miércoles, 31 de agosto de 2016

Elecciones y la polémica de la reelección en Honduras



Por Silvina Romano y Sabrina Flax

Considerando el calendario electoral hondureño, la campaña para las elecciones primarias pautadas para marzo de 2017 dará comienzo el próximo 12 septiembre, mientras que las elecciones generales a la presidencia serán en noviembre de 2017.
Tal como está el mapa electoral hasta el momento, el actual presidente, Juan Orlando Hernández buscaría su reelección, en tanto líder del Partido Nacional (PN); por el Partido Liberal (PL) disputarán las primarias entre seis candidatos1; y Por el partido Libertad y Refundación (LIBRE) se presentaría Manuel (Mel) Zelaya.

La polémica actual gira en torno a la posibilidad de la reelección presidencial, hecho que genera rupturas en la oposición al gobierno, especialmente al interior del partido LIBRE. Recordemos que en abril de 2015 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó la posibilidad de la reelección presidencial, seis años después de que Manuel Zelaya fuera derrocado por promover una consulta sobre ese tema2.

Sin embargo, desde el bloque de la oposición (PL, Partido AntiCorrupción y LIBRE) se había llevado al Congreso hondureño la solicitud de un plebiscito para consultarle a la población si acordaba o no con la reelección. Paralelamente, se pidió a la CSJ que convalide la constitucionalidad de dicho plebiscito. En la última semana la Corte ha manifestado que “no se pronuncia opinando, dictaminando o interpretando situaciones de carácter factico – jurídico que como ya se ha establecido ya la instancia competente la Sala Constitucional como interprete último y definitivo de la Constitución de la República ha dado ya una decisión de ejecución inmediata y con efectos generales firmes e inmutables en dos fallos, tal como lo contempla los artículos 6 y 94 de la Ley sobre Justicia Constitucional”3. De esta manera, queda sin efecto el plebiscito –que de todos modos no alcanzó en el Congreso los votos necesarios4– quedando totalmente habilitada la posibilidad de la reelección presidencial.

Esta discusión ha alcanzado a las filas del partido LIBRE donde se han generado desacuerdos –y consiguientes deserciones– en torno a la aceptación o no de la reelección. Zelaya se ha posicionado a favor, para poder postularse, mientras que varios miembros de su partido manifestaron abiertamente su oposición5. Lo que propone LIBRE es que los electores durante las primarias tomen la decisión de postular o no a Zelaya para elecciones presidenciales, por medio de una consulta popular partidaria. Rasel Tomé, parlamentario de LIBRE y principal opositor a la decisión de Zelaya, argumentó –antes de que se conociera lo expresado por la CSJ respecto al tema– que la reelección va en contra de la Constitución, pues el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que la habilita sería ilegítimo6. No obstante Zelaya ya ha manifestado sus intenciones de volverse a postular a la presidencia.

Por su parte, el Partido Nacional acordó en junio pasado presentar a Juan Orlando Hernández para la reelección, siguiendo un modelo de reelección similar al de EUA, donde se hace de manera continua7. Desde el Partido Nacional se afirma que Hernández será naturalmente reelegido8. ¿Será este el modelo que volverán a elegir los hondureños? En este sentido, es válida la pregunta de si los presidentes de turno desde el derrocamiento de Zelaya representan las necesidades y anhelos de las mayorías o se trata de funcionarios dedicados ante todo, a preservar el orden establecido.

Notas:









La realidad de quienes defienden los Derechos Humanos en Honduras



En las últimas semanas, se han hecho públicas dos cuestiones que vienen a confirmar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el año 2015: la existencia de una grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó el pasado viernes 12 de agosto sus observaciones finales en el marco del segundo examen periódico al Estado de Honduras. Las conclusiones de este comité reflejan su profunda preocupación en relación con la situación de quienes defienden los derechos humanos.

El Comité contra la Tortura condenó los numerosos atentados mortales contra defensores y defensoras, periodistas y activistas medioambientales desde 2009, e hizo especial referencia al asesinato de Berta Cáceres y a la implicación de un oficial en activo del ejército.

Asimismo el comité mostró su preocupación por declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que descalifican el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas “poniendo en riesgo su integridad física”.

Por otra parte, en un comunicado conjunto de fecha 19 de agosto, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, y el Relator Especial sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez, indicaron que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana, solo en el año 2016 han sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Para estos relatores especiales, estos hechos criminales no sólo afectan las garantías básicas de cada persona, sino que también “socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”.

Por ello, ambos relatores le han exigido al Estado hondureño adoptar y aplicar inmediatamente medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos con el fin de que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato, y no permitir que los crímenes queden en la impunidad.

Lo señalado por el Comité contra la Tortura y los Relatores Especiales son un llamado de atención importante para el gobierno hondureño pues pese a las campañas mediáticas, le demuestra que la situación de violencia e impunidad contra las personas defensoras de derechos humanos no se puede tapar con un dedo.

A la ofensiva por los derechos humanos



El 39 Congreso de la FIDH ya está en marcha!

Nuestros 178 organismos miembros se reunieron en Johannesburgo para nuestro congreso de 5 días del 23 al 27 de agosto. Este evento trienal, organizado en colaboración con nuestras organizaciones en Sudáfrica – Abogados por los Derechos Humanos, en Botswana – DITSHWANELO, y en Zimbabwe – ZimRights, bajo el alto patrocinio del Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu.

El programa cuenta con 5 días de intenso debate y discusión con el objetivo de impulsar los derechos humanos hacia adelante. Este es un momento único en la vida de nuestro Movimiento por los Derechos Humanos, con más de 400 activistas de derechos humanos procedentes de todo el mundo.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el Constitution Hill, un lugar altamente simbólico y sede de la Corte Constitucional, ex cárcel de mujeres, y del complejo donde tuvieron a numerosos presos políticos durante el apartheid. Los participantes visitaron las prisiones y participaron de una marcha en homenaje a la acción de los defensores de derechos humanos.

