la mesa la resolución 1325”.

El título mujeres por la paz y la seguridad,  según  María Julia Moreyra, es  la primera resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) donde realmente  el consejo reconoce el rol que le corresponde a las mujeres, está ambientada en un escenario de conflicto armado, más allá de que los países  también la utilicen en tiempos de paz, el género es transversal, toda la resolución trata  sobre el tema de la protección que se le debe dar a las mujeres en  tiempos  de conflicto armado, el tema de la prevención, la violencia sexual, el tema de incorporar la perspectiva de género en las  agendas de los  estados.

Las mesas son organizadas por las mujeres de paz y en otras han sido personas que se han acercado a la organización y que consideran que es un espacio  muy productivo.

Las mesas de paz iniciaron  con la primera mesa de este año en Brasil el 1 de septiembre y se desarrollaran en los países de Colombia, Canadá, Suiza, Kenia, Israel, Palestina, México, China, Indonesia y Honduras, entre otros.

Cabe resaltar que  las mesas en México y Honduras será el mismo día 13 de octubre   del presente año.

El objetivo general es formular recomendaciones concretas para aumentar la participación de la mujer en los procesos de paz y el foro será en conmemoración a los 12 años de la nominación de las “1000 mujeres de más de 150 países, al premio nobel de la paz”.

La entrega de Mata Waldurraga enciende alarmas en políticos ligados al narcotráfico



Es tan disfuncional la institucionalidad hondureña que ni los propios delincuentes confían en ella. No confían porque la misma responde a intereses de personajes con poder. No confían porque solo el hecho de someterse a la justicia nacional puede llevarlos a la muerte.
Así ocurrió con Los Cachiros y ahora con el hijo de Ramón Mata, Juan Ramón Waldurraga quien de la misma forma que Los Cachiros negociaron a espaldas del gobierno hondureño con la DEA para entregarse y así iniciar un proceso de reducción de penas en Estados Unidos.

Pero, ¿por qué no confían en la institucionalidad, incluso para entregarse? Es una pregunta que permanece en el aire cada vez que un personaje de este calibre se entrega al gobierno norteamericano, de la mano de esa interrogante surge el miedo en los políticos que de una u otra forma también están vinculados a la narcoactividad.

Desde la llegada de Los Cachiros y el testimonio de Devis Leonel Rivera Maradiaga, en el que vincularon directamente a políticos (diputados, alcaldes, exfuncionarios, presidentes y candidatos) en el pago de sobornos para lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las alarmas están encendidas en la clase política.

Hay nombres claves mencionados por Maradiaga en sus declaraciones, figuras como Porfirio Lobo Sosa (ex presidente de Honduras) y Tony Hernández (diputado y hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández) lideran ese listado de personajes políticos que desde las declaraciones de Devis tuvieron cercanía con esta organización, sirviendo como puente con el gobierno para lograr sus propósitos.

El punto coincidente en la entrega de Los Cachiros y de Waldurraga es la desconfianza en la institucionalidad nacional, ambos prefirieron negociar directamente con el gobierno de Estados Unidos su entrega, por miedo claro a ser asesinados en el país, a pesar de haber considerado entregarse a las autoridades nacionales.

A Waldurraga se le incautaron sus bienes y los de su familia en el mes de junio, a través de una operación policial, también tenía orden de captura, pero a pesar de eso, el proceso que prefirió este día fue la entrega directa en otro país al gobierno de Estados Unidos. Ahora la parte complementaria a la entrega es el testimonio y allí es donde las preocupaciones se profundizan en los socios de Waldurraga que ostentan y ostentaron cargos públicos.

En la última semana el periódico New York Times, publicó una compilación del testimonio de Leonel Rivera en la Corte norteamericana, citando la cantidad de personas asesinadas por esta organización y también el vínculo económico con los políticos. El texto generó reacción inmediata por el gobierno, quien emitió casi de inmediato un comunicado manifestando que ellos han tenido una política clara de entrega de delincuentes a la justicia internacional y que ha sido en esta administración que se profundizó la lucha contra el narcotráfico.

El gobierno dice que en Honduras hay muchos sectores que intentan deslegitimar la acción de lucha contra la delincuencia organizada que impulsa el presidente. De la mano de ese comunicado el expresidente Porfirio Lobo también salió al paso desvinculándose de los cargos que se le imputan.

Esa información que retomó el New York Times, desde hace varios meses circuló a nivel de medios internacionales, nacionales y hasta en redes sociales, desde ese momento la institucionalidad hondureña ha sido incapaz de tomar acciones inmediatas contra los sospechosos.

Por ahora solo la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad anunció una investigación de redes de poder entre Los Cachiros y políticos. Por ahora no hay datos concretos, ni procesos abiertos contra los personajes mencionados en la declaración de Maradiaga.

Para el analista político Raúl Pineda Alvarado, la publicación es el inicio de una serie de revelaciones de temas que son públicamente conocidos pero que no son comentados. Además, cree que es el comienzo de una investigación más profunda por parte del gobierno de los Estados Unidos.

