sábado, 27 de mayo de 2017

¿Dónde estás Roger?



Por Sandra Rodríguez y Cesario Padilla*

En las movilizaciones sociales, el nombre de Roger González grita desde las paredes.

"Tengo la lengua pegada al paladar
de tanto repetir
tu nombre al viento.
Mis manos envejecen tocando
portones insensibles
que me ofrecen silencios por respuesta…”.
Fragmento del poema ¿Dónde estás Roger?, escrito por su madre, Elvia Zelaya.

“Toda la noche del 19 de abril de 1988, me levantaba a cada rato a ver si había vuelto, él tenía su cuarto y había un vidrio que dejaba ver su cama,  pero la cama estaba tendida”.

Esa fecha quedó guardada para siempre en la memoria, reflejo del párrafo anterior, de doña Elvia Zelaya. Ella esperaba todas las noches a su hijo Roger Samuel Gonzales Zelaya, estudiante de secundaria, y ya no volvió.

Gonzales Zelaya era alumno del Instituto Técnico de Administración de Empresas (INTAE), por ende, militaba en la Federación de Estudiantes de segunda Enseñanza “Carlos Virgilio Zúniga” (FESE- CVZ). Tenía 24 años al momento de su desaparición, el 19 de abril de 1988.

El líder estudiantil fue detenido a inmediaciones de la tienda Larach & Cía, costado oeste del parque Central de Tegucigalpa, en horas del mediodía por dos hombres y una mujer.

Uno de estos testimonios, que respaldan el Informe preliminar sobre desapariciones forzadas en el país (1980-1993) “Los hechos hablan por sí mismos”, elaborado por el primer Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), Leo Valladares Lanza, describe los hechos con los que se conoce la detención y posterior desaparición de Roger:

“Iba vestido de pantalón ‘jeans azul´, camisa kaqui… Llevaba un maletín de cuero y dos mochilas. La chumpa la llevaba amarrada al maletín. Delante de Roger, caminaba un individuo que es agente de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) y a quien conozco porque nos ha perseguido a los dirigentes estudiantiles democráticos, se trata de un hombre fornido, de 30 años, pelo rizo y bigote ‘raleado’. Atrás de Roger iba otro hombre, también agente del DNI… Como el bus donde me conducía no hizo parada en la estación del Parque Central, no pude advertirle a Roger sobre el peligro que le acechaba. Soy de las personas que vio a Roger antes de su desaparecimiento… desde entonces, el muchacho no ha vuelto a su hogar, ni a su colegio, ni a su centro de trabajo”.

Doña Elvia recuerda los últimos días de su hijo en casa. “Él estaba mal del estómago, creo que era nervios, él sabía que lo andaban siguiendo, fíjese que una vez hasta lo iba a mandar a poner un suero, y ahí quedó ese suero”.

Allí comenzaron los recuerdos de su ausencia.

“Doña Elvia, se llevaron a Roger”


En los recuerdos de doña Elvia, está el nombre de Natalia. Quien al día siguiente de la desaparición de Roger llegó a la casa “… era la novia, decían. Llegó y me dijo se “llevaron a Roger”.

No entendía nada de eso, y le dije que ¿qué se hacía entonces? y me dijo, a eso vengo a llevarla para que vayamos la CODEH (Comité por la defensa de los Derechos Humanos, dirigido entonces por Ramón Custodio López, donde encontró el apoyo de la defensora de derechos humanos Bertha Oliva y el abogado Óscar Aníbal Puerto) y ya no lo volví a ver.

Sus captores negaron en un inicio tenerlo bajo su custodia, como consta en el informe “Los hechos hablan por sí mismos”, primer informe nacional y oficial sobre las desapariciones forzadas en Honduras desde 1980 a 1993.

De acuerdo a recortes de prensa, sobre la cobertura de los medios de comunicación a los diferentes casos de desaparición forzada, uno de ellos muestra un fragmento de las declaraciones ofrecidas por el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA), Manuel Enrique Suárez Benavides, en las que aseguran la detención de Roger González.

“Conocemos sobre la detención de ese muchacho, reconocemos que sí fue detenido por la Fuerza de Seguridad Pública, pero hasta allí llega nuestro conocimiento”, expuso Suárez Benavides a un diario capitalino el 30 de abril de 1988, 11 días después de la desaparición del líder estudiantil.

Un afán de negar su paradero surgió dos días antes de la publicación en mención. El Mayor Manuel Antonio Urbina, portavoz de la Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), afirmó que Roger no fue detenido “el interés es detenerlo para llevarlo a los tribunales a fin de que se aplique la ley, porque se sabe que es responsable directo de los daños ocasionados en el consulado norteamericano –en Tegucigalpa-“.

Los primeros días de doña Elvia durante la desaparición de Roger

Sin saber con claridad que es lo que sucedía, la madre de Roger llegó a las oficinas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), organización que surgió en 1982, debido a la desaparición forzada de líderes sociales, víctimas de la implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional, hace tres décadas.

COFADEH era la trinchera de reuniones de un grupo de estudiantes, donde Roger era el líder, recordó Nohemy Pérez, una de las fundadoras del Comité. Ahí llegaba siempre con mucha alegría e ideas para organizar el movimiento estudiantil, nosotros no podíamos creer que él fuera víctima de desaparición.

Entre sus compañeros recuerda a Sergio Rivera, Andrés Martínez y “La China”, como le decían a una jovencita. Aquellas reuniones donde nos poníamos de acuerdo para ir hacer “pegas” y visitar colegios, ahora eran para abrazase, llorar y promover la búsqueda con la interrogante ¿Dónde está Roger?

El Cofadeh en su 34 aniversario de fundación, reconoció la labor histórica de Puerto, doña Elvia lo saluda.

Al recordar esos días, doña Elvia exclamó ¡Ay no, ni quiera Dios! le agradezco al licenciado Puerto (Óscar Aníbal Puerto), el me acompañaba a todos lados, en los batallones, metiendo Habeas Corpus, me cruzaba de la calle.

Puerto, el histórico defensor de derechos humanos, ha manifestado que el Estado de Honduras tiene una deuda pendiente con las familias de los detenidos desaparecidos, papel que ha asumido el COFADEH, dando protección y ayuda las víctimas.

“Ellos creen que ganaron desapareciendo a gente, perdieron, perdieron la credibilidad histórica, el amor de sus compatriotas, la piedad cristiana y la razón del ser humano”, declaró el abogado, quien describe a los detenidos- desaparecidos como “la fina flor de Honduras, no eran personas afectas al odio, sino que al contrario las desparecieron por amar demasiado al pueblo”.

Y en esa tristeza, continuó doña Elvia, me iba para el COFADEH, cuando estaba allá por Los Dolores, (barrio de Tegucigalpa), “por eso no me gusta hablar de esto, porque es volver a revivir, es muy duro no saber dónde quedaron los huesos de mi hijo”.

En el COFADEH la esperaba los abrazos de ánimo de otras madres, esposas, hermanas e hijos de detenidos desaparecidos, allí conoció a Albertina Rodríguez, Liduvina Hernández, Fidelina Borjas, Natalia Méndez, Cristina Montes, Rina de Morales, también las familias Velásquez, Nativí, Lanza, Pérez-Alemán y Godínez-Cruz, mencionó Nohemy, hermana del detenido desaparecido Samuel Pérez (1982).

Roger González, fue señalado por participar en la quema de la embajada de los Estados Unidos de América en Tegucigalpa, el 07 de abril de ese mismo año, durante una protesta social liderada por estudiantes, en la defensa de la soberanía y dignidad nacional, debido a la extradición de Juan Ramón Mata Ballesteros, vinculado de haber participado en la muerte del agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA), por sus siglas en inglés, Enrique Camarena Salazar.

Propulsoras de huelgas de hambre

La madre de Róger Gonzalez, permaneció 23 días en huelga de hambre, con el acompañamiento de amigos y familiares. Foto: Archivo COFADEH

Para exigir el retorno de su hijo, doña Elvia apoyada de las madres de detenidos-desparecidos, se distinguían en la plaza central Gral. “Francisco Morazán” de Tegucigalpa, con sus pañuelos blancos, en lo que fue la primera huelga de hambre por exigencia del respeto de los derechos humanos.

En mayo de 1988, días después de la desaparición de Roger, amistades y familiares se unieron a la manifestación que duró 23 días en el Parque Central de Tegucigalpa; donde se rodeaba la imagen de Morazán, con música, proclamas, poesías y todo tipo de exigencia por verdad y justicia.

Ése fue el escenario, mismo que vio por última vez a Roger González Zelaya, ante la Catedral Metropolita, testigo mudo en una época de terror.

Siempre había personas en la huelga de hambre, se consideró si doña Elvia podía participar, estaba muy afectada física y emocionalmente -detalló Nohemy- pero ella fue la que abanderaba la lucha, finalmente se suspendió porque se enfermó.

Otra muestra de Movimiento Popular hacia la huelga de hambre que encabezó la madre de Róger Gonzalez. Foto: Archivo del profesor Sergio Rivera, compañero de lucha de Róger.

