sábado, 21 de enero de 2017

Cartas privadas en poder de Revistazo muestran la presión ejercida hace una década por empresarios y políticos para que no se aprobara la Ley de Transparencia



Por German H. Reyes R.

Comunicaciones privadas, filtradas de manera exclusiva a Revistazo.com, develan la incomodidad que hace una década provocaba entre las élites hondureñas la idea de que en el país se aprobara la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Este medio digital tuvo acceso a cartas enviadas entre funcionarios del gobierno y empresarios, quienes manifestaban su oposición a que en este país la ciudadanía pudiera tener acceso a la información que según ellos debía ser exclusiva de los grupos políticos y empresariales. No obstante, entre esa documentación también se observa la presión que desde la sociedad civil se ejercía para que se aprobara la legislación.

Impulsado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil denominada Alianza 72, en mayo del 2004 el Proyecto de Ley llegó a las manos de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, quienes en ese momento eran el Presidente y Secretario respectivamente del Congreso Nacional. Ellos lo engavetaron y fue hasta casi tres años después que una nueva Asamblea Legislativa lo aprobó luego de un largo proceso de consultas, no solo entre los diputados sino con los poderes fácticos que dominan en esta nación centroamericana.

Hubo muchas reformas al proyecto original, pero por fin obedeciendo más a una promesa de campaña que al clamor social, el 27 de noviembre de 2006 el Congreso Nacional aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mediante el Decreto Legislativo 170-2006. 
Originalmente el proyecto contemplaba preceptos de acceso a la información pública y hábeas data, pero de inicio la mayoría de los diputados nacionalistas y liberales, todos acostumbrados al secreto y a la impunidad, lo rechazaron, pese a que la aprobación de esta Ley fue parte de las promesas de campaña del ex presidente, Manuel Zelaya, quién recién había instalado su gobierno tras ganar las elecciones generales en noviembre de 2005.
Cabe mencionar que los diputados del Partido Liberal, sesenta y dos en total, habían acompañado a su correligionario Zelaya y juntos prometieron aprobar esa Ley, pero rechazaron el proyecto cuando fue presentado ante el pleno, pese a que esa bancada con el solo acompañamiento de los cinco parlamentarios que entonces mantenía Unificación Democrática (UD) hacían mayoría simple. Juntos sumaban 67 votos contra 61, pero no tuvieron la voluntad, como tampoco la hubo en el Partido Nacional, el Partido de Innovación y Unidad (PINU) y la Democracia Cristiana (DC).
Fue un diputado de la bancada de la UD quien el 26 de octubre de 2006, por segunda vez presentó el proyecto de Ley en la Cámara Legislativa y solo ellos de manera unánime mostraron su voluntad para aprobarlo. Si recordamos, en la primera ocasión la Alianza 72 le entregó una propuesta conformada de 59 artículos, denominada,  Ley de Acceso a la Información Pública y Hábeas Data, al presidente y secretario del Congreso Nacional, pero ellos nunca lo llevaron a discusión.
La Alianza 72 agrupaba organismos afiliados a la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI Participa), la Asociación de Prensa Hondureña (APH), el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), el Comité de Familiares de detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH).
Una carta para salvaguardar la información de los subsidios
El 26 de mayo de 2006, la diputada liberal, Lizzy Flores, presidenta de la Comisión de Ética del Congreso Nacional, recibió una carta de alguien identificado únicamente con las iniciales “GAA,” donde le proponen limitar el acceso de la información sobre el manejo presupuestario del Congreso Nacional, incluida la remuneración de los servidores públicos y otros ingresos que estos reciban. La misiva también dice que las iniciativas de ley deben ser presentadas directamente en la Secretaría del Congreso y que esta la dependencia sea la encargada de publicarlas.
Además, “GAA” planteó reservar la información pública cuando su divulgación pusiera en riesgo los programas asistenciales. “Con lo que salvaguardaríamos los subsidios y ayudas que se dan”, escribió.



En un monitoreo de los diputados que formaban parte del Congreso, Revistazo encontró que en ese periodo hubo tres parlamentarios que pudieron haber utilizado esas iniciales. Gabriel García Ardón, miembro de la Comisión de Dictamen y Guillermo Arnoldo Álvarez, ambos del Partido Nacional  o el liberal, Gustavo Adolfo Alfaro.
La Alianza 72 conoció la misiva y por tal razón el 16 de junio de 2006 a través de una nota firmada por el comité coordinador le advirtió a la diputada Flores que “si el Congreso Nacional se limita a sí mismo en la posibilidad de aprobar una buena Ley de Transparencia en forma consecuente con las aspiraciones del pueblo hondureño se vería afectado no solo en su imagen pública sino también en sus espacios reales de construcción de su balance político del país”.