El gobierno dice que su política de extradición y captura de narcotraficantes es clara y demuestra su buena voluntad, pero a criterio de Pineda, curiosamente el gobierno no disparó ningún tiro en la captura de ambos personajes (Cachiros y Waldurraga). “En conclusión, es evidente que hubo arreglos, pláticas entre agencias norteamericanas y los acusados, todo a cambio de reducción de penas, a cambio de información”. 

Para Raúl este panorama revela que el país está gobernado por delincuentes y personajes con conductas irregulares. “Estamos en un país donde un expresidente está prácticamente preso en Estado Unidos (Callejas), el otro sujeto a una eventual extradición (Porfirio Lobo) y que alcaldes, ministros y funcionarios son acusados de participar en esto. Honduras evidencia que ha sido y está siendo gobernada por criminales, esto debe cambiar”, valoró Pineda.

Y es que para el analista han sido los políticos los que se infiltraron en el narcotráfico y no al contrario. “Se debe iniciar una investigación para llegar al fondo del asunto”, concluyó el analista.

El artículo publicado por el NYT generó reacciones de todos los sectores (opositores, colaboradores y defensores del gobierno). Para el caso la sociedad civil permanece con una conducta cautelosa ante la situación. Omar Rivera, coordinador de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) e integrante de la Comisión de Depuración Policial, dijo que se debe investigar a las personas mencionadas en el testimonio.

“El Ministerio Público debe iniciar una investigación, para saber qué tanto de lo manifestado y publicado en el New York Times se puede comprobar”, comentó Rivera sobre el tema.

Por ahora los políticos mencionados por Los Cachiros siguen en la impunidad, y algunos de ellos incluso participando en el actual ruedo electoral. La entrega de Waldurraga genera expectativas sobre todo en relación a sus declaraciones, las que seguramente arrojarán nuevos elementos contra los grupos políticos y económicos ligados al narcotráfico nacional.

Crítica a la caverna

Rebelión

Por Carlos G. Osto

Todos, ricos y pobres, corruptos y honestos, criminales y victimas, somos personas que se relacionan dentro de la socie­dad en la que viven, comos sujetos sociales, pero también como individuos. El sujeto social se realiza en las relaciones que se asumen/imponen como costumbre, norma o ley, siendo el sistema de poder el que define/legisla/regula las interrelaciones, lo permitido y lo prohibido de toda conducta [1].

Lo cual quiere decir que, aunque toda la gente [2] o población [3] conviva en esa sociedad, la mayoría no participa en la construcción de las normas y leyes, siendo lo que se entiende como Poder, decisivo en la promulgación de leyes, pero también de hábitos, de cultura, de moral [4].

Se puede observar que, a pesar del poco peso en la promulgación de leyes del sujeto social, este no es pasivo, se posiciona, y somete a su criterio costumbres y mitos, tradiciones y creencias, emociones e identificaciones; conforma ideología como parte de la cultura, y utiliza el lenguaje para transmitir lo que piensa por sí mismo, o ha escuchado a otros.

Y la gente olvida que bajo la capa de crítica cínica [5] ondeada por intelectuales y tertulianos, se oculta el lenguaje del Poder y se pone en marcha la ceremonia de la confusión social a manos de las elites dirigentes de la economía/política.

Como ejemplo, ahora, la población de Cataluña se ve inmersa en un proceso independentista en el que hace diez años ni pensaba. Integran en su saber popular discursos sobre robos y agravios, banderas y emociones, diferencias identitarias …. y lo viven y se lo creen como solución de todos los males, cuando la realidad –reduciendo el análisis a unos renglones-, es que es una lucha entre dos burguesías por el Poder, dos nacionalismos rancios en confrontación territorial, dos nacionalismos que reciben apoyos de políticos conservadores, reaccionarios, y de izquierdas institucionales que desean hacer olvidar con sus soflamas, que la independencia no significa abandonar el capitalismo, que da igual que el que te explota y apalea sea de un sitio o de otro, y que el pensamiento de izquierdas nunca fue, ni puede ser, nacionalista, ya que tanto Marx, como Bakunin reivindicaban el internacionalismo. Dicho esto: tienen derecho a votar.

Ante situaciones como esta, es una necesidad enfrentarse a la retórica mentirosa de los poderes, ganar la libertad de hablar más allá de intereses espurios o estrategias de Poder. La sociedad puede tener ideologías diferentes –básicamente, derecha e izquierda- pero tiene identificación mimética con los poderes en sus apreciaciones, y es, en su mayoría, sumisa y participante en/de las ideas emanadas de los mismos, por lo que hay que repetir hasta la saciedad que las luchas entre elites dirigentes, no son nuestra lucha.

Actuar como masa/población puede parecer diluir la responsabilidad del sujeto, y no es así; el sujeto es responsable de lo que hace en sus interrelaciones, incluso cuando ejerce/delega con su voto, por lo que no debe dejar de ejercer la crítica en ningún momento, menos ante las luchas entre burguesías que se atrincheran para conservar/aumentar sus cuotas de Poder y que nada cambie.

Toda lucha contra el Poder, es la lucha contra la historia oficial, la violencia, el lenguaje y el silencio que imponen los poderosos.