El ambiente de la huelga era una batalla de vida o muerte, hubo una gigantesca movilización del Comité Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP) y de los estudiantes del secundaria, la  Escuela Superior del Profesorado (hoy Universidad Pedagógica) y Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), para acompañar el levantamiento de la huelga.
“Ese fue el día más triste”, habíamos perdido al “flaco” y pudo ser cualquiera de nosotros, expresó su compañero y amigo, Sergio Rivera.

A la madre de Roger, siempre se le ve en las actividades del COFADEH, en los 30 de Agosto (Día Nacional del Detenido Desaparecido), en los 30 de Noviembre (Aniversario del COFADEH), en los plantones del primer viernes de cada mes que le recuerdan al Estado que tiene una deuda pendiente con las víctimas de violaciones de lesa humanidad. Por su estado de salud asiste con menos frecuencia, pero sabe que allí está su familia, y encuentra el rostro de su hijo en pancartas, mantas, afiches y la historia que exige justicia.

Y es que era la mamá de un muchacho común y corriente que estudiaba y trabajaba, como lo compartió un día antes del 29 aniversario de su desaparición, cuando pasó por la oficina del Comité, donde inicia “La Ruta de la Memoria Histórica -ahora situado en el barrio La Plazuela-, ella iba para la Catedral, donde como es costumbre manda ofrecer una misa por su muchacho.

Hoy Roger tuviera 52 años, era el menor de seis hermanos, el consentido de la familia y tenía una buena relación con todos, no peleaba. La única vez que su madre lo miró ebrio, se enojó y lo regañó, recordó la señora.

“Un hijo es un privilegio para una madre, es lo mejor; sólo porque tenía sus ideas diferentes, me lo quitaron, se lo llevaron, no tuve ni siquiera el gusto de enterrarlo, porque cuando la madre entierra a su hijo, sabe que le va ir a poner una flor al cementerio, lo va ir a visitar ahí, pero ni eso”.

Ese privilegio de doña Elvia, le fue arrebatado hace 29 años. No volvieron a ver al cipote de la pañoleta rojinegra, al flaco, como lo conocían sus compañeros de juventud y lucha. Aquí surgió una pregunta, desde la sed de justicia de una madre ¿Dónde estás Roger?

  • Periodista y Defensor de la Educación Pública Universitaria en Honduras



CIDH crea nuevas Unidades y anuncia nueva distribución de Relatorías


En el marco del 162 Periodo de Sesiones que se celebra en Argentina del 21 al 26 de mayo de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acordó en el día de la fecha una nueva distribución de las relatorías temáticas y de país. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en su Plan Estratégico 2017-2021, la CIDH decidió crear tres nuevas Unidades: sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sobre Memoria, Verdad y Justicia, y sobre los Derechos de Personas Mayores.

A partir de la fecha, las Relatorías y Unidades Temáticas están a cargo de los siguientes Comisionados y Comisionadas:
* Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: Francisco Eguiguren Praeli
* Relatoría sobre los Derechos de las Mujeres: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes: Luis Ernesto Vargas Silva
* Relatoría sobre los Derechos de la Niñez: Esmeralda Arosemena de Troitiño
* Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: José de Jesús Orozco
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad: James L. Cavallaro
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial: Margarette May Macaulay
* Relatoría sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex: Francisco Eguiguren Praeli
* Unidad sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Paulo Vannuchi. Esta Unidad se convertirá en Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en julio de este año, cuando la CIDH seleccione a la persona que ocupará el cargo a través del concurso público que está actualmente en proceso.
* Unidad sobre Memoria, Verdad y Justicia: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas Mayores: Paulo Vannuchi
* Unidad sobre Personas con Discapacidad: Luis Ernesto Vargas

Adicionalmente, la CIDH decidió que la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva estarán a cargo del Mecanismo de Seguimiento a las Medidas Cautelares 409/14, Estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” y a las recomendaciones del Grupo Interdisiciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En relación con el Grupo de Trabajo del Protocolo de San Salvador, la CIDH decidió mantener a la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño como miembra titular.

Por otra parte, la CIDH decidió la siguiente distribución de Relatorías de País:
* Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli: Argentina, Uruguay, Venezuela
* Comisionada Margarette May Macaulay: Antigua y Barbuda, Bahamas, Dominica, Estados Unidos, El Salvador, Guyana, San Vicente y las Granadinas
* Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño: Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Santa Lucía, Suriname
* Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez: Colombia, Costa Rica, Granada, Haití, Panamá, San Cristóbal y Nieves
* Comisionado Paulo Vannuchi: Bolivia, Paraguay, Perú
* Comisionado James L. Cavallaro: Belice, Brasil, Canadá, Honduras, Jamaica, Trinidad y Tobago
* Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva: Barbados, Chile, Guatemala y República Dominicana

El Presidente de la CIDH es el Comisionado Francisco Eguiguren, la Primera Vicepresidenta es la Comisionada Margarette May Macaulay; la Segunda Vicepresidenta es la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño. Adicionalmente a esta directiva, integran la CIDH los Comisionados José de Jesús Orozco Henríquez, Paulo Vannuchi, James L. Cavallaro y Luis Ernesto Vargas Silva, quien participó por primera vez de un Período de Sesiones de la CIDH, tras haber sido electo el 10 de mayo de este año. El Secretario Ejecutivo es Paulo Abrão y la Secretaria Ejecutiva Adjunta es Elizabeth Abi-Mershed. El Relator Especial para la Libertad de Expresión es Edison Lanza.

El Comisionado Francisco José Eguiguren Praeli es ciudadano de Perú. Fue elegido Comisionado el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, contando con un Magíster en Derecho Constitucional y Doctorado en Humanidades. Fue Embajador del Perú en el Reino de España de 2012 al 2014 y Ministro del Despacho de Justicia. Actualmente es Asesor y Consultor en Derecho tanto a nivel nacional como internacional, especializado en temas de Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos.

La Comisionada Margarette May Macaulay es ciudadana de Jamaica. Fue elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Posee el grado de Licenciatura en Leyes por la Universidad de Londres y actualmente es abogada de práctica privada. Funge como Mediadora en la Suprema Corte de Jamaica y Árbitro Asociado, además de desempeñar el cargo de Notaria Pública. Fue jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2007 a 2012, contribuyendo a la formulación de Reglas de Procedimiento de la Corte.

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño es ciudadana de Panamá. Fue elegida Comisionada el 16 de junio de 2015 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2016 y finaliza el 31 de diciembre de 2019. Licenciada en Filosofía, Letras y Educación, así como en Derecho y Ciencias Políticas. Integró la Comisión Especial para las Reformas Constitucionales 2011-2012 en Panamá y fue Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de 2004 al 2009. Actualmente integra los Equipos de Capacitadores en el Sistema Penal Acusatorio para el Ministerio Público y a nivel Interinstitucional.

El Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es ciudadano de México. Fue elegido en junio de 2009 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años y re-electo para un segundo período, que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es Doctor en Derecho con mención honorífica por la UNAM y Maestro en Derecho Comparado de la Universidad de California en Los Ángeles, así como Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres de Perú y por la Universidad Autónoma de Coahuila, México. Es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue magistrado de la máxima autoridad jurisdiccional electoral de México.

El Comisionado Paulo Vannuchi es ciudadano de Brasil. Fue elegido en junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es consultor político y sindical. Estudió periodismo en la Universidad de San Pablo, con una Maestría en Ciencias Políticas. Fue Secretario Ejecutivo de la Coordinación Nacional de la Campaña Lula Presidente en 1994 y 2002. Fue Presidente del Consejo de Defensa de los Derechos Humanos, de la Comisión Nacional para Erradicar el Trabajo Esclavo y del Comité Nacional de Prevención y Combate a la Tortura en Brasil. Integró el equipo de trabajo que realizó la investigación “Brasil Nunca Más”, fue cofundador del Instituto Cajamar, y asesor político de la dirección nacional del Partido de los Trabajadores de Brasil.

El Comisionado James L. Cavallaro es ciudadano de Estados Unidos. Fue elegido en junio de 2013 por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inicia el 1 de enero de 2014 y finaliza el 31 de diciembre de 2017. Es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California y un doctorado en derechos humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, España. Además es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Fue fundador del Centro de Justicia Global y director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva es ciudadano de Colombia. Fue elegido en mayo de 2017 por el Consejo Permanente de la OEA a fin de llenar la vacante producida por la renuncia, el 9 de marzo de 2017, del Comisionado Enrique Gil Botero, su gestión finaliza el 31 de diciembre de 2019. Es doctor en derecho y ciencias sociales de la Universidad Libre de Colombia, especializado en derecho de familia y doctorando en derecho privado, derecho de la persona y de la familia de la Universidad de Zaragoza. Fue Magistrado de la Corte Constitucional entre marzo de 2009 y febrero de 2017. En 2014 fue designado presidente de la Corte Constitucional.

Alianza opositora proclama a Salvador Nasralla como candidato presidencial



Durante la asamblea extraordinaria de la Alianza Opositora contra la Dictadura, los partidos Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad (PINU) y Partido Anticorrupción -PAC- proclamaron a Salvador Nasralla como el candidato a la presidencia en las elecciones generales 2017.