Se cuida las espaldas

El 22 de junio de 2006 la alianza 72 solicitó a la diputada Flores que en su calidad de presidenta de la Comisión de Ética les diera a conocer los cambios que se habían propuesto para el Proyecto de Ley y que identificara con nombres a los impulsores de la reforma. También le solicitó una explicación  del procedimiento utilizado en el Congreso Nacional para trasladar el proyecto a otra Comisión, sin haber retirado las firmas de los dictaminadores originales.


Y es que de manera inexplicable a la Comisión de Dictamen que había sido nombrada inicialmente se habían adherido la diputada Marta Lorena Alvarado, Jorge Ramón Hernández Alcerro y Toribio Aguilera. 
A manera de responder a esa inquietud de la coalición la parlamentaria escribió en sus anotacionesdonde se resalta que el proyecto contempla que la información oficial puede darse por teléfono o por fax, que eso dificultaría su transmisión y que se corría el riesgo de difundir información equivocada. “Hay que definir bien como se puede transmitir esa información puede ser por vía de publicaciones en medios serios o transmisiones por radio, pero con los documentos que sustenten la publicación”, explica la ex parlamentaria Flores.




No tienen por qué darle cuentas a la ciudadanía



El 7 de septiembre de 2006 la presidenta de la Comisión de Ética del Congreso, le envió un correo a José Aguilera, ejecutivo de la empresa de comunicaciones Amnet, subsidiaria de Tigo y allí le indica que las empresas privadas proveedoras de servicios al Estado no deben estar obligadas rendir cuentas. “Las empresas que prestan servicios o suministran bienes no tienen por qué estarle dando cuantas a la ciudadanía de lo que le proporcionan al gobierno”, expresa Flores.
Y a renglón seguido le ratifica que es obligación del gobierno publicar de oficio los contratos de energía, concesiones y proporcionar la información a quien la solicite, por lo que “no debe ser requisito para las empresas”, reitera la ex diputada liberal.

Se quejan por nuevo dictamen
Finalmente la Comisión de Dictamen cambió el contenido del Proyecto de Ley y eso provocó reclamos en la sociedad civil, representada por la Alianza 72. Para ellos los parlamentarios trataban de limitar el acceso a la información pública de los altos funcionarios y particularmente de los propios diputados del Congreso. La Alianza se quejó de la exclusión de responsabilidades a las empresas privadas que maneja fondos públicos.
“El dictamen desconoce los consensos y contradice el compromiso de aprobar la mejor ley de transparencia de América hecho por el propio presidente, Manuel Zelaya ante el Comité de Seguimiento de la Declaración de Estocolmo, el G-16”, expresó la Alianza, reclamo al que también se sumaron la Fundación Democracia sin Fronteras y el Bloque Popular, criticando el desorden en que estaba redactado el Dictamen y exclusión de las empresas privadas que manejan fondos públicos.



A través de un comunicado de fecha 13 de septiembre de 2006 el Bloque Popular cuestionó los límites que el Congreso trataba de imponer para el acceso a la información pública.




La culpa es de Mel
Organismos nacionales y extranjeros le habían recomendado al gobierno que la entidad encargada de tutelar el derecho a la información pública contara con independencia funcional, pero desde el Congreso Nacional insistían en que ese instituto debía estar adscrito al Ministerio de la Presidencia de la República. La situación sigue causando malestar en la sociedad civil y para pedir explicaciones, el 23 de noviembre de 2006 la Alianza 72 se comunica directamente con Roberto Micheletti, Presidente del Congreso. 


En su carta la Alianza la persistencia de ese poder del estado en politizar el organismo garante de la Ley a través del ejecutivo. Astutamente Micheletti le trasladó la inquietud a su compañera de Cámara, Lizzy Flores, y ella en tono bastante molesto responde a la carta diciendo:“yo he sido muy amplia con ustedes y con las recomendaciones que hicieron y ya le expliqué es decisión de Mel”, señala ella sin esconder que la democracia hondureña no contempla separación de poderes.