El día continuó con una serie de talleres. Las discusiones pusieron en perspectiva los niveles sin precedentes de ataques contra quienes condenan las violaciones de derechos humanos alrededor del mundo.

Seis años de impunidad



Esta semana se cumplieron seis años de la matanza en Tamaulipas, en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Hace seis años murieron masacrados 72 migrantes en el Rancho de San Fernando. Los migrantes eran de origen centroamericano y sudamericano. De esa barbarie sobrevivieron tres migrantes de los cuales solo dos fueron identificados: un ecuatoriano y un hondureño.

Seis años han pasado y la realidad migratoria no cambia, se agudiza. Los pobladores del denominado Triángulo norte: Honduras, El Salvador y Guatemala, siguen saliendo en masa hacia Estados Unidos. Otro flujo que ha aumentado es el de nicaragüenses hacia Costa Rica. Para quienes toman la ruta migratoria hacia el norte, México sigue siendo el territorio donde se le violentan los derechos humanos, hasta el derecho más fundamental como es la vida. Los caminos que transitan los migrantes siguen estando llenos de peligros con la operación del crimen organizado que los secuestra, asalta y en el último de los casos los asesina, y todo se queda en total impunidad.

Pero la responsabilidad es no solo de las autoridades mexicanas. Los gobiernos centroamericanos no han hecho nada para parar el flujo migratorio de sus países, es más, ahora no solo salen hombres y mujeres sino familias completas con sus niños y niñas. Los gobiernos centroamericanos entienden que ahora, además de las razones económicas la población migra huyendo de la violencia y otros van en busca de la reunificación familiar. Los gobiernos saben las causas y muy poco profundizan en las soluciones.

La masacre de San Fernando fue la oportunidad perfecta para que, en medio del dolor, se pudieran asumir verdaderos compromisos de respeto a los derechos humanos de las personas expulsadas de sus países.

Pero nunca es tarde, estamos en los tiempos oportunos para tomarse decisiones serias que lleven a crear políticas públicas que busquen generar empleos dignos con salarios justos para la población desempleada, sobre todo joven. Garantizar la seguridad ciudadana a la gente tomando decisiones efectivas que paren la violencia que es mucho más que la tasa de homicidios que presenta el país.

Estos compromisos deben ir unidos a una exigencia internacional de respeto a la vida de los ciudadanos, y crear las condiciones necesarias para que matanzas como la de San Fernando no se repitan y al contrario se investiguen para sacarlas de la impunidad. Además apostarse por la migración no como una opción para huir del país sino como una oportunidad y un derecho humano.

Intelectual francés destaca entrega de Fidel Castro a los pueblos

Prensa Latina

Por Luisa María González

Fidel Castro siempre ubicó la suerte y el destino de los desheredados en el centro de su reflexión y de su acción, destacó hoy el intelectual francés Salim Lamrani, a propósito del cumpleaños 90 del líder revolucionario.
En declaraciones a Prensa Latina, el ensayista recordó las políticas impulsadas por Fidel "a favor de un mundo menos injusto, una repartición más equitativa de las riquezas, una resolución pacífica de los diferendos y una preservación de la naturaleza".

Para definir al líder cubano, quien celebró ayer sus nueve décadas de vida, Lamrani resaltó tres aspectos esenciales y lo calificó inicialmente como el arquitecto de la soberanía nacional que hizo realidad el sueño de José Martí de una Patria libre.

Como un segundo elemento, lo consideró el reformador social que siempre ha defendido el derecho de los humildes a una vida digna, y por último: "el internacionalista que siempre ha extendido una mano generosa a los pueblos necesitados del planeta".

En síntesis, estimó, su principal combate ha sido la edificación de una Cuba soberana e independiente que no negocia sus principios, su sistema político, ni su modelo de sociedad.

El escritor francés, autor de libros como "Fidel Castro, Cuba y los Estados Unidos" y "Cuba frente al Imperio", estimó que para dar continuidad a su obra es vital luchar por la preservación del medioambiente, pues la especie humana corre el peligro de autodestruirse.

"Es la gran preocupación de Fidel Castro, quien dedica muchos esfuerzos para despertar consciencias sobre la inminencia y el carácter casi irreversible de ese proceso", aseveró.

El intelectual opinó que la mejor forma de celebrar el cumpleaños es que Cuba y sus futuras generaciones sigan la lucha para preservar la independencia nacional y fortalecer el socialismo en la isla caribeña.

"Cuba debe seguir siendo la isla de la generosidad y de la solidaridad que le abre los brazos a los oprimidos del mundo", sostuvo.