Notas:
[1] “La clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad resulta al mismo tiempo la fuerza espiritual dominante. La clase que controla los medios de producción material controla también los medios de producción intelectual de tal manera, que en general las ideas de los que no disponen de los medios de producción intelectual son sometidas a las ideas de la clase dominante”. K. Marx. La ideología alemana. Cap. 2 p. 78.

[2] Conjunto indeterminado de personas.

[3] Conjunto de habitantes de un lugar.

[4] La Moral es social, normas establecidas en una sociedad, y tiene gran influencia en conducir la conducta de cada uno de los integrantes de la misma. Estas normas actúan en la conducta desde el exterior y se interiorizan desde el inconsciente, imponiendo lo que se debe hacer, legal y obligatorio, coercitivo y punitivo. Es decir, en las normas morales destaca la presión externa.

La Ética surge en la interioridad de una persona, como resultado de su propia reflexión y su propia elección, desde su misma conciencia y voluntad.



Santiago Maldonado: La disputa por el sentido



Por Walter Isaía y y Natalia Aruguete

Walter Isaía y Natalia Aruguete bucean en el tratamiento informativo acerca de la desaparición forzada de Santiago Maldonado para poner de manifiesto las relaciones transaccionales que existe entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios tradicionales.

Las primeras informaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado surgen –todavía sin el formato convencional de una noticia– en las páginas de Facebook de apoyo a las comunidades mapuches el martes 1° de agosto, pocas horas después de la represión en la ruta 40 y en la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Con el transcurrir de las horas, medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos se apropian del tema para sostenerlo públicamente hasta hoy.
Con el concepto “propiedad sobre un tema” nos referimos a la legitimidad de los actores políticos para expresarse sobre ciertos asuntos.

Ya con más información, FM Kalewche de Esquel, FM Alas de El Bolsón, Anred y Cosecha Roja narran la historia de la represión y de la desaparición de Santiago a manos de Gendarmería. También los medios comerciales de la región cubren los hechos aunque desde una perceptiva distinta. El intercambio de mensajes sobre #Maldonado en las redes sociales y el tratamiento que hacen las revistas Cítrica y La Vaca, los diarios Tiempo Argentino y PáginaI12, y otros medios y redes alternativos de diferentes regiones del país, motorizan la puesta del tema en agenda. En esta primera etapa, los abogados querellantes, la familia de Santiago, los integrantes de la comunidad mapuche de Cushamen, los organismos defensores de derechos humanos y, en menor medida, los responsables de las fuerzas de seguridad, aparecen como las únicas fuentes del caso.

Luego de cinco días, Clarín y La Nación lo incorporan a sus ediciones como un hecho policial que desnaturaliza, despersonaliza y desconoce la dimensión política de una desaparición forzada en democracia (“La aparición de un artesano, el otro reclamo del grupo agresor”, Clarín, 5 de agosto, pág. 65; “La Justicia dice que no está corroborado que Santiago Maldonado haya sido detenido por la Gendarmería”, La Nación digital, 6 de agosto, sección Inseguridad). Los matutinos de mayor tirada del país abren así una nueva etapa en la cobertura del caso con el dominio de fuentes institucionales, como el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.

La masificación de la información en medios de prensa y audiovisuales a partir del fin de semana del 5 y 6 de agosto es congruente con el encuadre oficial que niega la desaparición forzada de Maldonado, atribuye la responsabilidad de los hechos a la comunidad mapuche y reivindica el accionar de Gendarmería. Esta redefinición de la situación vulnera el discurso –construido en las redes sociales y en las coberturas de los medios alternativos– que había logrado instalarse como legítimo.

A partir de este punto de inflexión, gran parte de la prensa nacional y de programas periodísticos de cable, de radio y de televisión abierta confluyen en una cobertura homogénea, saturando sus agendas con información que acapara todas las aristas del caso, donde las fuentes oficiales proponen un abanico de explicaciones posibles: Santiago era un terrorista que escapó a Chile, un camionero lo llevó a Entre Ríos, lo mató un puestero o un gendarme suelto y, en el peor de los escenarios, se ahogó en el desierto. A estas semejanzas en las coberturas de medios que no sólo publican los mismos tópicos sino que los presentan desde una perspectiva similar, las llamaremos “consistencia, consonancia, conformidad”. En una correlación de fuerzas desventajosa, los medios comunitarios y alternativos, los diarios PáginaI12, Tiempo Argentino y La Izquierda a diario, la AM750, la señal C5N y El Destape Web, entre otros, mantienen la coherencia del inicio en sus narraciones noticiosas.

El proceso de institucionalización de esta cobertura se cristaliza con las declaraciones del juez Guido Otranto en una entrevista exclusiva a La Nación, donde afirma: “La hipótesis más razonable es que Maldonado se ahogó” (La Nación, 17 de septiembre, tapa). No sólo porque se constituye en el argumento excluyente para decidir su apartamiento del caso sino, y sobre todo, porque pone de manifiesto las relaciones transaccionales entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y una parte de los medios tradicionales. Desde entonces, la simbiosis entre Estado y medios de comunicación coincide con la caída de la intensidad del diálogo político en la red #SantiagoMaldonado. La disputa por el sentido alrededor de la desaparición forzada de Santiago se cobra un capítulo. ¿Quiénes continuarán con la cobertura? ¿Quiénes seguirán con la búsqueda?