Nasralla aceptó la candidatura luego de comprometerse a cumplir la propuesta de gobierno acordada por los partidos de oposición, en la que aseguran la construcción de una nueva Constitución y nuevos modelos económicos y de seguridad.

El anuncio lo hizo Xiomara Castro de LibRe, en medio de los miles de simpatizantes de los institutos políticos de oposición y después de firmar el documento doctrinario y plan de gobierno de los partidos de la Alianza.

“Hoy somos protagonistas de la gesta más grande de nuestro pueblo, nos hemos unido en Alianza para construir juntos el presente y el futuro de Honduras, una Alianza con la tarea de devolverle al pueblo la esperanza, seguridad, paz y justicia. Hemos tomado la decisión de nominar como candidato presidencial de la Alianza a Salvador Nasralla, cada uno de los tres partidos acompañaremos en la fórmula presidencial como designados", proclamó Xiomara Castro.

Salvador Nasralla, quien dijo aceptar el reto con humildad, aseguró que de llegar a ganar las elecciones generales el gobierno de la Alianza de Oposición acabará con los miedos de la población y será el más tacaño de la historia.

“Dejen de mentirnos políticos tradicionales. No queremos que nos sigan cortando la energía eléctrica y el agua, queremos servicios públicos gratis”, cuestionó Nasralla.

Nasralla, a quien el Tribunal Supremo Electoral no le reconoció el proceso de elecciones a lo interno del PAC, envió un mensaje a los empresarios: “vamos a promover la inversión, no más terrorismo fiscal, nos más impuestos, los empresarios también están con miedo, se acabaron los miedos”.

Agregó que “mientras el gobierno hace eso sigue derrochando el dinero en aviones, en gasto de seguridad para personas sin importancia, siguen derrochando en el Centro Cívico que vale lo mismo que una carretera costera, nosotros no vamos a permitir que sigan derrochando el dinero vamos a tener el gobierno más tacaño de la historia”.

En la fórmula presidencial acompañarán a Salvador Nasralla la candidata de Libertad y Refundación y el candidato del Partido Innovación y Unidad junto a otra persona que estarían determinando en las próximas horas, explica Guillermo Valle, presidente y aspirante del PINU, asegurando que la Alianza de Oposición Contra la Dictadura se ha consolidado.

“Le hemos sugerido al compañero Salvador Nasralla que para la compañera designada presidencial que falta, respetando la Ley de Paridad y Mecanismo de Alternancia, él pueda escoger entre las candidatas que tiene el PINU-SD o la compañera Eva Fernández de Corazón Azul”, detalló Valle.

La Alianza de Oposición, ahora con Salvador Nasralla como aspirante presidencial, se comprometió a construir un plan de Seguridad Comunitaria, política que se enfocará en la prevención del delito común, delincuencia juvenil, violencia doméstica y la extorsión.

La Alianza de Oposición Contra la Dictadura también propone: que las personas sin ingresos regulares no pagarán por la electricidad ni por el agua potable; cancelación de los cobro por concepto de peajes en carreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias; programas de promoción de la producción agropecuaria, para dar acceso a los pequeños y medianos productores a créditos; reforma agrícola Justa, con salvaguarda de las propiedades productivas; y un salario mínimo que se indexará al costo de la canasta básica.

José Manuel Zelaya, coordinador del partido LibRe y que por decisión de la Asamblea llevará la coordinación general y representación legal de la Alianza, anunció que el candidato Salvador Nasralla “iniciará la gira de la victoria y la alianza con el pueblo” el próximo 27 de mayo en la ciudad de Catacamas, Olancho.


Internet, hackers y soberanía



Por Fredes Luis Castro

El ataque informático de los últimos días empleó un software malicioso diseñado para bloquear el acceso al computador o sistema informático, hasta tanto se pague una determinada suma de dinero. El término ransomware alude a este dispositivo extorsivo, cuya reciente modalidad fue bautizada como WannaCry. Los atacantes se habrían apropiado de una de las tantas vulnerabilidades detectadas y almacenadas por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), de allí que Microsoft responsabilizara a la NSA por la fuga y posterior pandemia, comparando la propagación del virus con una sustracción de misiles Tomahawk al Ejército estadounidense. El héroe de la jornada fue un joven inglés de 22 años que descubrió un kill switch (interruptor asesino o de desconexión) que impidió una contaminación mayor. 
Los sospechosos de siempre
Se dificultó dirigir acusaciones a la patria de Putin, porque los rusos también fueron afectados. De hecho, en esta oportunidad las sospechas se cultivan en Moscú contra sus contradictores de siempre. Mikhail Delyagin, director del Instituto de Problemas de la Globalización, lo expresa sin tapujos: “Respeto la honestidad de los Estados Unidos. Nos amenazaron con un ciberataque y es lo que se produjo.” Sin embargo, especialistas rusos del Consejo de la Economía Digital lo descartan, por juzgarlo un ataque demasiado estúpido.

Sucede que pese a la velocidad y la extensión de WannaCry, llaman la atención los déficits del software, impropios de hackers experimentados. La inclusión del interruptor mencionado en el código del software facilitó la detección y paralización del ataque, otras fallas directamente no permiten identificar a las víctimas y sus desembolsos. Los desperfectos son propicios para alentar conspiraciones. Es posible conjeturar que el objetivo no fue recaudar dinero, sino humillar a una de las más importantes agencias de inteligencia de Washington. Pero si no fueron los rusos, ¿a quién culpar?

Para buena parte del imaginario global, cualquier cosa que se diga de Corea del Norte es creíble, por ende ya existen los que indican que el grupo Lazarus, desde hace años sindicado de ser amparado por Pyongyang, está involucrado en el ataque con WannaCry. Lazarus es conocido principalmente por el demoledor ataque contra Sony Pictures a fines del 2014, pero a posteriori fue acusado de desfalcar arcas bancarias de Filipinas, Ecuador, Vietnam y Bangladesh. ¿Por qué sospechan de Lazarus? El código de programa de puerta trasera empleado en una versión pretérita de WannaCry, llamado Contopee, también fue utilizado en sus intervenciones por Lazarus.

Gobernanzas y acciones públicas
¿Es posible que se materialice el “peor” escenario descrito en el informe de la Comisión Global sobre Gobernanza de Internet, en el cual la intensidad de las acciones maliciosas y de los controles políticos estimulen una desconfianza tal que reduzca más que significativamente el uso de la Internet? Es interesante advertir que la comisión ubica en el mismo plano de peligrosidad a la malicia criminal con la “excesiva regulación gubernamental” ¿Considerarán los miembros de la comisión que existió un excesivo despliegue de gobierno en el ciberataque norteamericano dirigido contra el programa nuclear iraní del 2013, o en el intento de manipulación de televisores y smartphones por hackers de la CIA, para convertirlos en hogareños y móviles vigilantes?

Con seguridad que a los globales gobernanzantes de la Internet no les gusta nada el Escudo Dorado chino, y su capítulo estrella: el Gran Cortafuegos, ingeniería legal y tecnológica diseñada para restringir accesos a servicios y plataformas digitales foráneos. En rigor de verdad, es posible obtener habilitaciones, las que se conceden si se manifiesta conformidad con los intereses nacionales establecidos por las autoridades comunistas. Al Reino del Medio no le interesa formar parte de aldea global alguna, por el contrario estima que las únicas plataformas reales son las soberanas y opera para que las digitales, como el resto de las actividades económicas, se subordinen a los lineamientos estatalmente fijados, al menos en la geografía que gobiernan.

El 11 de mayo de este año Donald Trump emitió una orden ejecutiva para fortalecer la ciberseguridad de las redes federales y las infraestructuras críticas. Se trata de un conjunto de enunciados, estándares y buenas prácticas, que, en primer término, aseguran continuidad al Marco para la mejora de la ciberseguridad de las infraestructuras críticas ordenado por Obama. La ciberseguridad estadounidense cuenta, entonces, con un respaldo bipartidario. Pero conviene registrar que en materia securitaria tan sensible, aparecen involucradas, por orden presidencial, las Secretarías de Trabajo y de Educación, con el objeto de participar con otras secretarías en la consideración y promoción de programas que desarrollen la fuerza de trabajo cibersecuritaria del futuro que su país necesita, en los sectores público y privado, con acciones que deben aplicarse desde los estudios primarios, hasta los más altos niveles, sin perjuicio de cursos y aprendizajes técnicos no universitarios. Además ordena al Director Nacional de Inteligencia que observe y revise los esfuerzos desarrollados por otros países, en tanto puedan comprometer la competitividad norteamericana en ciberseguridad.

Conclusiones
De ser cierto que el modelo de negocios primario de la Internet se edifica sobre una vigilancia masiva es del todo coherente que la criminalidad se especialice en la sustracción de informaciones más o menos íntimas. La progresiva privatización de la vida social, para beneplácito lucrativo de los monopolios extractivistas de datos del capitalismo digital, incrementa los bancos y depósitos de informaciones a los que apuntan los cibercriminales. Los ciberataques se multiplicarán en tanto la Internet apueste antes por la interacción social y la conectividad que por la inclusión y la libertad, la última mucho más predicada que actualizada por las figuras icónicas del capitalismo digital.