Lo que los medios de información no dicen sobre las elecciones en EEUU

Nueva Tribuna

Por Vicenç Navarro *

Sin lugar a dudas, EEUU está viviendo una situación política de enorme importancia, que puede llegar a afectar no solo a aquel país, sino también a todo el mundo, como consecuencia de la centralidad que el gobierno del Estado federal de EEUU tiene en el orden (mejor dicho, desorden) internacional. La novedad en esta situación es la existencia de un candidato a la presidencia del gobierno federal (el candidato republicano, el Sr. Donald Trump) que ha sorprendido a la estructura de poder político de EEUU y de sus aliados, por representar una sensibilidad política que tal establishment percibe como amenazante.
Es interesante señalar que hay elementos comunes y semejanzas históricas entre lo que pasó en Europa en los años treinta, con el surgimiento del nazismo y del fascismo en este continente, y lo que pasa ahora en EEUU. Ni que decir tiene que la historia nunca se repite miméticamente. Nunca lo ocurrido en el pasado se reproduce ahora en el presente de una forma idéntica. Pero tal observación no niega la posibilidad de que existan elementos parecidos y situaciones en común entre los años 30 en Europa y ahora en EEUU. Veamos los datos.
Qué pasa hoy en EEUU
En la manera como los medios de información presentan la situación política en aquel país, los candidatos aparecen en el centro de la atención mediática, tanto en las primarias de cada partido (el Demócrata y el Republicano), como ahora en la carrera hacia la presidencia de EEUU entre el candidato republicano Donald Trump y la candidata demócrata Hillary Clinton. De esta manera, la gran atención mediática se ha dirigido hacia las características personales de Donald Trump y de Hillary Clinton. Y el que, con mucho, ha atraído mayor atención mediática ha sido el primero, Donald Trump, al que se presenta como un político atípico que rompe con todos los moldes del comportamiento convencional, que le convierte en una personalidad sumamente mediática y teatral, que confronta y ridiculiza la cultura de lo "políticamente correcto", mostrando su desprecio hacia las minorías y hacia las mujeres, a las que presenta como los máximos beneficiarios de la política social federal destinada a corregir la discriminación de raza y de género existente en aquel país. Sus conferencias de prensa se convierten en shows teatrales en los que el candidato Trump, en un tono provocador y muy desafiante, se presenta como el defensor de la clase trabajadora blanca en contra del establishment político y mediático del país. La enorme atención mediática hacia este candidato refleja el interés hacia una figura fuera de lo común que clara y abiertamente se presenta como antiestablishment. Como bien dijo un dirigente de la mayor cadena televisiva de EEUU, CBS, "Trump puede que sea un desastre para EEUU, pero ha sido excelente para la industria televisiva". En realidad, por paradójico que parezca, Trump ha sido claramente promovido por las mayores compañías de televisión de EEUU. ¿Por qué? Usted, lector, no podrá entender esta paradoja leyendo la prensa, oyendo los medios radiofónicos o viendo la televisión del país, que se centran en las personalidades.
¿Por qué la aparición de Donald Trump y su éxito?
Los medios no dan respuesta a esta pregunta clave. Para responderla se necesita analizar la situación social y económica de EEUU y el gran deterioro del bienestar y calidad de vida de la clase trabajadora de este país, causado predominantemente por las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno federal de EEUU, tanto su rama ejecutiva (incluyendo todos los gobiernos desde los años ochenta) como su rama legislativa (la Cámara de Representantes y el Senado, ambos controlados antes por el Partido Demócrata y más tarde por el Partido Republicano). Un punto en común en todas estas políticas ha sido el inspirarse en la doctrina neoliberal, iniciada por el Sr. Ronald Reagan (y por la Sra. Margaret Thatcher en el Reino Unido) y seguida por todos los otros presidentes desde entonces: Bush padre, Clinton, Bush hijo y Obama.
El punto esencial de tal doctrina neoliberal ha sido el de liberalizar la economía, lo que quiere decir favorecer la movilidad de capitales e inversiones a nivel mundial, eliminando cualquier tipo de freno o regulación que pueda entenderse como proteccionista, es decir, que obstaculice dicha movilidad. Como ya he indicado en varias ocasiones, tal movilidad favorece al mundo de las grandes empresas a costa de las pequeñas y medianas empresas y también a costa de la gran mayoría de la clase trabajadora, la cual, al desplazarse sus puestos de trabajo a otros países con salarios más bajos, se queda sin trabajo. La evidencia de que el impacto de los llamados tratados de libre comercio ha sido sumamente negativo para el bienestar de la clase trabajadora es enorme. Desde que el presidente Clinton firmó el tratado de libre comercio en 1994 entre EEUU, Canadá y México (NAFTA por sus siglas en inglés), quince fábricas por día han dejado EEUU en busca de países con salarios más bajos y con menor protección social. Como consecuencia, seis millones de puestos de trabajo en el sector manufacturero han desaparecido. Un ejemplo entre miles es United Technologies Corporation (UTC), en Indiana, que pagaba a sus trabajadores 20 dólares por hora. En México, pagaba solo 3 dólares. UTC despidió en Indiana a más de mil trabajadores y se desplazó a México. Y así miles de fábricas, primordialmente del sector manufacturero, que era el centro de la clase trabajadora bien pagada. Hay que aclarar que UTC, cuando decidió desplazarse a México, no tenía pérdidas. Todo lo contrario, tenía unos beneficios considerables. Pero la dirección de la empresa consideró que los beneficios serían incluso más elevados en caso de situarse en México. En realidad, tal desplazamiento de puestos de trabajo ha sido la mayor causa de destrucción de empleo en los Estados industriales de EEUU (mucho mayor que la creada por la revolución digital o robótica). En Estados como Ohio, Michigan, Pensilvania y otros, el porcentaje de la población trabajadora en los sectores manufactureros ha descendido desde la aprobación del NAFTA de una manera muy notable (en Ohio, 300.000 puestos de trabajo en la manufactura, pasando de representar tales puestos un 24% a solo un 15%; un tanto semejante en Michigan, donde pasaron del 24% a un 16%; y así en otros Estados industriales).
El gran coste de los tratados de libre comercio para la clase trabajadora
Esta movilidad de empresas facilitada por los tratados de libre comercio ha sido devastadora para los trabajadores de la manufactura (que estaban entre los mejor pagados en EEUU). Zonas enteras de este país han pasado de estar en una buena situación económica a una situación desastrosa. Y la calidad de vida de grandes sectores de la clase trabajadora manufacturera ha sido afectada muy negativamente. En realidad, la esperanza de vida de la clase trabajadora blanca (años de vida que una persona vivirá como promedio) se ha reducido durante estos años de neoliberalismo.