  • Walter Isaía: Comunicador social, periodista y miembro de la Cooperativa Huvaití.
  • Natalia Aruguete: Investigadora del Conicet, profesora UNQ. Autora de El poder de la agenda. Política, medidos y público.


viernes, 20 de octubre de 2017

Por ser inscontitucional, Organizaciones sociales y políticas solicitarán al TSE la derogación de candidatura de JOH



Por Sandra Rodríguez

Este día la Convergencia Contra el Continuismo firmó un documento con la Alianza de Oposición La reelección, para que se declare nula la inscripción como candidato presidencial de Juan Orlando Hernández “JOH”, por violentar normas constitucionales y constituir un acto delictivo de carácter imprescriptible.

El próximo jueves se presentará ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la solicitud que declare inconstitucional y derogue la inscripción de JOH, por ser inconstitucional, y conlleva una serie de perjuicios contra el pueblo hondureño, así lo declaró Carlos H. Reyes, miembro de la Convergencia Contra El Continuismo.

Así mismo el martes 7 de noviembre se convoca a una movilización contra el Continuismo. Es una actividad en la que se convoca a todas las organizaciones populares, instituciones políticas, porque no es una acción sectaria, sino algo que tiene que ver con la institucionalidad del país.

“Aquí como que nos están metiendo la incultura de que la Constitución es pura babosada, como lo dijo un diputado una vez, o que se puede violentar cuantas veces sea necesario, y eso es muy grave porque entonces no estamos entendiendo el concepto de nación, precisamente por eso la Constitución de Republica que tenemos ha sido violentada en una serie de sus disposiciones”, declaró a defensoresenlinea.com, Reyes.

Agregó que, la reelección es un fraude no solamente por dispersión, sino porque es un engaño violentando la ley; no se trata únicamente del fraude para durante y después de las elecciones, sino que se trata ya de un fraude por su origen, porque la reelección es fraude y es violatoria a la Constitución de la República.

A 39 días de las elecciones generales en Honduras, las organizaciones sociales y políticas encaminan acciones para denunciar la ilegalidad de la reelección presidencial. Porque si se llega con el candidato que actualmente gobierna, se estaría perpetrando otro golpe de estado en el país.

El golpe de Estado es porque se está llevando a la presidencia de la república a alguien que no procede constitucionalmente.  Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional de Honduras, es el candidato presidencial que busca gobernar por segunda vez consecutiva, pero esa figura no está contemplada en la Constitución de la República.

Reyes, aseveró que el Continuismo no solo se orienta a que una persona se reelija, sino a profundizar el modelo neoliberal del país, la instalación de ciudades modelos, y partir en cuatro o cinco pedazos el país, para entregárselo a las transnacionales, y de esa forma decir que desarrollan la zona, pero sólo subdesarrollan al pueblo, y ese es un grave error.

En representación de la Convergencia Contra El Continuismo, también acudió a la conferencia de prensa el periodista Manuel Gamero, y las defensoras de derechos humamos María Elena Méndez y Bertha Oliva; y por la Alianza de Oposición el presidenciable Salvador Nasralla, su coordinador Manuel Zelaya Rosales, el candidato a designado presidencial Guillermo Enrique Valle Marichal, entre otros.

Nasralla aseguró que, nunca en tarde para defender el país, por lo que confirmó la presencia de la Alianza de Oposición, compuesta por el partido Libertad y Refundación (LibRe), Partido de Innovación y Unidad (PINU), una fracción del Partido Anticorrupción (PAC) y del movimiento del Partido Nacional “Corazón Azul”, en la movilización del 07 de noviembre.

A continuación, el documento que se compartió este día:

La inscripción como candidato presidencial del señor Juan Orlando Hernández Alvarado debe declararse nula por violentar normas constitucionales y constituir un acto delictivo de carácter imprescriptible. 
Razones jurídicas:

1)  La reelección es Inconstitucional.