El desarrollo de capacidades cibersecuritarias es asunto de primer orden, para una eficaz y soberana defensa de los asuntos vitales de cada nación. El estadio tecnológico en que cada país se encuentra determina el tipo de discurso promovido en foros internacionales, y el grado de apertura de las políticas públicas de Internet y digitales. Pero incluso en los países tecnológicamente más avanzados existe una activa intervención, con el elemental fin de mantener sus ventajas en el largo plazo.

Los gobiernos que confíen en invisibles manos de mercado o improvisen ejercicios desactualizados deberán recomendar a sus ciudadanos que sigan las tres reglas comunicadas por el criptógrafo Robert Morris, jefe científico del Centro Nacional de Seguridad Informática de la NSA: no poseer una computadora, no encender una computadora y, por último, no usar una computadora.

Artículo publicado originalmente en el blog del autor Shushwap

¡Atención! El imperio mastica su derrota y su venganza

Rebelión

Por Ramón Pedregal Casanova *

“¡Ojo! / Estados Unidos sale / de espaldas. / Para defender el oro”
Poema “Oros son triunfos”, del libro Con la inmensa mayoría de Blas de Otero

Enterrada la OEA los muertos vivientes saldrán de su tumba y se volcarán y revolcarán; compungidos, sobre la tierra que ahora la cubre, la tierra de Latinoamérica, los muertos saldrán gritando espantosamente. Entonces habrá que cuidarse más, ya hay que cuidarse, pues los ricos cadáveres políticos arapientos, podridos y mal olientes, desesperados por la rabia, escarbando y mordiendo la que palada tras palada se han tirado encima, y la CELAC ha visto, intentarán echarse sobre ésta y matarla, para hacerla a su imagen y semejanza.

La CELAC basa su existencia en principios éticos y políticos que han hecho fortuna en los pueblos latinoamericanos y caribeños, o, ¿hay algo mejor que el respeto entre unos y otros, el respeto a la independencia y la soberanía de las naciones?, pues esos son sus principios. La respuesta no está en el viento, como dice la canción, la respuesta la dan los pueblos en transformación de sus sociedades, en tal punto el de Venezuela.

Si la primera consigna del gobierno de EEUU fue “América para los americanos”, de Monroe (1823) para expulsar a los colonizadores existentes, luego con Roosevelt (1904) ajustaron la consigna a la neocolonización denominando al Continente Sur como “el patio trasero de EEUU”. Los lacayos que bajo esa consigna el gobierno imperial ha venido comprando, le han entregado día a día las riquezas que pertenecen a los pueblos, para lo que uno y otros han aplastado revoluciones, gobiernos progresistas, levantamientos populares... que se dirigían a la realización de cada país desde la soberanía y la independencia del imperio del Norte.

El imperio del Norte, viejo y decadente, como corresponde a su proceso histórico, tiene frente a sí a Cuba soberana, invicta y admirada desde 1959 por los pueblos que buscan un camino propio. En los últimos años se han independizado Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y comienzan a andar El Salvador, Guatemala… Honduras, Paraguay, Brasil, Argentina, han sufrido golpes de Estado y presiones que han hecho que su marcha emprendida se detenga por el momento. El final de la partida aún no ha llegado, pero el patio trasero le patea el trasero al imperio.

Después de haberse marchado definitivamente la nueva Venezuela, la Venezuela Bolivariana, la OEA, morcilla teatral de EEUU, un cadáver político, en su última reunión no ha podido ni acordar una nueva fecha de reunión. Ha quedado a que la diga el viento, y, EEUU no puede hacer de la OEA un arma con la que perseguir a la nación que se le escapa.

La CELAC no es responsable de tal desaguisado, de ahí no ha salido una sola presión, una compra corrupta, ni un mal forcejeo. La CELAC agrupando a las naciones del Sur y del Caribe, sin intervención estadounidense, ha puesto por principios la defensa de la independencia, la soberanía y el respeto de cada nación a las demás en las soluciones que adopten, siempre que éstas hagan pie en esos tres pilares.

America Latina y el Caribe va dejando de ser “el patio trasero” de ese 1% del Norte que ha venido impidiendo, impide aún y quiere impedir a muchos países el desarrollo propio.

La próxima reunión de la CELAC es el día 20 de Mayo. EEUU querría frenarla, hacerla fracasar, por eso alimenta la violencia que ejerce la burguesía lacaya venezolana contra el gobierno del pueblo, el gobierno de la inmensa mayoría trabajadora dentro y fuera de Venezuela; serviles a ese amo, detrás del amo va la neocolonial Unión Europea, y el gobierno de Rajoy (PP, PSOE y Ciudadanos) parte de ella, cantando las mismas consignas contra la Asamblea Constituyente, contra la posibilidad de que el futuro lo elija el pueblo venezolano directamente. Por encontrarse este grupo de subordinados ricos en éste continente del euro, viento de nombre griego, cantan a sus pueblos como las sirenas a Odiseo, cantan para adormecer, drogar, engañar, insuflándoles el odio a sus hermanos de clase venezolanos. En los próximos días la Unión Europea aumentará la presión y el volumen de sus cantos.

El pueblo venezolano tiene los brazos abiertos a la solidaridad internacional. La oportunidad para manifestarla está el viernes 19 de Mayo, a las 20 horas en la Puerta del Sol de Madrid: con Venezuela Bolivariana, y contra la violencia, la injerencia extranjera, la agresión imperialista. El día 20, sábado, es la reunión de la CELAC.

EEUU mastica su derrota en la OEA y su venganza. ¡Ojo!, EEUU sale de espaldas, para defender el oro.

* Ramón Pedregal Casanova, los dos últimos libros “Gaza 51 días” y “Palestina. Crónicas de vida y Resistencia” pueden bajarse de internet. Presidente de la Asociación Europea de Cooperación Internacional y Estudios Sociales AMANE.

Medioambiente e igualdad social

Rebelión

Por Álvaro García Linera *

¿Puede la naturaleza hablar? ¿Puede la naturaleza contarnos los males que le afectan? Descontando el lenguaje verbal creado por el ser humano, la naturaleza no verbaliza; lo que sí tiene es una capacidad infinita de comunicar, mediante otros lenguajes no proposicionales, un conjunto de conmociones que la están perturbando. El calentamiento global es uno de estos cambios dramáticos que a diario la naturaleza nos informa. Cambios abruptos del clima, sequias en regiones anteriormente húmedas; deshielo de glaciales, cataclismos ambientales, huracanes con fuerza nunca antes vista, desbordes crecientes de ríos., etc., son solo unos de los cuantos efectos comunicacionales con los que la naturaleza informa de lo que le está sucediendo.
No obstante, la manera en que las catástrofes ambientales afectan la vida de la humanidad no es homogénea ni equitativa; mucho menos lo es la responsabilidad que cada ser humano tiene en su origen.

Clase y raza medioambiental

En la última década, se puede constatar que las catástrofes naturales más importantes están presentes por todo el globo terráqueo, sin diferenciar continentes o países; en ese sentido, existe una especie de democratización geográfica del cambio climático. Sin embargo, los daños y efectos que esos desastres provocan en las sociedades, claramente están diferenciados por país, clase social e identificación racial. De manera consecutiva, hemos tenido en el periodo 2014-2016, los años más calurosos desde 1880, lo que explica la disminución en el ritmo de lluvias en muchas partes del planeta. Aun así, los medios materiales disponibles para soportar y remontar estas carencias y, por tanto, los efectos sociales resultantes de los trastornos ambientales, son abismalmente diferentes según el país y la condición social de las personas afectadas. Por ejemplo, ante la escasez de agua en California, la gente se vio obligada a pagar hasta un 100% más por el líquido elemento, aunque esto no afectó su régimen de vida. En cambio, en el caso de la Amazonía y las zonas de altura del continente latinoamericano se tuvo una dramática reducción del acceso a los recursos hídricos para las familias indígenas, provocando malas cosechas, restricción en el consumo humano de agua y ‒especialmente en la Amazonía‒ parálisis de gran parte de la capacidad productiva extractiva con la que las familias garantizaban su sustento anual.

Asimismo, el paso del huracán Katrina por la ciudad de Nueva Orleans en 2005, dejó más de dos mil muertos, miles de desaparecidos y un millón de personas desplazadas. Pero los efectos del huracán no fueron los mismos para todas las clases e identidades étnicas. Según el sociólogo P. Sharkey [1] , el 68% de las personas fallecidas y el 84% de las desaparecidas eran de origen afroamericano. Ello, porque en las zonas propensas a ser inundadas, donde el valor de la tierra es menor, viven las personas de menos recursos; mientras que los que habitan en las zonas altas son los ricos y blancos.