Y de ahí el enorme enfado de esta clase trabajadora de EEUU con el establishment político, y muy en especial contra el establishment federal, al cual se le percibe correctamente como el instrumento de la clase corporativa (los directivos, propietarios y gestores de las grandes corporaciones o empresas que se desplazan a otros países), que se ha beneficiado enormemente de la globalización de sus empresas a costa del bienestar de sus trabajadores en EEUU.
Por cierto, estas inversiones en países con salarios bajos tampoco benefician a los trabajadores de los países "pobres" receptores de tales industrias, pues aun cuando es cierto que tales inversiones crean puestos de trabajo, también hay que darse cuenta de que destruyen muchos más puestos de trabajo en las empresas medianas y pequeñas locales, que no pueden competir con las grandes empresas procedentes de los países "ricos", pues las leyes de libre comercio siempre favorecen a estas últimas sobre las locales, a las cuales se fuerza a abandonar cualquier tipo de proteccionismo, sin el cual tales industrias locales no pueden surgir. Hay que recordar, por cierto, que todos los países hoy desarrollados fueron proteccionistas a fin de permitir su desarrollo económico. Y que incluso hoy tales países "ricos" son altamente proteccionistas. La incorporación de los países subdesarrollados en tales tratados de libre comercio, imponiéndoles la eliminación de medidas proteccionistas, los condena al subdesarrollo.
Era predecible que Trump ganara las primarias del Partido Republicano (y podría ganar las elecciones a la presidencia de EEUU)
Es en este contexto que se entiende el éxito electoral del candidato Trump. Durante las primarias del Partido Republicano, tal candidato fue el único que exigió la eliminación de los tratados de libre comercio (desde el NAFTA hasta el nuevo tratado de EEUU con los países del Pacífico), utilizando una narrativa antiestablishment (acusando al gobierno federal de facilitar tales tratados) que lo ha hecho sumamente atractivo para la clase trabajadora estadounidense. Su postura antiestablishment incluye también una crítica a otra dimensión del gobierno federal, al cual acusa de favorecer en sus políticas públicas sociales a las minorías (negros y latinos) y a las mujeres a través de sus políticas antidiscriminatorias, que se financian -según él- con los impuestos aportados por la clase trabajadora blanca. Para entender la capacidad movilizadora entre la clase trabajadora blanca de esta crítica, hay que ser consciente de que el sistema fiscal estadounidense tiene muy escasa capacidad redistributiva vertical (de las rentas superiores a las rentas inferiores). De ahí que sea percibido por las clases populares como redistributivo de tipo horizontal (por ejemplo, de la clase trabajadora blanca a la negra). Los beneficios sociales públicos en EEUU no son universales (es decir, que todo ciudadano o residente tiene derecho a ellos), sino que dependen del nivel de renta, convirtiéndose en programas de tipo asistencial para los pobres, humildes y necesitados (entre los cuales, la población negra y latina está sobrerrepresentada). De ahí que el Estado sea percibido como un Estado asistencial para con los negros (a los que se presume pobres), con programas financiados por los blancos. Y en esta percepción el Partido Demócrata es considerado como favorecedor de esta política social de tipo asistencial, no universal, orientada a facilitar la integración de las minorías y de las mujeres dentro del orden establecido, sin cuestionarlo. Y es ahí donde el lenguaje y la narrativa de Donald Trump, claramente anti políticamente correcto, empleados en un tono provocativo, se convierten en un elemento movilizador por sus características antiestablishment. Ni que decir tiene que este argumento se basa en muchos errores de percepción, tales como asumir que la mayoría de pobres en EEUU sean negros o mujeres, lo cual no es cierto. En realidad, la mayoría de pobres son blancos y hombres.
Los paralelismos entre el EEUU de hoy y la Europa de los años treinta
Para los que vivimos -como fue mi caso- nuestra juventud en dictaduras fascistas, como la liderada por el general Franco en España, nos es fácil detectar a un fascista cuando lo vemos. Pues bien, Donald Trump tiene características muy semejantes a las del fascismo europeo: un nacionalismo extremo de carácter racista y machista, que asigna al país una superioridad moral, profundamente autoritario, caudillista y antidemocrático, que alega representar al trabajador sin voz, explotado por el establishment político del país. Y su aparición como fenómeno político responde a una situación de gran cuestionamiento de la legitimidad de dicho establishment. Y es este, precisamente, el punto en común con lo que ocurrió en los años treinta en Europa.
El surgimiento del nazismo y del fascismo fue una consecuencia de la Gran Depresión. El enorme rechazo hacia el sistema capitalista por parte del mundo obrero hizo surgir movimientos contestatarios, bien de sensibilidad socialista, bien de sensibilidad comunista, que amenazaron las estructuras del poder económico y financiero de Europa. Fue en este contexto que apareció el movimiento nazi y fascista, con la intención de destruir y substituir a tales movimientos contestatarios. Y para ello utilizó lenguajes, discursos y símbolos próximos a aquellos partidos. Hay que recordar que el nazismo se autodefinió como nacionalsocialismo, utilizando argumentos que estaban enraizados en el ideario del movimiento obrero. En España, por ejemplo, los colores del partido fascista eran los colores del movimiento anarcosindicalista.
Hoy, la enorme crisis social, causada por la imposición de políticas públicas neoliberales que han afectado muy negativamente al estándar de vida de la clase trabajadora, ha generado un sector profundamente antiestablishment que han canalizado Trump y el candidato demócrata Bernie Sanders, los únicos candidatos que hablan de y a la clase trabajadora. La gran diferencia entre los dos es que mientras los grandes medios han dado gran visibilidad a Trump (que nunca ha cuestionado a la clase capitalista, proponiendo políticas tributarias claramente favorables a estas rentas superiores derivadas del capital), han silenciado a Bernie Sanders, pues su mensaje socialista entraba en claro conflicto con dicha clase capitalista. En realidad, canalizar el enfado a través de Trump era un objetivo de los medios de información, en lugar de que se hiciera a través de Sanders.
Ni que decir tiene que la clase capitalista (conocida en EEUU como la clase corporativa -the Corporate Class-) prefiere a una persona del mismo establishment, como la Sra. Clinton, que al candidato Trump, en parte debido a la imprevisibilidad de este último. Pero en este escenario el mayor "enemigo" es Sanders, al cual había que parar por todos los medios.