2) El TSE realizó   la inscripción del Señor Juan Orlando Hernández  como candidato presidencial   con   base   en   la  sentencia    emitida    por   la   Sala   de   lo Constitucional  de  la  CSJ en  fecha  22 de  abril  de  2015, la  cual  en  ninguna   parte establece, ni podría establecer, la reelección presidencial como norma   vigente   en  nuestro    ordenamiento   jurídico.   La  sentencia    aludida    es  un verdadero mamarracho jurídico; Falla: Primero:        “Declarar        la inconstitucionalidad      del    artículo    330   del   Código    Penal”,     Segundo:     Como consecuencia de la inconstitucionalidad    del   artículo    330   del   Código    Penal, procedieron            con   el   mayor    descaro    a   una    gansada    jurídica    al   declarar    la Inconstitucionalidad de la Constitución y  decretar la inaplicabilidad de los Artículos 42 Numeral Quinto y 239 de la Constitución de la República, “por   restringir    disminuir    y  tergiversar derechos  … “y en   el punto   Tercero  declaran  que: “Aplicando el efecto extensivo  de la declaratoria  de  la Inconstitucionalidad  declara la inaplicabilidad parcial de los artículos  constitucionales número   cuatro  (4) último  párrafo  y 374… ”  .  Esa sentencia    no   autoriza    por   ningún    recoveco   que   la reelección presidencial es permitida en Honduras, único caso en   que los funcionarios de ese Tribunal podrían con algún margen de aceptación proceder a la inscripción de la candidatura   del señor Juan Orlando Hernández Alvarado; de lo contrario incurren, como lo dice el artículo 321 Constitucional en responsabilidad. La Constitución en su artículo 1 proclama:  “Honduras es un Estado de derecho”, lo que implica que sus autoridades se rigen y están sometidas   al derecho vigente.  El principio de legalidad   o imperio de las leyes de la Ley es un principio fundamental del Derecho Público conforme   al cual todo ejercicio del poder público   debe estar sometido   a la voluntad   de la ley y no a la voluntad   de las personas.   Rige la severidad   de la letra escrita de la ley: nunca, en el ejercicio de las funciones públicas, puede sustentarse una resolución   en la resabida   frase de que lo que no está prohibido esta permitido, máxima ésta que sí rige en cierto ámbito de las relaciones particulares, es decir, en el derecho   privado.  El Tribunal   Supremo   Electoral   está sujeto   al principio de legalidad y cuando la reelección no forma parte de la letra, ni siquiera del espíritu, de nuestra   Constitución, ni antes, ni ahora, ni después, podía haberse inscripto la candidatura del señor Juan Orlando Hernández Alvarado. Además, debemos decir categóricamente, a modo de corolario de este punto, que tal como lo disponen los artículos 184 y 185 de la Constitución, sólo las leyes y no la Constitución pueden ser declaradas inconstitucionales y, además, por la vía de la inconstitucionalidad se pueden derogar las leyes, pero jamás crear nuevas disposiciones legales y menos de carácter constitucional como la pretendida reelección.

3)  Por otra parte, la reelección presidencial no puede ser autorizada  a partir  de una supuesta  salvaguarda    de    un  Derecho Humano,   que,    de    hecho,    la reelección no lo es: es un  derecho  político,   y ese derecho  no  nace junto  a la persona    para   que   se  considere    de  naturaleza    humana:    nace   al  adquirirse    la ciudadanía    y,  además,   no  existe  derecho  político  absoluto   que  se reconozca   al ciudadano   y que prevalezca   por encima  de cualquier  disposición establecida por el poder  soberano  en relación  con la organización o forma  de gobierno,  pues,  de ser así, tampoco  tendría  sentido regular temas como la edad  y otros;  ni siquiera  en el ámbito  de los derechos  humanos   existen  derechos  absolutos!  incluso el derecho a la vida! pues este puede perderse en situaciones de la legítima defensa. ¡Pensar que al señor Juan Orlando Hernández Alvarado se le violan derechos humanos si no se le inscribía como candidato presidencial equivale a afirmar!  como lo expresa el respetado   e ilustre abogado Amado H Núñez, que se le violan derechos humanos al que se le manda a la cárcel como condenado.

4)  Por más palabrería    exegética   que se  pretenda    esgrimir,   nuestra   Constitución, conforme  a su artículo  375, continúa  inalterable   en su letra  y espíritu,  ya que  esta norma   establece   de  modo   contundente    e  inequívoco:    “Esta   Constitución   no pierde   su  vigencia   ni  deja  de  cumplirse    por  acto  de  fuerza   o  cuando   fuere supuestamente      derogada      o    modificada      por     cualquier      otro     medio     y procedimiento   distintos   del  que  ella  misma  dispone  … ” Este artículo  continúa  y conmina  a los responsables  de los hechos  señalados   no solo con  las penas  de los delitos  cometidos   sino  también   con  la  incautación    de  bienes  y  derechos.   Esta norma es diáfana y no hay forma de equivocarse como infractor, y sólo la soberbia de los que ostentan   el poder, y al cobijo del clima de impunidad    del que se han rodeado, los impulsa  a semejantes  desafíos.

5)  La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es obligatoria conforme al artículo 4 de la Constitución de la República. Lo establecido   en este artículo  es pilar  del sistema  republicano que  decidió   el  pueblo   soberano   de  Honduras    para   rechaza   cualquier   tipo  de continuismo en el poder,  quedando   meridianamente   claro  que  aún  en el nefasto  caso de que de la sentencia  de la Sala Constitucional  aprobara  la reelección presidencial (que   no   lo  hace),   el  señor   Juan   Orlando    Hernández     Alvarado nunca podría   constitucionalmente    ser  inscrito   y  participar    como  candidato presidencial               en  el  actual   proceso   electoral!  puesto   que el párrafo   segundo   del artículo 4 de la Constitución de la República, en plena vigencia en nuestro   país, ordena que “La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia    de la Republica es obligatoria

6)   El Señor Juan Orlando Hernández Alvarado en su condición de Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras! de los cuerpos de policía y de seguridad del Estado, no puede ser candidato presidencial conforme a la prohibición del artículo 240 numeral 3 de la Constitución de la República.