Vale reflexionar que si en Honduras hubiera una verdadera democracia el Poder Ejecutivo, que en ese momento era presidido por Manuel Zelaya (Mel) no podía interferir en las decisiones del Poder Legislativo, de donde Flores era diputada.  
La Alianza también reclamaba por la insistencia de limitar la información de las corporaciones municipales, del Congreso Nacional y por la insistencia de mantener reservada la información sobre aspectos fundamentales de la vida ciudadana. Y la respuesta de la entonces parlamentaria fue, “lo copiamos exactamente de la Ley de México” y no bastando con revelar esa incapacidad parlamentaria, molestamente escribe, “propónganos entonces una redacción".
Durante el 2005 la Alianza 72 se reunió con organizaciones internacionales y con los diputados tratando que se aprobara la Ley y pese a que ese fue un año político, no lograron su aprobación y por eso tuvieron que esperar a que se instalara el nuevo gobierno e iniciar un nuevo el proceso.
Las elecciones generales de 2005 fueron ganadas por el Partido Liberal, ellos asumirían el poder el enero de 2006, pero 22 días antes de la toma de posesión, el 5 de enero, la Alianza 72 entregó la nueva propuesta de Ley a los asesores del presidente electo, Manuel Zelaya. Era un documento basado en el proyecto original que en octubre de 2004 le habían entregado al todavía presidente del Congreso, Porfirio Lobo. 
El 23 de enero, dos días antes de instalarse el nuevo Congreso Nacional, Zelaya le remitió la propuesta a Roberto Micheletti, un eterno diputado del Partido Liberal, quien había designado para que ocupara la presidencia de ese Poder del Estado. Zelaya redujo el articulado de 59 a 19 artículos, pero aun así"conservaba el espíritu de la propuesta original”, señala una carta que el 6 de febrero de 2006 la Alianza 72 le envió a Micheletti, ya electo Presidente Congreso Nacional.



Al COHEP le preocupaba la Ley
Con la firma de los cinco diputados que formaban la bancada de la UD, el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue presentado en sesión ordinaria celebrada en el Congreso Nacional, el 26 de enero de 2006 por el diputado César Ham. Fue admitido y seguidamente el presidente de ese órgano legislativo, Roberto Micheletti, nombró una Comisión de Dictamen integrada en su mayoría por diputados conservadores.
Con la excepción de Doris Gutiérrez, de la UD, esta Comisión la integraron los liberales, Mary Elizabeth Flores (Lizzy Flores), Wenceslao Lara y Víctor Sabillón.  Adela Elizabeth Zúñiga, Gabriel García Ardón, Antonio Orlando Benítez y Rolando Daban Buezo, del Partido Nacional, del PINU, pero conservadora como los demás, también estuvo allí, Ana Rosa Andino.
Esta Comisión no fue capaz de emitir su propio dictamen y sometieron el Proyecto a consideración de los grupos políticos y empresariales. Viajaron a México a recoger las experiencias  que en ese país habían tenido diversos sectores con la Ley que allá ya estaba vigente.


El 22 de marzo de 2006 el Consejo Hondureño de la Empresa privada (COHEP) a través de su presidente, Mario Canahuati, expresó su inquietud por el contenido del Proyecto de la Ley de Transparencia.
“Nos preocupa que un instrumento de este tipo puede ayudar a combatir el flagelo de la corrupción se desfigure y se convierta en una herramienta para la competencia desleal, al mal uso de la información y a la violación de la privacidad”, señaló Canahuati en una carta que dirigió a Micheletti, a través del Secretario del Congreso, José Alfredo Saavedra.

La toma en la UNAG impacta en la salud de los estudiantes



Por Sandra Rodríguez

“Soy madre de una alumna de la UNAG y estoy preocupada por todo lo que ahí pasa” declaró una mujer que por motivos de seguridad se omite su nombre.

Ella expresó a través de un mensaje, que no ve pronta solución al conflicto que atraviesa la Universidad Nacional de Agricultura, UNAG, que continúa de toma pacifica por al menos mil estudiantes exigiendo respeto a sus derechos en el campus educativo ubicado en la ciudad de Catacamas, Olancho, al este de Honduras.

Su hija fue educada en el seno de una familia que trató siempre de darle una educación de calidad, y el mismo esfuerzo realizan ahora para sostener los gastos necesarios en la UNAG, pues no es sólo comprarle zapatos y uniforme, sino dinero para alimentación y a veces hay que hospedar a otros de sus compañeros cuyos hogares son alejados.