¿Podrá el Partido Demócrata ganar las elecciones presidenciales?
La otra gran sorpresa del año político (mayor que la del surgimiento de Trump) fue la candidatura de Bernie Sanders, un personaje independiente que decidió presentarse a las primarias del Partido Demócrata, consiguiendo ganar las primarias de aquel partido en 22 Estados (de un total de 50), recibiendo casi la mitad de todos los delegados elegidos durante las primarias del Partido Demócrata. La novedad de Sanders era que ha sido siempre un socialista, presentándose como tal desde el principio, sin ningún rubor o actitud defensiva. Y en el Senado ha sido la voz más potente en defensa de la clase trabajadora y otros componentes de las clases populares. Sus propuestas económicas y sociales eran claramente socialistas, siendo elementos esenciales de su programa el incrementar el salario mínimo a 15 dólares por hora, así como la derogación de todos los tratados de libre comercio, aumentando el grado de cobertura en el aseguramiento sanitario, y enfatizando la universalidad de los derechos sociales y laborales, rompiendo así con la filosofía institucional dominante en las políticas sociales del Estado federal, que son de carácter asistencial-benéfico en lugar de universal. Ha sido también altamente crítico con la política exterior de EEUU, que fue dirigida por la Sra. Clinton como Secretaria de Estado (rango homologable al de Ministra de Asuntos Exteriores). En realidad, la candidatura de Sanders ha sido la más progresista de todas las habidas en campaña electoral desde la de Jesse Jackson Senior en 1988.
Su éxito fue la gran noticia ocultada por los grandes medios, que claramente favorecían a Hillary Clinton sobre Sanders, el cual tenía en contra no solo a la dirección y el aparato del Partido Demócrata, sino a todos los grandes medios. A pesar de ello, Sanders consiguió el apoyo del electorado por debajo de los 45 años, personas que lo apoyaron masivamente.
Las limitaciones de las políticas identitarias: el resurgimiento de la clase trabajadora frustrada
El candidato Sanders cambió la estrategia de las fuerzas progresistas de EEUU, que desde los años ochenta desenfatizaron la estrategia de movilización de las clases populares, basada en la realización de que en EEUU había una estructuras de clases, las cuales estaban ahora claramente en conflicto entre ellas. La victoria del mundo empresarial era a costa de la clase trabajadora. En lugar de estas políticas de clase, la fuerzas progresistas habían enfatizado las políticas identitarias (a favor de las minorías y de las mujeres) con el objetivo de favorecer su integración dentro del sistema político-económico dominante en EEUU. Las instituciones del gobierno federal, en respuesta a esta estrategia, consiguieron, a través de las medidas antidiscriminatorias, integrar a tales minorías y a las mujeres dentro de las instituciones de dicho sistema. La elección de un ciudadano negro para la presidencia de EEUU muestra el éxito de estas políticas antidiscriminatorias. Y un tanto semejante ocurriría en el caso de que la candidata Clinton fuera elegida presidenta. Pero esta integración en el sistema establecido no ha cambiado el nivel de vida de la mayoría de negros y mujeres en EEUU, que pertenecen a la clase trabajadora, y ello como consecuencia de que no han cambiado las relaciones de clase social en aquel país. La realización de la importancia de este hecho explica el éxito del candidato Bernie Sanders, que enfatizó el lenguaje de clases sociales, así como medidas que beneficiaran a la clase trabajadora. De ahí su apoyo entre la clase trabajadora no solo blanca, sino también de las minorías (sobre todo jóvenes y trabajadores). Su éxito muestra las enormes limitaciones de las políticas identitarias en ausencia de políticas de clase. A pesar de este éxito, el candidato Sanders no pudo sobrepasar al aparato del Partido Demócrata, que facilitó la victoria de la candidata que dio prioridad a los temas identitarios sobre los temas de clase. Ello ha permitido que ahora sea el candidato Trump el que monopolice el tema de clase, presentando a la candidata Clinton como la representante del establishment político federal del país, lo cual, considerando la biografía personal de la Sra. Clinton, es difícil de rebatir. Por otra parte, el candidato Trump, hoy apoyado por los sectores más reaccionarios de la Corporate Class, es también vulnerable por sus orígenes y prácticas (siendo sus propuestas fiscales enormemente favorables a los intereses de tal clase corporativa). Ahora bien, será difícil para la Sra. Clinton, que es percibida ampliamente como representante del establishment, poder capitalizar esta vulnerabilidad del Sr. Trump. Sin lugar a dudas, el candidato Sanders hubiera podido mostrar las falsedades del Sr. Trump más fácilmente que la Sra. Clinton. Las encuestas mostraban que Sanders ganaba a Trump por unos porcentajes mayores que la Sra. Clinton.
¿Qué pasará?  
Una vez eliminado el peligro de Sanders, el establishment político se siente más seguro con Clinton que con Trump, al cual se opone una gran amalgama de fuerzas, incluyendo progresistas, que temen la reducción de la ya escasa democracia existente en aquel país, que quedaría incluso más reducida con la victoria de Trump. Por otra parte, la victoria de la candidata Clinton fue acompañada de un giro hacia la izquierda para conseguir el apoyo de los votantes de Sanders. En realidad, si el 30% de votantes de Bernie Sanders trasladaran su apoyo a Trump en lugar de Clinton, el primero ganaría las elecciones. De ahí el movimiento hacia la izquierda de Clinton, incluyendo el aumento del salario mínimo (aunque no ha hecho suya la cifra de 15 euros por hora que pedía Sanders), la denuncia de los tratados de libre comercio (aunque no ha prometido anularlos), su distanciamiento de intervenciones que ella había promovido y que resultaron ser un desastre (como Irak y Libia), y su promesa de reducir el intervencionismo militar. Y aunque es probable que la mayoría de votantes de Sanders pase a votar a Clinton, el hecho es que no es seguro que este apoyo vaya a ser unánime o claramente mayoritario. El comportamiento de la Sra. Clinton (orientado a conseguir el apoyo de los republicanos moderados) está desalentando al electorado sanderista, cuya abstención podría dar la victoria a Trump. Por otra parte, los medios de comunicación que habían sido relativamente favorables a Trump ahora se oponen con toda intensidad a este candidato, mostrando sus grandes incoherencias y puntos débiles, lo cual está deteriorando su aceptabilidad por parte de amplios sectores de la población estadounidense. Se abren toda una serie de interrogantes que añaden una gran inestabilidad a la situación política del país. Es una lástima que los medios no informen mejor para entender qué está pasando en EEUU. 
* Vicenç Navarro | Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra 