En este y en todos los casos, la vulnerabilidad y el sufrimiento se concentran en los más pobres (indígenas y negros), es decir, en las clases e identidades socialmente subalternas. De ahí que se pueda hablar de un enclasamiento y racialización de los efectos del cambio climático.

Entonces, los medios disponibles para una resiliencia ecológica ante los cambios medioambientales dependen de la condición socioeconómica del país y de los ingresos monetarios de las personas afectadas. Y, dado que estos recursos están concentrados en los países con las economías dominantes a escala planetaria y en las clases privilegiadas, resulta que ellas son las primeras y únicas capaces de soportar y disminuir en su vida esos impactos, comprando casas en zonas con condiciones ambientales sanas, accediendo a tecnologías preventivas, disponiendo de un mayor gasto para el acceso a bienes de consumo imprescindibles, etc. En cambio, los países más pobres y las clases sociales más vulnerables, tienden a ocupar espacios con condiciones ambientales frágiles o degradadas, carecen de medios para acceder a tecnologías preventivas y son incapaces de soportar variaciones sustanciales en los precios de los bienes imprescindibles para sostener sus condiciones de vida. Por tanto, la democratización geográfica de los efectos del calentamiento global se traduce, instantáneamente, en una concentración nacional, clasista y racial del sufrimiento y el drama causados por los efectos climáticos.

Este enclasamiento racializado del impacto medioambiental se vuelve paradójico e incluso moralmente injusto cuando se comparan los datos de las poblaciones afectadas y de las poblaciones causantes o de mayor incidencia en su generación.

La nueva etapa geológica del antropoceno ‒un concepto propuesto por el Premio Nobel de Química, P. Crutzen‒, caracterizada por el impacto del ser humano en el ecosistema mundial, se viene desplegando desde la Revolución Industrial a inicios del siglo XVIII. Y, desde entonces, primero Europa, luego Estados Unidos, y en general las economías capitalistas desarrolladas y colonizadoras del norte, son las principales emisoras de los gases de efecto invernadero que están causando las catástrofes climáticas. Sin embargo, los que sufren los efectos devastadores de este fenómeno son los países colonizados, subordinados y más pobres, como los de África y América Latina, cuya incidencia en la emisión de CO2 es muchísimo menor.

Según datos del Banco Mundial [2] , Kenia contribuye con el 0,1% de los gases de efecto invernadero, pero las sequías provocadas por el impacto del calentamiento global llevan a la hambruna a más del 10% de su población. En cambio, en EEUU, que contribuye con el 14,5%, la sequía solo provoca una mayor erogación de los gastos en el costo del agua, dejando intactas las condiciones básicas de vida de su ciudadanía. En promedio, un alemán emite 9,2 toneladas de CO2 al año; en tanto que un habitante de Kenia, 0,3 toneladas. No obstante, quien lleva en sus espaldas el peso del impacto ambiental es el ciudadano keniano y no el alemán. Datos similares se puede obtener comparando el grado de participación de los países del norte en la emisión de gases de efecto invernadero, como Holanda (10 TM por persona/año), Japón (7 TM), Reino Unido (7,1 TM), España 5 TM), Francia 8% TM), pero con alta resilencia ecológica; frente a países del sur con baja participación en la emisión de gases de efecto invernadero, como Bolivia (1,8 TM), Paraguay (0,7 TM), India (1,5 TM), Zambia (0,2 TM), etc., pero atravesados de dramas sociales producidos por el cambio climático. Existe, entonces, una oligarquización territorial de la producción de los gases de efecto invernadero, una democratización planetaria de los efectos del calentamiento global, y una desigualdad clasista y racial de los sufrimientos y efectos de las conmociones medioambientales.

Medioambientalismos coloniales

Si la naturaleza comunica los impactos de la acción humana en su metabolismo de una forma jerarquizada, también existen ciertos conceptos referidos al medioambiente, parcializados de una manera todavía más escandalosa; o, peor aún, que legitiman y encubren estas focalizaciones regionales, clasistas y raciales.

Como señala McGurty [3] para el caso norteamericano en la década de los 70 del siglo XX, lo que hizo posible que el debate público sobre las demandas sociales de las minorías étnicas urbanas, e incluso del movimiento obrero sindicalizado, fuera soslayado, llevando a que la “temática social” perdiera fuerza de presión frente al gobierno, fue un tipo de discurso medioambientalista. Un nuevo lenguaje acerca del medio ambiente, cargado de una asepsia respecto a las demandas sociales, que ciertamente puso sobre la mesa una temática más “universal”, pero con responsabilidades “adelgazadas” y diluidas en el planeta; a la vez que distantes política y económicamente respecto a las problemáticas de las identidades sociales (obreros, población negra). Aspecto que no deja de ser celebrado por las grandes corporaciones y el gobierno que ven encogerse así sus deudas sociales con la población.

Por otra parte, el sociólogo francés Keucheyan [4] subraya cómo en ciertos países como Estados Unidos, el “color de la ecología no es verde sino blanco”; no solo por la mayoritaria condición social de los activistas ‒por lo general, blancos, de clase media y alta‒, sino también por la negativa de sus grandes fundaciones a involucrarse en temáticas medioambientales urbanas que afectan directamente a los pobres y las minorías raciales.

Al parecer, la naturaleza que vale la pena salvar o proteger no es “toda” la naturaleza ‒de la que las sociedades son una parte fundamental‒, sino solamente aquella naturaleza “salvaje” que se encuentra esterilizada de pobres, negros, campesinos, obreros, latinos e indios, con sus molestosas problemáticas sociales y laborales.

Todo ello refleja, pues, la construcción de una idea sesgada de naturaleza de clase, asociada a una pureza original contrapuesta a la ciudad, que simboliza la degradación. Así, para estos medioambientalistas, las ciudades son sucias, caóticas, oscuras, problemáticas y llena de pobres, obreros, latinos y negros, mientras que la naturaleza a proteger es prístina y apacible, el santuario imprescindible donde las clases pudientes, que disponen de tiempo y dinero para ello, pueden experimentar su autenticidad y superioridad.

En los países subalternos, las construcciones discursivas dominantes sobre la naturaleza y el medioambiente comparten ese carácter elitista y disociado de la problemática social, aunque incorporan otros tres componentes de clase y de relaciones de poder.

En primer lugar se encuentra el estado de auto-culpabilización ambiental. Eso quiere decir que la responsabilidad frente al calentamiento global la distribuyen de manera homogénea en el mundo. Por tanto, talar un árbol para sembrar alimentos tiene tanta incidencia en el cambio climático como instalar una usina atómica para generar electricidad. Y como en la mayoría de los países subalternos existe una apremiante necesidad de utilizar los recursos naturales para aumentar la producción alimenticia u obtener divisas a fin de acceder a tecnologías y superar las precarias condiciones de vida heredadas tras siglos de colonialidad, entonces, para estas corrientes ambientalistas, los mayores responsables del calentamiento global son estos países pobres que depredan la naturaleza. No importa que su contribución a la emisión de gases de efecto invernadero sea del 0,1% o que el impacto de los millones de coches y miles de fábricas de los países del norte afecte 50 o 100 veces más al cambio climático. Surge así una especie de naturalización de la acción anti-ecológica de la economía de los países ricos, de sus consumos y de su forma de vida cotidiana, que en realidad son las causantes históricas de las actuales catástrofes naturales. Dicha esquizofrenia ambiental llega a tales extremos, que se dice que la reciente sequía en la Amazonía es responsabilidad de unos cientos de campesinos e indígenas que habilitan sus parcelas familiares para cultivar productos alimenticios y no, por ejemplo, del incesante consumo de combustibles fósiles que en un 95% proviene de una veintena de países del norte, altamente industrializados.

La financiarización de la plusvalía medioambiental

Un segundo componente de esta construcción discursiva de clase es una especie de “financiarización medioambiental”. En los países capitalistas desarrollados ha surgido una economía de seguros, expansiva y altamente lucrativa, que protege a empresas, multinacionales, gobiernos y personas de posibles catástrofes ambientales. Así, el desastre ambiental ha devenido en un lucrativo y ascendente negocio de aseguradoras y reaseguradoras que protegen las inversiones de grandes empresas, no solo de crisis políticas, sino de cataclismos naturales mediante un mercado de “bonos catástrofe” [5] , volviendo al capital “resilente” al calentamiento global. Paralelamente a ello, en los países subalternos emerge un amplio mercado de empresas de transferencia de lo que hemos venido a denominar plusvalía medioambiental.

A través de algunas fundaciones y ONG, las grandes multinacionales del norte financian, en los países pobres, políticas de protección de bosques. Todo, a cambio de los Certificados de Emisión Reducida (CER) [6] que se cotizan en los mercados de carbono. De esta manera, por una tonelada de CO2 que se deja de emitir en un bosque de la Amazonía gracias a unos miles de dólares entregados a una ONG que impide su uso agrícola, una industria norteamericana o alemana de armas, autos o acero, que utiliza como fuente energética al carbón y emite gases de efecto invernadero, puede mantener inalterable su actividad productiva sin necesidad de cambiar de matriz energética o de reducir su emisión de gases ni mucho menos parar la producción de sus mercancías medioambientalmente depredadoras. En otras palabras, a cambio de 100.000 dólares invertidos en un alejado bosque del sur, la empresa puede ganar y ahorrar cientos de millones de dólares, manteniendo la lógica de consumo destructiva inalterada.