Son muchos los padres y madres de familia, que a largo de la toma, dan acompañamiento y ayudan en lo que los y las jóvenes solicitan; y por supuesto lo que esté entre sus posibilidades.

“Parece que esto va para largo y sabemos del apoyo que les brindan organizaciones como ustedes”, agregó la madre, refiriéndose al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH.

Mi hija en este momento está en casa, ya que después de tantos días se enfermó de la piel por el agua que se está utilizando en Universidad, hay otros jóvenes que están enfermos por la comida. Y es que hay días que no pueden abastecerse con una dieta balanceada, pues lo que no producen dentro hay que comprarlo y como los tienen estigmatizados hasta las puertas de algunos comercios les han cerrado, según denuncian los mismos estudiantes.

“Pero dice que se regresa de nuevo”, expresó la madre, quien mostró su preocupación por que entre los y las estudiantes hay cierto agotamiento físico y no tienen asistencia de parte de profesionales competentes, lo que puede afectar más en su salud.

Agregó que se siente frustrada, pues los motivos de la toma, son cosas que ya se habían denunciado, por lo tanto eran de conocimiento público como dormían, comían, el trato que recibían y el acoso, y no se atendieron. Hasta que lo denunció un medio de comunicación y salió a la luz pública.

También denunció que hay maestros afines al rector Marlon Escoto, que aplazan a alumnos sin ninguna justificación. Y así son tantas cosas que suceden, pero con la diferencia que los jóvenes de una u otra manera perdieron el miedo.

Otra preocupación es que tienen maestros que no son maestros, por ejemplo recién graduados que les dan algún módulo y no tienen experiencia, de modo que temen por la calidad de la educación y lo peor, que si sigue la toma, pierdan el trimestre.

Por la distancia geográfica, es difícil que padres y madres de familia se puedan organizar en acciones conjuntas, sin embargo se mantienen pendientes, pues también existen familias de escasos recursos y hay que ver por todos y todas las universitarias.

Esta lucha no tiene distinción de clases sociales, económicas o académicas, pues aunque sólo hay una parte dentro de la UNAG, desde el pasado 18 de noviembre, los demás de un total de cinco mil, lo hacen desde sus comunidades, consiguiendo apoyo para la manutención de los compañeros, “ahí hay jóvenes hijos de militares, abogados, hacendados, médicos, en la misma lucha”.

Mi hija está triste, preocupada y estresada, sin embargo está decidida a llegar hasta el final, el mismo pensamiento tienen los jóvenes con los que he conversado, y creo que tienen “ellos no se van a rendir”.

Según la madre de familia, esta manifestación pacífica ha sensibilizado a la comunidad estudiantil, han mejorado en si trato colectivo están luchando por todos, incluso por los que no están de acuerdo con la paralización de clases.

Como madre de familia, la zozobra es latente, pues cada uno de los que hoy luchan también corre peligro por las represalias, y ellos solo van con el objetivo de estudiar y se encuentran con muros de todo tipo, le  niegan hasta una fruta que ellos mismos producen, comentó la mujer.

“Como madre, solicito a las autoridades correspondientes que los respeten, ya es demasiado el abuso de estar hostigándolos ya que su protesta es pacífica”, finalizó la madre de una estudiante de la Escuela Nacional de Agricultura, donde más de mil jóvenes mantienen ya 40 días de toma pacifica exigiendo respeto a sus derechos, pero las autoridades correspondientes no han dado respuesta a sus peticiones. Incluso han anunciado en este tiempo, despidos de docentes, expulsiones y requerimientos fiscales contra los que se manifiestan por sus derechos.

Al final todo mal


Rebelión

Por Eduardo Lucita *

“La economía va mal pero la política sostiene todo” se decía hasta hace poco y se completaba “La calidad institucional está recuperada”. Pero llegó el debate por ganancias y ahora también la política muestra signos que no todo está bien. ¿Quién nos sostendrá ahora?
“Dinámica de lo impensado”, tal la frase acuñada por el entrañable Dante Panzeri para graficar su idea del fútbol, puede aplicarse a la actual coyuntura política, porque el año ha tenido un final inesperado. Abusando de la metáfora futbolera podría decirse que la política estaba bajo control en los 90 minutos iniciales pero se desmadró en el tiempo de descuento.