martes, 30 de agosto de 2016

Cierre de oficinas del INA es parte de la estrategia gubernamental para atacar al pueblo



Por Sandra Rodríguez

Con la aprobación del Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta diez días después, que anuncia el cierre de la mitad de las oficinas del Instituto Nacional Agrario, INA, no solo afecta a campesinos, sino que es un ataque a la población nacional.

Donaldo Domínguez, miembro del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario, SITRAINA, afirmó que el cierre de 19 oficinas a nivel nacional es un acabose para la Reforma Agraria, porque no solo afectará a los empleados, sino a los y las campesinas que aspiran a tener su tierra para la producción agrícola.

Por lo que esta acción desde el Ejecutivo también afectará la parte económica en cuanto a la movilización de sus beneficiarios directos, ya que son mayoritariamente personas de escasos recursos económicos, y ahora para realizar las gestiones necesarias deberán viajar a otras ciudades.

Los empleados del INA, denunciaron que se ha reducido el presupuesto de unos 120 millones de lempiras. Los trabajadores tienen ya dos meses sin salario, les deben las vacaciones respectivas a cuatro años, por lo que la situación es complicada. A todo esto les preocupa que con el cierre de oficinas, no solo sea el desempleo, sino que es parte de la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH), para despojar a los y las campesinas de sus tierras.

Mientras que, Jorge Vásquez, coordinador general de la Plataforma Agraria Nor-Occidental, agregó que la cancelación de oficinas del INA, además afectará a niños y niñas, quienes dependen totalmente de sus padres y madres. Esta no es una forma de ayudar al desarrollo del país, el gobierno debería enfocarse en ejecutar las leyes que favorezcan a los más desprotegidos.

Para el caso, en esa zona al menos 10 masacres se han ejecutado contra campesinos, la última fue contra dirigentes ancianos, porque no pudieron correr para huir de las balas en el departamento de Santa Bárbara.

Por lo que urge que al campesinado se le escuche en espacios de toma de decisión como en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional. No queremos que nos cierren los espacios, sino que nos den las oportunidades para exigir que se apruebe una Ley de Reforma Agraria Integral.

Se nos está violentando el derecho a la tierra, a la asesoría técnica y crediticia, al trabajo, a la alimentación , a la seguridad, aún más cuando más de cinco mil campesinos están con medidas sustitutivas a la prisión por exigir estos derechos; se nos sigue pisoteando, peor aun cuando tenemos al menos 12 compañeros presos.

Entre ellos están privados de libertad Abel Pérez y Santos Hernández, en Nacaome, Valle, al sur del país, por hacer uso de tierras para un parqueo en semana santa del año pasado. Están acusados por usurpación, daños y amenazas contra el terrateniente Jorge Luis Cassis, en la comunidad de Playa Blanca, Amapala, donde se pretende intalar la primera Zona de Empleo y Desarrollo Economico, ZEDE, o “Ciudad Modelo”.

A criterio de Vásquez, lo que está haciendo JOH, es entregando el país por pedazos, quien sigue el plan iniciado por su homólogo Rafael Leonardo Callejas (presiente de Honduras en el periodo 1990-1994), y nosotros no lo podemos permitir, nuestros antepasados han entregado su sangre por defender esta tierra, y debemos continuar la lucha, afirmó Vásquez.

El pasado 2 de marzo, la defensora de Derechos Humanos, del pueblo indígena Lenca y los bienes comunes, Berta Cáceres Flores, fue asesinada en su vivienda. El crimen sigue en la impunidad, al no capturar a ningún hechor intelectual, pese a que la defensora había hecho reiteradas denuncias de amenazas, por manifestarse en contra de la construcción de represas hidroeléctricas.

En el pueblo indígena Lenca del departamento de las paz, solo en el 2015, más de 20 personas defensoras de la tierra y los bienes comunes fueron asesinadas, al igual que el 95 por ciento de los crímenes en Honduras, siguen en la impunidad. Otro tanto fue procesado legalmente en desalojos violentos.

Y es desde la época de 1990 con los ajustes estructurales a países débiles, se aprobó un proyecto del Banco Mundial con el que se redujo el presupuesto público para la producción y en el 2009, con el Golpe de Estado se controla los recursos naturales.

En el 2014 se firmó un acuerdo para la reducción del costo público entre el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Gobierno. De ahí vemos el despido de cientos de empleados de empresas de servicio público como energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y ahora el INA, declaró Yony Rivas, vocero de la Plataforma Agraria en el Bajo Aguán.