Del Tribunal Supremo Electoral se espera que en este punto restablezcan   el imperio de la Constitución, de lo contrario se ponen en el camino de ser juzgados   en el momento   en que se restituya el estado de derecho, porque se trata de la comisión de un delito de carácter imprescriptible, como  lo expresa  el citado  artículo  323. El Tribunal  Supremo’ Electoral  debe  declarar  la Nulidad   de la inscripción   de Juan  Orlando   bajo los hechos  y fundamentos   expresados,   y  dicha  resolución   debe  además   hacer  un  pronunciamiento especial  sobre la obligatoriedad del principio republicano de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República que manda el párrafo segundo del artículo 4 de la constitución y sobre el artículo constitucional 240 num,eral3

Relativo a la prohibición del Comandante General de las Fuerzas Armadas que ostenta el señor Juan Orlando Hernández el cual le prohibe ser candidato a la presidencia de la República y consecuentemente tampoco puede ser reelecto como presidente de la República.  

Tegucigalpa, M.D.C. 17/10/2017

Convergencia Contra el Continuismo 

Pena de muerte : Hechos y cifras en 2017



El 10 de octubre de 2017, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y las organizaciones abolicionistas de todo el mundo celebraron el 15º Día Mundial contra la Pena de Muerte, en el que se centra la atención en el lado discriminatorio de la pena de muerte; a menudo se aplica a las personas de los entornos más desfavorecidos.

Ver aquí los hechos y las cifras en 2017 (en inglés)  361082320-Death-Penalty-Facts-Figures-2017

Aumenta la criminalización contra luchadores Garífunas e Indígenas



La persecución y criminalización contra las personas que luchan por la defensa del territorio en nuestro país va en aumento. El país según la organización Global Witness es el más peligroso del mundo para hacer el trabajado de defensoría del territorio y bienes naturales.

Según esa investigación, desde el 2010 han muerto más de 120 personas que se opusieron a las represas, minas, la tala o los monocultivos, todos asesinados por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Otra cantidad mayor han sido amenazados, perseguidos o judicializados.

En el departamento de Colón, al norte de Honduras, las comunidades Garífunas libran una fuerte lucha con el poder económico que tienen los empresarios de origen canadiense; Patrick Forseth, dueño de la Sociedad Mercantil “Carivida”, y Randy Jorgensen conocido como “el Rey del Porno”, quienes han sido denunciados por apoderarse ilegalmente de las tierras garífunas ubicadas en la Bahía de Trujillo.

Producto de la resistencia contra esos megaproyectos turísticos varios pobladores y pobladoras enfrentan procesos judiciales y son perseguidos por la justicia hondureña que se parcializan a favor de los grupos empresariales.

La Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), a través de sus redes sociales, denunció la semana pasada que el luchador de la comunidad garífuna Guadalupe en Trujillo, Colón, Celso Guillén fue detenido en dos ocasiones en menos de 24 horas.

A Guillén se le detuvo el miércoles 4 de octubre en la posta de Satuyé, en la entrada de La Ceiba, y 24 horas después lo detuvieron en la posta policial del municipio de El Porvenir cuando regresaba de Tela hacia Trujillo.

El líder comunitario enfrentaba junto a otros pobladores un juicio, acusado del delito de usurpación de tierras, sin embargo, meses atrás un juez dictó una resolución que ordena dejar sin valor las órdenes de captura libradas en su contra.

Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, señala que es una clara violación a los derechos humanos, pero sobretodo es una muestra de cómo en este país los defensores y defensoras están a merced de un aparato judicial y policial que se encarga de perseguirles.

“No podemos movernos, porque es claro que nos andan siguiendo. Ahora hay cuatro mujeres más querelladas por una denuncia interpuesta por el canadiense Patrick Forseth.” Explica Miranda. 

Tolupanes son amenazados

La situación de las comunidades garífunas e indígenas en Honduras es similar. La represión, hostigamiento, asesinatos y abandono es su cotidianidad. Desde el 2 de octubre las comunidades Tolupanas de Locomapa, Yoro organizadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), instalaron un campamento de resistencia contra el saqueo de madera de pino.

Las comunidades defienden los bosques de manos del empresario Wilder Omar Domínguez, quien continúa saqueando los bosques de la región. El campamento se ubica donde el 25 de agosto del 2013 fueron asesinados los tolupanes María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto Fúnez en agosto de 2013, cuando realizaban una toma pacifica en defensa del bosque. 

Los pobladores y pobladoras denuncian que representantes del consejo consultivo de la tribu San Francisco amenazaron a muerte a los tolupanes organizados en el MADJ.

Ramón Matute miembro del consejo preventivo asegura que el empresario ha sacado toneladas de madera sin el consentimiento de la tribu y con el visto bueno de las autoridades. Agrega que esta semana realizaron las denuncias ante la fiscalía para visibilizar y dejar constancia de todos los abusos que cometen en el sector.

El líder comunitario dijo a Radio Progreso que hay temor entre los vecinos, sin embargo, a pesar de ello, no claudicarán en defender los bienes naturales.