Así, hoy el capitalismo depreda la naturaleza y eleva las tasas de ganancia empresarial. Convierte la contaminación en un derecho negociable en la bolsa de valores. Hace de las catástrofes ambientales provocadas por la producción capitalista, una contingencia sujeta a un mercado de seguros. Y finalmente transforma la defensa de la ecología en los países del sur, en un redituable mercado de bonos de carbono concentrado por las grandes empresas y países contaminantes. En definitiva, el capitalismo esta subsumiendo de manera formal y real la naturaleza, tanto en su capacidad creativa, como el mismísimo proceso de su propia destrucción.

Por último, el colonialismo ambiental recoge de su alter ego del norte el divorcio entre naturaleza y sociedad, con una variante. Mientras que el ambientalismo dominante del norte propugna una contemplación de la naturaleza purificada de seres humanos ‒su política de exterminio de indígenas le permite ese exceso‒, el ambientalismo colonizado, por la fuerza de los hechos, se ve obligado a incorporar en este tipo de naturaleza idealizada, a los indígenas que inevitablemente habitan en los bosques. Pero no a cualquier indígena porque, para ellos, el que cultiva la tierra para vender en los mercados, el que reclama un colegio, hospital, carretera o los mismos derechos que cualquier citadino, no es un verdadero sino un falso indígena, un indígena a “medias”, en proceso de campesinización, de mestización; por tanto, un indígena “impuro”. Para el ambientalismo colonial, el indígena “verdadero” es un ser carente de necesidades sociales, casi camuflado con la naturaleza; ese indígena fósil de la postal de los turistas que vienen en busca de una supuesta “autenticidad”, olvidando que ella no es más que un producto de siglos de colonización y despojo de los pueblos del bosque.

En síntesis, no hay nada más intensamente político que la naturaleza, la gestión y los discursos que se tejen alrededor de ella. Lo lamentable es que en ese campo de fuerzas, las políticas dominantes sean, hasta ahora, simplemente las políticas de las clases dominantes. Por eso, aun son largos el camino y la lucha que permitan el surgimiento de una política medioambiental que, a tiempo de fusionar temáticas sociales y ecológicas, proyecte una mirada protectora de la naturaleza desde la perspectiva de las clases subalternas, en lo que alguna vez Marx denominó una acción metabólica mutuamente vivificante entre ser humano y naturaleza [7] .

* El autor es Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

[1] P. Sharkey, “Survival and death un New Orleans: an empirical look at the human impact of Katrina”, en Journal of Black Studies, 2007; 37; 482. 

[2] Databank-Banco Mundial 2013.

[3] E. McGurty, Transforming Environmentalism, Rutgers University Press, New Brunswick, 2007.

[4] R. Keucheyan, La naturaleza es un campo de batalla, Clave Intelectual, España, 2016.

[5] Banco Mundial, “ Seguro contra riesgo de desastres naturales: Nueva plataforma de emisión de bonos de catástrofes”, en http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2009/10/28/insuring-against-natural-disaster-risk-new-catastrophe-bond-issuance-platform.

[6] BID/ BALCOLDEX, “Guía en Cambio Climático y Mercados de Carbono”, en https://www.bancoldex.com/documentos/3810_Guia_en_cambio_clim%C3%A1tico_y_mercados_de_carbono.pdf

[7] Marx, El Capital, Tomo III; Ed. Siglo XXI, pág. 1044, México, 1980.

viernes, 26 de mayo de 2017

Honduras: Continúa en riesgo la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres



Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la información probatoria para que las demás partes involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma exhaustiva e imparcial.

El 24 de mayo estaba programada la audiencia preliminar ante el Juzgado de Letras de la ciudad de Tegucigalpa de cuatro de las ocho personas acusadas de haber participado en el asesinato de la defensora lenca de derechos humanos, Berta Cáceres. Esta audiencia daría inicio formal al proceso contra estas cuatro personas.

La fecha de esta diligencia fue reprogramada después de que el 19 de abril de este año fue suspendida a petición de los abogados de los acusados y de la representación legal de la familia de la defensora, debido a que el Ministerio Público no había entregado la información probatoria completa en la que basa su acusación. En esa ocasión, la audiencia fue reprogramada para el 28 de abril y fue suspendida nuevamente debido a la falta de acceso a la información requerida.

No obstante, la audiencia fue nuevamente aplazada para el 7 de junio, debido a que el Ministerio Público no entregó con suficiente anticipación la información probatoria para que los representantes de las familias puedan ejercer su derecho a buscar la verdad, la justicia y la reparación, ni para que los abogados defensores de los acusados puedan ejercer el derecho de defensa de acuerdo con los estándares del debido proceso. Según el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas – GAIPE, era necesario que el Ministerio Público entregara la información probatoria completa con suficiente anticipación, habida cuenta que, debido al gran volumen de información, será imposible revisarla y preparar adecuadamente el debate si es entregada solo algunos días antes del inicio de éste.

Además de las preocupaciones relativas al debido proceso, y al derecho a la justicia, la verdad y la reparación de la familia de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, se aúna la incertidumbre acerca de los avances que el Ministerio Público hondureño ha hecho en relación con la identificación de los autores intelectuales del asesinato; un llamado que
Amnistía Internacional ha reiterado durante meses.

El pasado 18 de mayo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó una reunión de trabajo en Tegucigalpa, para revisar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la familia de Berta Cáceres y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH. Sin embargo, los representantes del Ministerio Público,
que está a cargo de la investigación del asesinato de la defensora y de los ataques contra diversos integrantes del COPINH que dieron origen a las medidas cautelares, no se presentaron a dicha reunión.

La impunidad frente a ataques contra personas defensoras de derechos humanos sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrenta Honduras. Ante el asesinato de Berta Cáceres, las autoridades hondureñas están obligadas a llevar a cabo una investigación seria, imparcial y exhaustiva que permita identificar a todos aquellas personas que sean responsables del crimen, tanto material como intelectualmente, y de existir pruebas admisibles suficientes en su contra, hacerlos comparecer ante la justicia en un proceso justo y apegado al debido proceso.

Además, en este proceso las autoridades encargadas de la investigación deben ajustarse a los estándares internacionales de derechos humanos para respetar, proteger y garantizar el derecho al debido proceso de los acusados, así como el derecho de la familia de la defensora a la justicia, la verdad y la reparación. Amnistía Internacional hace un llamado a las autoridades para que garanticen el acceso a la información probatoria para que las demás partes involucradas en el proceso ejerzan sus derechos y para que la investigación del asesinato sea llevada a cabo de buena fe y de forma exhaustiva e imparcial.


El cambio climático ya alteró la geografía del Caribe hondureño


Por Thelma Mejía

Así es de fuerte el avance del mar en la zona costera de Balfate, en el Caribe hondureño, donde las barreras naturales están desapareciendo y el mar va conquistando metros tierra adentro. Crédito: Cortesía de Hugo Galeano para IPS

En el municipio de Balfate, una localidad de pescadores y pequeños agricultores en la costa caribeña de Honduras, los efectos del cambio climático ya se hacen sentir sobre su afamado paisaje y sus playas. El mar se acerca inexorable a las casas, mientras el ecosistema se deteriora.

“¿Qué cómo era antes? Recuerdo que había un cocal (plantación de palmeras de coco), luego venía la playa, había un bosque con monos aulladores. Hoy el cocal no existe y los monos se fueron”, dijo a IPS el defensor del ambiente Hugo Galeano, con más de tres décadas de trabajar en la zona.

“Donde está la playa ahora, en lo que entonces era 200 metros tierra adentro, había un frondoso cocal y un hermoso bosque. Hoy la geografía es otra, el mar se ha tragado mucha vegetación y está cada vez más cerca de las casas. Los efectos del cambio climático son palpables”, acotó.

Galeano coordina en Honduras el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) de las Naciones Unidas y es uno de los mayores expertos en el país sobre cambio climático. Además, promueve en zonas de escasos recursos proyectos de mitigación, reforestación y de integración comunitaria con prácticas amigables a la naturaleza.

Este hermoso árbol dejará de ser paisaje y barrera natural de defensa en poco tiempo en las playas de Balfate, en el centro de las costas caribeñas de Honduras, prevén los expertos. Crédito: Cortesía de Hugo Galeano para IPS

El municipio de Balfate, con una gran extensión territorial de 332 kilómetros cuadrados y algo más de 14.000 habitantes, es una de las localidades del caribeño departamento de Colón que integra el corredor costero en donde el impacto del cambio climático más ha alterado la forma de vida de sus habitantes.

También conforman ese corredor vulnerable comunidades como Río Coco, Lucinda, Río Esteban y Santa Fe. En ellas, el mar, cuentan pobladores, “está avanzando y los árboles se están cayendo de raíz, al no soportar la fuerza del agua, al haber desaparecido las barreras naturales de protección”.