La zona del Aguán, se ha instalado a nivel mundial por el conflicto de la tierra, desde el 2010, más de 130 personas han perdido la vida entre campesinos, campesinas y guardias de seguridad privada. Se ha militarizado la zona de forma permanente y las violaciones a derechos humanos no se hacen esperar, sin que exista investigación de los casos, pese a que existe de parte del Ministerio Público la Unidad de muertes Violentas en el Bajo Aguan (UMVIBA-MP).

Hay escuadrones de la muerte, paramilitares, infiltrados, militarización, persecución, criminalización, toso eso es parte de las estrategias para debilitar a las bases campesinas, aseguró Rivas.

Y afecta no solo a nuestro sector, sino que se daña a toda la población, por lo que la sociedad completa debería manifestarse en contra del cierre de las oficinas del INA y que se brinde mayor apoyo al agro. Si ahora dependemos de la importación del 70 por ciento de nuestra alimentación, en unos cinco años tendremos que comparar desde afuera hasta un 95 por ciento de lo que comemos.

En el Bajo Aguán, se hace esfuerzo por producir maíz, frijoles, plataforma, yuca y frutas, aunque es a baja escalo para consumo familiar, porque hay una política estatal a la producción de palma africana, afirmó el dirigente campesino, quien en junio pasado fue absuelto en juicio oral y público junto a más de 20 personas, acusados de participación ilícita en su condición de meros espectadores, y daños contra el Estado, cuando hacían un planto en el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa, cerca de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, en agosto del 2012.

Ése día hayan sido citados por una comisión de magistrados, para hablar sobre el caso de sus empresas campesinas y un fallo no ejecutado que los acreditaba como dueños. Al no ser atendidos, al menos un centenar de campesinos decidió manifestarse en la calle. Un mes después fue asesinado el representante legal de los campesinos, Antonio Trejo, quien forma parte del grupo criminalizado.

Entre los cierres de oficinas para vender los edificios, está la oficina de asesoramiento legal a los grupos Indígenas y afro-hondureño, además el departamento reconversión empresarial, donde los grupos campesinos buscan asesoría legal y técnica. En resumen se busca el despojo de la tierra y reducir la producción, acaparamiento de tierras para ZEDEs, construcción de represas hidroeléctricas y explotación minera, nada de eso proporcionará alimentación y agua y aumentará la pobreza.

Comunicado de la Plataforma Agraria

Las organizaciones de la Plataforma Agraria Regional del Valle de Sula, el Aguán y el Sindicato de Trabajadores del INA, la Fundación San Alonso y Madre Tierra, emitieron este día el siguiente comunicado:

1. Condenamos la estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández al aprobar un Decreto Ejecutivo pcm-051- 2016 el 13 de julio y publicado en el Diario Oficial la Gaceta el 23 del mismo mes, con el que estaría desapareciendo el 50 por ciento de las oficinas y bienes del Instituto Nacional Agrario (INA), los cuales estarían puestos a la venta. Esta medida dejara a centenares de familias desempleadas y miles de campesinos y campesinas sin asistencia, asesoría legal y técnica con el objetivo de despojar a las familias campesinas de sus tierras.

Con el cierre de las oficinas del INA estarán desapareciendo las siguientes: Una oficina regional ubicada en Talanga Francisco Morazán y 18 oficinas sectoriales a nivel nacional, además de la oficina de asesoría legal de los grupos indígenas y afro hondureños, así como también el departamento de reconversión empresarial, por lo tanto denunciamos que el Decreto Ejecutivo aprobado en julio pasado es inconstitucional según los artículos 344 al 350 de la constitución de la República y que también violenta el convenio internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos económicos, sociales y culturales del cual Honduras es suscriptor.

2. Conocemos que nuestro país es vocación agrícola y forestal, por lo que condenamos enérgicamente la estrategia del gobierno al imponer un sistema extractivista, a través de proyectos hidroeléctricos, minero y la implementación de monocultivo, con la venta nuestro territorio a la gran industria corporativa y transnacional.

3. A más de dos años de exigir la readecuación deuda adquirida por las familias campesinas de MARCA y MUCA en el año 2010, vemos inoperancia en el Gobierno con la clara la intensión de asfixiarnos económicamente, difamarnos y luego despojarnos de nuestras tierra, por lo que demandamos condiciones justas para la elaboración de un nuevo Plan de Negocio y una Estructura Financiera.

4. Denunciamos que desde el Estado de Honduras está restringiendo la libre organización popular y campesina, así como también la destruyendo las organizaciones ya establecidas, tal como el caso de las empresas campesinas de Jardines de la Sierra en el Valle de Sico con el proyecto de coinversión en producción de Girasol.

5. Denunciamos el plan para desaparecer el INA que además trae consigo una estrategia de remilitarización a nivel nacional, la infiltración paramilitar a lo internos de los asentamientos, empresas y movimientos campesinos, la creación de escuadrones de la muerte y la criminalización, persecución y hostigamientos hacia líderes y lideresas campesinas a nivel nacional.


La realidad de quienes defienden los Derechos Humanos en Honduras



En las últimas semanas, se han hecho públicas dos cuestiones que vienen a confirmar lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras en el año 2015: la existencia de una grave situación de riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos.

En este sentido, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas publicó el pasado viernes 12 de agosto sus observaciones finales en el marco del segundo examen periódico al Estado de Honduras. Las conclusiones de este comité reflejan su profunda preocupación en relación con la situación de quienes defienden los derechos humanos.

El Comité contra la Tortura condenó los numerosos atentados mortales contra defensores y defensoras, periodistas y activistas medioambientales desde 2009, e hizo especial referencia al asesinato de Berta Cáceres y a la implicación de un oficial en activo del ejército.

Asimismo el comité mostró su preocupación por declaraciones públicas realizadas por altos funcionarios del Estado en las que descalifican el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas “poniendo en riesgo su integridad física”.