Informes internacionales concluyen que los casos de violencia y criminalización contra defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones están en aumento. Los mismos destacan entre las causas, la explotación de recursos naturales, la ausencia de espacios para la participación e incidencia para las comunidades y los pueblos afectados y la falta de acceso a la información ambiental.

CEPAL a Latinoamérica, cuidar los recursos naturales



La Comisión Económica Para América latina y el Caribe (CEPAL) llamó a la región a hacer un manejo adecuado de sus recursos naturales "para no matar a la gallina de los huevos de oro". Argumentó que esta zona del mundo es privilegiada en recursos naturales, tanto renovables como no renovables: Cuenta con casi un tercio del agua dulce del planeta y posee también un tercio de los países llamados "mega-diversos".

Además, posee el 68% de las reservas de litio, el 43% de las de cobre y 20% del petróleo a nivel global. A esto se suma un gran potencial para desarrollar energías renovables alternativas, no solo de fuentes de hidroelectricidad, sino también a partir del viento, el sol y la biomasa. 

Así lo explicitó Jeannette Sánchez, directora de la división de Recursos Naturales e Infraestructura de la CEPAL, ente que depende de Naciones Unidas, en la última edición del programa Horizontes. 

La exministra de Inclusión Económica y Social, de Coordinación de Desarrollo Social y de Coordinación de Política Económica del Gobierno de Ecuador entre 2007 y 2013 sostuvo que "tenemos una serie de posibilidades para proyectarnos hacia un desarrollo sostenible haciendo una mezcla adecuada de recursos naturales tanto renovables como no renovables, y así sostener el bienestar de las generaciones actuales y futuras de la región". 

Para ello, explicó, "es necesario entender qué estamos haciendo bien y mal para que esta región -que es la más desigual del mundo- tenga un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible, tal como lo ha planteado la CEPAL, siempre con centro en la igualdad". 

Abundó sobre la importancia de la "gobernanza" de los recursos naturales, pues su gestión no ha estado exenta de conflictos y problemas. "Nuestra región ha descansado en la explotación de sus materias primas, generando un modelo primario-exportador" analizó y "pocos países hicieron una inversión en transformaciones productivas, en incorporar más densidad económica, producir encadenamientos de valor y productivos, fortalecer los tejidos de las economías nacionales, y provocar el nacimiento de otras industrias relacionadas a los recursos naturales. En esto último hemos fallado rotundamente", aseveró. Aparte del tema económico, acotó, la explotación de los recursos naturales ha generado conflictos sociales y ambientales por la inadecuada distribución de sus rentas, por la manera en que se gobierna y gestiona el recurso. "Por eso la CEPAL ha apelado al concepto de la gobernanza, que va más allá de una política económica en particular y que tiene que ver con la capacidad de los gobiernos de gobernar sobre sus recursos -que son tremendamente sensibles-, en especial los recursos extractivos no renovables y que dejan una huella ecológica muy importante", indicó. 

Explicó que la gobernanza requiere de una capacidad del estado para regular y hacer cumplir los estándares ambientales, así como pensar mejor los sistemas tributarios, la gestión de la propiedad alrededor de los recursos y de sus rentas. Como ejemplo, mencionó, el apoyo al financiamiento de la transformación productiva o las inversiones en infraestructura sostenible y con resiliencia "para que todos los ciudadanos se beneficien de estos bienes". "No se trata de cerrar y de no explotar los recursos naturales, sino de aprovecharlos sensatamente, con una gestión sectorial adecuada, y usando las reservas de manera apropiada para los procesos de transformación productiva. Todo esto en condiciones de mayor inclusión, de desplegar posibilidades de reproducción social y económica sostenibles y más igualadoras", completó. 