Así relató a IPS la situación de Río Coco, Julián Jiménez, un pescador de 58 años, que asegura que antes su comunidad estaba a 350 metros del mar, pero ahora, “las casas están a la orilla de la playa”.

Río Coco pertenece al municipio de Balfate y está cada vez más a orillas del mar, en la parte central de la costa caribeña de este país centroamericano. Es un punto estratégico para comunicar por vía marítima con otras zonas costeras lejos de tierra firme como Plan Grande, por ejemplo.

Para llegar a Balfate hay que recorrer un trayecto por carretera, en las cercanías sin pavimentar, de casi ocho horas desde Tegucigalpa, aunque la distancia solo ronde los 300 kilómetros, y a Río Coco una más, con partes donde la presencia de mafias del tráfico de drogas resulta notoria.

Otro aspecto del avance del mar en las playas de Balfate, una tierra de afamados paisajes en el Caribe hondureño, cuya geografía ha cambiado drásticamente en comparación a hace tres décadas, testimonian sus pobladores. Crédito: Cortesía de Hugo Galeano para IPS

Jiménez no tiene dudas de que “esto que vivimos es por el cambio climático, el calentamiento global y el derretimiento de los glaciares, pues el mar se altera, y así se lo decimos a la comunidad. Desde hace una década les hacemos conciencia, pero falta mucho”.

“También somos culpables nosotros, pues en vez de proteger destruimos. Mire hoy tenemos problemas de agua y hasta de pesca. Ya casi no hay pescado como robalo y también nos cuesta encontrar camarón”, detalló.

“Cuesta que la gente entienda, pero todo está relacionado. Esto es irreversible”, sentenció Jiménez, quien es coordinador de una asociación de juntas administradoras del agua en las zonas costeras de Balfate y del vecino municipio de Santa Fe.

Pero no solo el departamento de Colón afronta problemas en sus costas, sino los cuatro de los 18 del país con costas al Caribe, cuyo mar hace el papel de frontera oriental del país.

En el de Cortés, en el extremo norte de la costa atlántica de Honduras, las áreas de Omoa, la Barra del Motagua y Cuyamelito, que conforman la cuenca del río Motagua, cerca de la frontera con Guatemala, soporta fenómenos similares.

Estas zonas que integran en golfo de Honduras y donde los pescadores reportan también una merma sustantiva en las capturas y en los rendimientos pesqueros, explicó José Eduardo Peralta, del Proyecto Marino Costero de la Secretaría (ministerio) de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, en diálogo con IPS.

“Aquí el nivel del mar ha tomado mayor área de playa que en otras zonas costeras y tierras productivas. En el caso de la pesca, hay problemas en la captura de langosta y medusa, ésta última con más de un año y medio de no pescarse, recién se informa de una captura hace un mes en la zona de la Mosquitia”, en el Caribe, dijo en su oficina en Tegucigalpa.

Este otro árbol de una de las playas de Balfate podría caerse en seis meses por la fuerza de las olas que labra sus raíces, como parte de la avanzada del mar. Crédito: Cortesía de Hugo Galeano para IPS

Peralta aseguró que existe preocupación en el gobierno por estos efectos del cambio climático, pues los mismos pueden alcanzar niveles dramáticos en pocos años.

El mar, dijo, está creciendo y “apropiándose de espacios terrestres, tenemos también la pérdida de biodiversidad asociada al cambio de temperatura del agua y a la acidificación de la misma”.

En coincidencia con la visión de Jiménez, Peralta aseguró que “las corrientes marinas están cambiando rápidamente, y la corriente no puede cambiar de la noche a la mañana. Los cambios deben ser entre 24 y 36 horas, pero ahora ya no es así. Esto se llama cambio climático”.

Honduras es considerado por organismos internacionales como uno de los países más vulnerables del mundo a los impactos climáticos, por estar en la ruta de los huracanes y por presiones internas que afectan sus humedales, como la deforestación y el cultivo de palma africana en extensiones sin control con un efecto directo en la escasez de agua.

El ecologista Galeano recordó que datos oficiales indican que en las zonas de humedales, hay aproximadamente dos hectáreas de cultivo de palma africana por una de mangle. Por ello, llama a poner atención a este tipo de cultivo, cuyo exceso tarde o temprano terminará impactando en los ecosistemas que interviene.

El 9 de marzo, el secretario de Ambiente, José Antonio Galdames, lanzó la Agenda Climática, que establece el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del país, cuya aplicación recién comenzó a estructurarse.

Entre las medidas que se ejecutarán bajo la sombrilla de ese plan, Galdames destacó ahora a IPS un proyecto de gestión integral en la cuenca del río Motagua, que incluirá reforestación, manejo de sistemas agroforestales y diversificación de los medios de vida a nivel de sistemas productivos.

Tras el paso del devastador huracán y posterior tormenta tropical Mitch en 1998, que causó pérdidas económicas incalculables, más de 5.000 muertos y 8.000 desparecidos, la vulnerabilidad hondureña se puso a flor de piel y dos décadas después del meteoro, el impacto climático se siente especialmente en las zonas costeras del Caribe, ya entonces entre las más afectadas por la catástrofe.

Con 8,4 millones de habitantes, Honduras cuenta con el 66,5 por ciento de los hogares en situación de pobreza, según cifras de las Naciones Unidas.

Editado por Estrella Gutiérrez

El Plan Educativo para qué



Hace unos días viví una crisis  nerviosa y de impotencia cuando varios docentes del COLPEDAGOGOSH – capítulo de El Progreso – me llamaron y dijeron que un docente – además considerado un gran amigo de esta fundación – dijo que Fe y Alegría Honduras era una de las ongs elegidas para llevar a cabo la privatización de la educación en Honduras.  Me dolió en lo profundo esa opinión no solo por el peso y responsabilidad que tiene tal señalamiento sino, también, por que quien lo dice es tan cercano y amigo que asumimos que si lo dice es por que es capaz de sustentarlo o miente de manera irreversible y dañina. Ya hablaré más adelante de ese tema. 
Pero lo del profesor se ha quedado corto este día. Como parte del proceso de formulación  del plan estratégico del sector educación 2017-2030 de Honduras nos hemos encontrado distintas organizaciones de la sociedad civil – incluido el COLPEDAGOGOSH organización a la que pertenece el amigo antes mencionado – y lo que ahí se dice sobre laeducación sí debe preocuparnos.

Tan doloroso y frustrante como que la calidad no es lo que importa, que las limitantes en este momento son insalvables y la forma de participación en la que todos debemos de vernos. Si estamos en la definición de un plan estratégico nacional de educación y no vemos la calidad como eje y la participación es efímera. ¿Qué futuro nos espera?

Pongan atención a esto, el señor Ramón Ulises Salgado es director del departamento de educación superior, es ex rector de la Universidad Pedagógica Nacional y actual asesor de la rectora universitaria dijo e intento ser textual “que se hagan algunos cobros como matrícula, compra de materiales y aportes en la gestión para la infraestructura educativa no significa que sea educación privada”. ¿Cuál es el criterio al que apela el señor Ulises  para esa aseveración tan drástica y fuera de tono?  ¿Para que estamos en Honduras construyendo un plan del sector educativo, si ese plan ya trae consigo las condicionantes de negación a un camino a la privatización que en la educación nacional se experimenta? ¿Por qué para el señor Ulises esos cobros no son privatización si atentan directamente contra la gratuidad, si ese acto  de pagar por simple que lo pinte niega el acceso a miles de hondureños, si ese pago amenaza la equidad y de paso es una violación al derecho humano a la educación constitucionalmente se nos garantiza?

No entiendo la idea del plan del sector educativo (aunque sé que es necesario) desvinculado de la realidad de violencia que azota las zonas. Es ver esa realidad y buscarle una salida inteligente no brusca y dantesca – casi idiota – como la que se plantea actualmente pensando que con las armas pacificaremos las sociedades. Para las actuales autoridades no son necesarias las aulas escolares en condiciones sino las cárceles de máxima seguridad, no son importantes los cuadernos y los lápices sino los rifles y sus balas, no son importantes los docentes sino los militares. Es decir no es importante si la educación es pública por que la calidad viene por lo privado y tampoco, entiendo yo, se vuelve importante la inversión por que esa ya no debería ser competencia del Estado sino de quien venda el servicio.

No entiendo la inversión en un plan sectorial si no hay inversión en un proceso educativo que se sustenta en la calidad y en la condición jurídica que lo sustente. En Honduras se reforma el Código Penal, se regulan leyes de participación ciudadana, se crean nuevos delitos y se penalizan normas de conducta en ves de mejorar e invertir en la educación como herramienta de aporte sólido a la definición de nuevas sociedades. Hace ya más de un par de años que se firmó y aprobó una nueva ley de educación y de esa ley hay, todavía y sorpréndase – reglamentos que no han sido siquiera discutidos y menos aprobados. No entiendo la velocidad con la que las autoridades del estado apuntalan la creación de universidades policiales y militares y diezma los apoyos a la universidad del pueblo, donde se debe formar el pueblo, la que es del pueblo.