Por otra parte, en un comunicado conjunto de fecha 19 de agosto, el Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, y el Relator Especial sobre los Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la OEA, José de Jesús Orozco Henríquez, indicaron que Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para quienes defienden los derechos humanos.

De acuerdo con datos de la Comisión Interamericana, solo en el año 2016 han sido asesinadas 8 personas defensoras de derechos humanos en Honduras. Para estos relatores especiales, estos hechos criminales no sólo afectan las garantías básicas de cada persona, sino que también “socavan el papel fundamental que desempeñan los defensores de los derechos humanos en la construcción de una sociedad más equitativa, justa y democrática”.

Por ello, ambos relatores le han exigido al Estado hondureño adoptar y aplicar inmediatamente medidas efectivas para proteger a quienes defienden los derechos humanos con el fin de que puedan desempeñar su trabajo sin temor o amenaza de violencia o asesinato, y no permitir que los crímenes queden en la impunidad.

Lo señalado por el Comité contra la Tortura y los Relatores Especiales son un llamado de atención importante para el gobierno hondureño pues pese a las campañas mediáticas, le demuestra que la situación de violencia e impunidad contra las personas defensoras de derechos humanos no se puede tapar con un dedo.

Por un nuevo empresariado hondureño



La élite empresarial hondureña olvidó hace muchos años -si es que lo tuvo alguna vez- la propia responsabilidad social. La desconsiderada concentración y acumulación de capitales y bienes en unas poquísimas familias es una señal patente de que para esas familias la riqueza es un dios y el mercado una divinidad.
Esa práctica concentradora de bienes convierte a esa reducida élite empresarial, junto con los líderes políticos, en los principales responsables del deterioro social y los desajustes y desigualdades económicas. En estas familias y el modelo que sostienen se encuentra el dispositivo fundamental de la violencia, la criminalidad y el masivo éxodo de jóvenes hacia los Estados Unidos.

La responsabilidad social de los empresarios es muy grande. Un empresario que piense exclusivamente en su beneficio o en el de su empresa, relegando los derechos de las obreras y obreros y la búsqueda del bien común, no solamente es una persona irresponsable, sino que se convierte en un generador de problemas y tensiones sociales, como ocurre en nuestra sociedad hondureña.

La mayor responsabilidad del deterioro y de la ruptura de los hilos humanos y sociales, no reside en la gente que pasa hambre o que sufre de desempleo o de enfermedades no atendidas en los centros hospitalarios, o que se quedó sin tierra para cultivar. La mayor dosis de responsabilidad reside en el alto empresariado y en las políticas oficiales establecidas por los gobiernos nacionales en asocio con las multinacionales y el gobierno de los Estados Unidos.

La aprobación y vigencia de los tratados llamados de libre comercio ha sido decisiva para estimular a que el alto empresariado se haya convertido en dueño y señor de la economía, el comercio y la industria. Claro que tenemos muy buenos empresarios. Es más, la mayoría de nuestro empresariado es honesto. Pero ese empresariado se encuentra en la mediana, pequeña y micro empresa. Es un empresariado víctima de la élite oligárquica que se ha chupado la sangre del resto del empresariado honesto.

No se puede generalizar diciendo que todos los empresarios son perversos. Sería profundamente injusto. Pero sí se debe decir que un reducido grupo de familias multimillonarias perdió todo el sentido de responsabilidad social, y se ha fijado solo en buscar beneficios individuales, insensibilizándose ante las angustias de la sociedad.

Necesitamos romper con ese liderazgo dañino de esa élite empresarial, y promover el liderazgo de un nuevo empresariado que reside en la mediana, pequeña y micro empresa. Necesitamos el liderazgo de un nuevo empresariado con capacidad para impulsar un nuevo modelo económico que no provenga del exterior ni de las alturas.

Necesitamos un nuevo liderazgo empresarial que establezca una nueva alianza con el gobierno central, los gobiernos locales y las comunidades, al tiempo que organice respuestas empresariales que respondan a la inmensa mayoría de compatriotas que están en el desempleo o en la economía informal.

Realidad y desafíos de las familias



La realidad de desempleo, crisis económica, violencia, criminalidad y desigualdad aumenta el fenómeno migratorio en Honduras. Datos de las organizaciones de migrantes dan cuenta que cada 15 minutos una persona sale del país, en su mayoría con destino a Estados Unidos.

El éxodo masivo de la población hondureña  migrando ha provocado la desintegración familiar. Hijos e hijas que ahora son criadas con abuelas, tíos o entre hermanos. La clásica familia de papá, mamá e hijos desapareció. 

Esa desintegración ha cobrado una altísima cuota, no únicamente en lo social, sino en lo emocional de cada familia, en cada uno de sus integrantes. Son niños y niñas que vieron partir a sus padres en busca de un empleo y condiciones mejores que este país les negó. Son adolescentes que pasan mucho de su tiempo a solas, porque sus madres están laborando y sus horarios las obligan a salir temprano y regresen a oscuras.

Cada una de esas realidades impacta profundamente en los miembros de la familia. Realidades que nos invita como sociedad a cambiar la forma de relacionarnos, de hacer esfuerzos para integrarnos.

Tal como lo apunta el papa Francisco en su encíclica “La Alegría del Amor”, se requiere de condiciones para el desarrollo de la familia. Contar con viviendas dignas donde el amor permanezca: “la falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Hay que recordar que «la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad». Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente”.

Ese hogar debe estar conformado por padres y madres que tenga acceso a trabajo, que ese empleo dé ingresos que logren cubrir dignamente todas las necesidades. Hogares donde la juventud tengan oportunidades de desarrollarse y vivir en armonía y felices.

La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. La defensa de estos derechos es una llamada profética en favor de la institución familiar que debe ser respetada y defendida contra toda agresión, sobre todo en el contexto actual donde suele ocupar poco o nulo espacio en los proyectos políticos.