Los ultras crecen por la crisis del centro



Por Emir Sader

El ingreso de la extrema derecha al Parlamento alemán, por primera vez desde el nazismo, es la expresión más nueva de lo que ya se ha vuelto una tendencia prácticamente mundial: el fortalecimiento de esa corriente a expensas del agotamiento y del fracaso del centro. A lo largo de muchas décadas la socialdemocracia fue una referencia central para la izquierda, en su versión europea o en otras variantes en la periferia del capitalismo. 
El paso del capitalismo a su era neoliberal presentó dilemas para la socialdemocracia: oponerse a esa nueva corriente de derecha o sumarse a ella. Significativamente, en Francia, con la elección de Francois Mitterrand, se pasó del programa clásico de la socialdemocracia, a inicios de su gobierno, a la conversión del ideario neoliberal. Tendencia que fue seguida por el PSOE en España y por los otros partidos vinculados a esa corriente. 
Ese giro ha representado el agotamiento del programa reformista de la socialdemocracia, su abandono del campo de la izquierda y su acercamiento a la derecha, toda ella neoliberal. 
Rápidamente ese giro se ha revelado suicida para la socialdemocracia, que ha entrado en crisis acelerada e irreversible a escala mundial. Bases populares que votaban por ella fueron adhiriendo a las tesis de la ultraderecha, tendencia que fue reforzada por la crisis de los partidos comunistas, con el final de la URSS y de la alianza con la socialdemocracia. La ultraderecha pasó a representar la corriente de resistencia a la cohesión entre la derecha tradicional y la socialdemocracia en su nueva versión. 
El ascenso de la extrema derecha no se logra solamente por la conquista de sectores de la derecha, sino sobre todo por el debilitamiento de la socialdemocracia. La derecha sigue hegemónica en Alemania, en España, en Francia, en Gran Bretaña, entre otros países, pero la socialdemocracia se debilita profundamente en esos y en otros países. A tal punto de que prácticamente desaparece en Francia, se debilita mucho en Alemania, países donde ha tenido un rol importante en el pasado reciente. En Escandinavia, región que se caracterizó por la hegemonía socialdemócrata, la extrema derecha también crece mientras se debilitan los partidos socialdemócratas. 
En América Latina, la retracción del centro también da lugar al fortalecimiento de la extrema derecha. En Brasil, la adhesión de la socialdemocracia al neoliberalismo, en el gobierno de Cardoso, fue una victoria pírrica, que hizo que ese partido ocupara el lugar de la derecha en el campo político, desplazando a la derecha tradicional y derrotando a la izquierda antineoliberal. 
Pero las consecuencias nefastas para Brasil y para ese partido no tardaron en llegar: nunca más fue elegido un presidente socialdemócrata en el país, y el partido prácticamente ha desaparecido después de adherir al golpe de 2016. Fue a partir de ese fracaso que la ultraderecha de Jair Bolsonaro ha sumado el apoyo de muchos sectores de clase media, que han mantenido su antipetismo, pero ahora abonan a sus expresiones más radicales, de odio abierto de clase, de discriminación racial, de género, de adhesión a políticas y posturas violentas. 
En Argentina, la crisis final del radicalismo ha abierto el campo para el surgimiento del macrismo como corriente predominante de la derecha del país. Pero donde la izquierda mantiene perspectivas antineoliberales, defiende políticas sociales, entre ellas las del empleo, la perspectiva del crecimiento de la ultraderecha queda limitada a temas ideológicos y políticos, sin reivindicaciones sociales importantes. 

jueves, 19 de octubre de 2017

Criminalización de los defensores de derechos humanos: ¿En riesgo la legítima defensa?



“Resistirse a la muerte nos criminalizan, porque no nos quedamos quietas”, expresó la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos en Honduras (Cofadeh), Bertha Oliva de Nativí, durante  el Seminario Internacional  “Criminalización de la defensa de los Derechos Humanos en América Latina y Europa. Conflictos ecoterritoriales y luchas feministas”, realizado la semana anterior en Madrid, España.
La Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos (AIETI), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Mundubat en coordinación con varias organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos en Europa y en América Latina, y con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España (MAEC)  y el Ayuntamiento de Madrid, organizaron este seminario que se llevó a cabo los días 4 y 5 de octubre pasado en la madre patria.

Durante dos días, los asistentes al seminario escucharon, debatieron y construyeron propuestas con multitud de voces y organizaciones  de Guatemala, Perú, Honduras, México y España, ante el incremento preocupante de las amenazas, coacciones, intimidaciones e incluso el asesinato de las y los defensores de Derechos Humanos en contextos de defensa de la tierra y su territorio, derecho a la protesta y vida digna.

Esto ha provocado un impacto en sus vidas y sus comunidades, cómo se exacerban las diferentes violencias contra las mujeres o las formas de resistencia en el Sur Global y Norte Global para impulsar una respuesta articulada de organizaciones de sociedad civil en América latina y Europa.

En el mundo los colectivos y las personas que defienden los derechos humanos son cada vez más perseguidas y amenazadas.

En Seminario participaron Mirtha Vásquez, directora de Grufides,, abogada caso Maxima Acuña (Perú); Bettina Cruz Velázquez, fundadora de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (México); Lolita Chávez Ixcaquic, lideresa feminista comunitaria integrante de la comisión política del Consejo Pueblos K’iche’ (CPK) (Guatemala), Omar Gerónimo de la Coordinadora Central Campesina Chortí Nuevo Día (CCCND) (Guatemala); Bertha Oliva del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), entre otras.

Durante su intervención la coordinadora del Cofadeh, Bertha Oliva, señaló que  “resistirse a la muerte nos criminalizan, porque no nos quedamos quietas”

Asimismo indicó que a ella la consideran como una mala hondureña y que la han vinculado en varias ocasiones con el crimen organizado en el país.

“Ha habido afiches donde nos señalan a esos grupos y hemos hechos las acciones para que desde el Ministerio Público se investigue de donde vienen, pero todavía esperamos respuesta”, enfatizó la defensora de los derechos humanos.

Pese a esa campaña de desprestigio y sobre la amenaza que se cierne sobre los y las defensoras de los derechos humanaos, ella es clara y contundente al sostener que “vamos a seguir trabajando, porque para Cofadeh y para el pueblo hondureño, la gente que tiene conciencia democrática y ciudadana es totalmente prohibido olvidar lo del pasado, lo del presente y lo que nos viene en el futuro”.

El objetivo del seminario era impulsar una respuesta articulada de organizaciones de sociedad civil en América Latina y Europa.