No entiendo la intención de un plan del sector educativo que vincula y pone como parte del mismo a las universidades privadas con las públicas cuando las intencionalidades no son las mismas. Especialmente, y póngale ojo a esto, cuando en Honduras hay 6 universidades públicas de las cuales dos son estrictamente castrenses y en lo privado hay 19 privadas. Las universidades privadas no van detrás de la calidad sino de la oferta y la demanda, las universidades privadas van tras los lucros financieros y no en la formación de nuevas sociedades de justicia y equidad social que en el fondo ideal debe dinamizar a la educación pública.

Como Fe  y Alegría creemos en la educación pública y le apostamos a ello. Creemos en la necesidad de un plan estratégico como condición ineludible al cambio de paradigmas, pero ese plan debe nacer de la gente, con la gente y para la gente. No es – por tanto – un plan a favor de unas cuantas gentes sino del país entero. El plan tiene que ser más humano y menos tecnisista en su proceso mismo hacia la calidad y con ello a ser más sociedad que institucionalidad. Como Fe y Alegría dialogamos con todos los sectores, articulamos con todos los sectores, pero nuestra posición es y será siempre la misma: educación pública de calidad y como derecho para todos los y las hondureñas y punto.

De manera que el susto y la ansiedad que el amigo docente del COLPEDAGOGOSH me dio ya no me afecta tanto. Descubrí en este espacio la palabra del profe en mención no es su palabra, es la palabra de todo aquel se construye en sus propios guetos, que no se plantea los diálogos sino es desde la destrucción y vorágine en la que nos forman y nos guían los dinámicas actuales. Del resto confiamos nosotros, hablan con libertad y propiedad las escuelas, los docentes y los alumnos de las escuelas con las que compartimos la opción de la calidad educativa. 

El Congreso Nacional Hondureño mantiene la penalización total del aborto


Rebelión

Por Alba Ubieto Oliván *

El pasado jueves 4 de mayo, en plena revisión del código penal, el Congreso Nacional hondureño decidió mantener las disposiciones del artículo 126 que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia.
Honduras tiene una de las legislaciones más restrictivas del mundo respecto al aborto, considerado una práctica ilegal incluso en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de malformación fetal o cuando el embarazo resulta de una violación –es decir, las tres circunstancias mínimas en las que el aborto debería practicarse conforme a los estándares del derecho internacional.

Pero el órgano legislativo no solo decidió dejar estas disposiciones intactas sino que endureció las penas a las que se exponen aquellas personas que practiquen o consientan el aborto. Según el nuevo código penal la mujer que consienta un aborto se enfrenta a una pena de entre 3 y 10 años de cárcel [1].

Tras el golpe de Estado contra Zelaya en 2009 las instituciones del país se debilitaron de manera considerable y las mujeres experimentaron un retroceso en los derechos que habían adquirido y que el Estado dejó de garantizarles. La contracepción de emergencia se penalizó totalmente y la educación sexual, obligatoria por ley desde la escuela primaria, ha dejado de garantizarse en la práctica.

El Centro de Derechos de Mujeres de Honduras es una institución feminista y autónoma que trabaja para promover los derechos de la mujer y la igualdad de género. Entre otras cuestiones, el centro trabaja activamente para promover los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y niñas, como son el acceso al aborto y los anticonceptivos [2]. Regina Fonseca, activista feminista y responsable de Defensa Internacional e Incidencia Política en el Centro, participó recientemente en varios eventos organizados por Amnistía Internacional y Front Line Defenders en el marco de la lucha por la despenalización del aborto en Irlanda (‘Repeal the 8th’). Ante la negativa del Congreso hondureño a despenalizar el aborto, Regina afirmó que esta decisión no hará que ella y sus compañeras se desanimen sino que van a seguir luchando para defender los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres hondureñas y su acceso a un aborto libre y seguro. Lo que piden las organizaciones feministas y de derechos de la mujer es que se legalice el aborto al menos en las tres circunstancias de excepción que contempla la mayoría de legislaciones del mundo. En este momento ya trabajan para recurrir la decisión del Congreso ante la Corte Suprema del país o los órganos regionales de derechos humanos, concretamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El aborto es una cuestión muy polémica en Honduras, donde la iglesia católica ejerce una influencia decisiva en la política interior y en los medios de comunicación. Una despenalización siquiera parcial del aborto tendría repercusiones positivas en los elevados índices de embarazo adolescente o en la falta de alternativas para las mujeres que quedan embarazadas víctimas de violación. Según datos del Centro de Derechos de Mujeres, 900 adolescentes quedan embarazadas cada año víctimas de violencia sexual, y el 17% de las mujeres que quieren abortan han sufrido violaciones [3]. Honduras es también uno de los países de Latinoamérica con la tasa más elevada de mortalidad materna: 120 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos en 2013 [4]. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto de riesgo está entre las principales causas de muerte materna en todo el mundo. En países en los que el aborto se ha despenalizado totalmente como Uruguay o Sudáfrica, se observan reducciones drásticas de la tasa de mortalidad materna. En Uruguay, por ejemplo, se legalizó el aborto voluntario en 2012 y desde entonces la tasa de mortalidad materna ha disminuido hasta 14 muertes por 100.000 nacidos vivos (2016) situándose como el segundo país de América con el menor número de muertes maternas después de Canadá [5].

Honduras es uno de los pocos países del mundo que penalizan el aborto en cualquier circunstancia al igual que Malta, El Salvador, Nicaragua, Chile y República Dominicana. Hay que recordar, sin embargo, que la prohibición estricta de la interrupción del embarazo no evita que las mujeres aborten; al contrario, las fuerza a recurrir al aborto clandestino en condiciones insalubres y poniendo en riesgo sus vidas. Según las estadísticas publicadas por el Instituto Guttmacher en 2016, hay una diferencia mínima entre el número de abortos practicados en los países en los que está permitido y aquellos practicados en los países que lo penalizan. Concretamente, en los países donde el aborto es ilegal –o permitido solo cuando existe peligro para la mujer– 37 de cada 1.000 mujeres han recurrido a esta práctica; por el contrario, solamente 34 de cada 1.000 lo han hecho en países en los que el aborto voluntario está legalizado, según datos de 2016 [6]. Un contraste tan insignificante se debe, por un lado, a la falta de acceso a los métodos anticonceptivos y, por otro, a un acceso restringido al aborto en práctica incluso cuando es legal.

Por ejemplo, Países Bajos, Francia, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Sudáfrica, Colombia o Uruguay cuentan con leyes bastantes progresistas que autorizan el aborto voluntario, eso sí, con límites de gestación diferentes –hasta 24 semanas en Países Bajos, Inglaterra y Colombia, 14 semanas en España, 3 meses en Italia, 12 semanas en Francia y Uruguay–; en circunstancias excepcionales, estos límites pueden prolongarse. En Uruguay un aborto puede practicarse hasta la semana 14 si el embarazo resultó de un crimen sexual; en Sudáfrica se pueden alegar incluso razones socioeconómicas para practicar un aborto de excepción hasta la semana 20.

No obstante, en algunos de estos países el acceso al aborto no se garantiza en la práctica incluso cuando reúne las condiciones que figuran en la ley . Lo más habitual es que las creencias religiosas o morales de los médicos, que invocan la objeción de conciencia a favor del no nacido, prevalezcan sobre la salud de las mujeres y su derecho a tomar decisiones sobre sus propios cuerpos. En Italia el 70% de los médicos invocan la cláusula de objeción para evitar realizar abortos incluso cuando la salud de la mujer está en riesgo [7].

En otros países como Noruega o Suecia el aborto está permitido en todos los casos anteriores y también por razones socioeconómicas –como ocurre en Francia, Italia y Sudáfrica. En estos últimos países, sin embargo, el intervalo entre la ley y la práctica es mucho más prominente que en los países nórdicos. Además, las legislaciones noruega, sueca y finesa prohíben la objeción de conciencia cuya práctica puede acarrear el despido de los médicos objetores [8].

Las organizaciones feministas y de derechos de la mujer continúan su lucha para que los derechos reproductivos y sexuales sean reconocidos como derechos humanos a escala nacional e internacional. Para ello, siguen presionando a los gobiernos a fin de que se garantice el acceso a la educación sexual, la contracepción, el cuidado reproductivo y el aborto a todas las mujeres sin discriminación. Todos tenemos un papel que desempeñar en este cambio a favor de la salud de las mujeres, de nuestra autonomía y de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos para que estos no se vean obstaculizados por ciertas creencias religiosas y desigualdades de género. 

Notas:



[3] CLADEM (2016) Girls, Mothers. Child mothers. Pregnancy and forced child maternity in Latin America and the Caribbean, Centro de Derechos de Mujeres, 


[5] International Journal of Gynaecology & Obstetrics (2016) ‘Reducing Maternal Mortality through the Prevention of Unsafe Abortion’, Vol. 134, 1, Ed: Anibal Faúndes, p.20

[6] 



Alba Ubieto Oliván es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. En la actualidad cursa un Master en Estudios de Género en NUIG, Irlanda.