Política de lo concreto

Pocas fichas se le ponían al nuevo gobierno ya que se trataba de un gobierno de minoría parlamentaria que se vería obligado a negociar y a gestar consensos, algo que los empresarios no están acostumbrados, por el contrario auguraban que su gestión económica brillaría con luz propia habida cuenta de la excelencia del equipo seleccionado.

Sin embargo en estos doce meses parece las cosas se han invertido. El oficialismo logró que el Congreso aprobara numerosas leyes, incluidas algunas de peso como el pago a los fondos buitre, el blanqueo de capitales ola de asociación Público Privado. Es más alcanzó acuerdos con la CGT y con Movimientos Sociales que pocos hubieran esperado, dada la naturaleza del gobierno Macri. Incluso vetó la Ley Antidespidos sin pagar mayores costos políticos.

A estos logros en el parlamento y a los acuerdos alcanzados se los caracterizó como “aciertos políticos notables” sin tener en cuenta la ayuda que le brindaran los líderes políticos del peronismo que, fragmentados y enfrentados entre diversas corrientes, están perdidos en su propio laberinto; que los dirigentes sindicales de esta época son acuerdistas por naturaleza, que privilegian las relaciones con el Estado antes que con sus bases y que no pocos de los representantes de trabajadores precarizados o de la economía popular han ingresado en una fase, ahora llamada de “vandorismo social”, en la que presionan para negociar pero que privilegian la institucionalidad y la estabilidad económica.

Claro que nada es gratis. Estos arreglos tienen un costo fiscal no menor, con el que el gobierno compró gobernabilidad y sobre todo busca evitar el temido “fin de año caliente”, aunque su interés es que la paz social firmada se extienda hasta el 2019. Contó a su favor con que todas las fracciones del peronismo buscan –por distintos caminos- la unidad del PJ y reconstituir el bipartidismo criollo. Por ahora sin mayores logros.

La teoría no se cumple

En la economía los inicios fueron a toda máquina. Levantó las medidas de administración de reservas (mal llamadas cepo), unificó el tipo de cambio (devaluación encubierta), eliminó y redujo retenciones (transfirió recursos a los sectores más concentrados), pagó a los fondos buitre (dando inicio al nuevo ciclo de endeudamiento). En paralelo desplegó una intensa actividad internacional (Foros Davos y mini Davos), recepcionó a los presidentes Obama y Hollande, todo para atraer la anunciada lluvia de inversiones.

Para combatir la inflación hechó mano a la teoría neoclásica que supone que el alza de los precios siempre es por exceso de demanda, por lo tanto hay que bajarla para que se equilibre con la oferta. Impulsó entonces una fuertísima suba de las tasas de interés y redujo la emisión monetaria, la caída del poder adquisitivo y la paralización de las obras públicas completaron el cuadro. Así una economía estancada, con fuertes desequilibrios, pero que no estaba en crisis fue empujada a la crisis para controlar la inflación.

Sin embargo la inflación no se detuvo, menos aún la carestía de la vida. Se dijo que la devaluación no impactaría en los precios porque el mercado ya la había descontado, los formadores de precios remarcaron antes, durante y después de la devaluación y el tarifazo hizo lo suyo.

Las inversiones no llegaron y el mundo (especialmente Brasil) no ayuda para nada. La economía se hundió en la recesión. El déficit fiscal no para de crecer, y eso que el gasto público en términos reales bajó, lo que sucede es que la quita de subsidios resultó a medias por la resistencia social y que se han reducido los ingresos, tanto por la quita de retenciones como por la caída de la actividad que no permite recaudar más. Se dejó de financiar déficit con emisión para hacerlo con deuda, el nuevo endeudamiento batió récords en el año al mismo tiempo que la salida de dólares es elevada. Frente al efecto Trump y la suba de las tasas en EEUU en algunos años se verán los resultados.

Finalizando el año todos los indicadores macroeconómicos -consumo, actividad industrial, inversión, exportaciones…- son negativos. Los salarios y los ingresos populares perdieron capacidad adquisitiva, el desempleo, las suspensiones y la pobreza crecieron, el riesgo de perder el trabajo está cada vez más presente. Es que la crisis se independizó y la recesión es más profunda y más extendida en el tiempo que lo esperado como necesario por el gobierno.

Lo impensado

Como se sabe la política tiene sus propias leyes que muchas veces cobran vida propia. Cuando los grandes medios promocionaban la idea de que lo mejor del gobierno en el año que termina había sido su capacidad de hacer política, fueron convocadas las sesiones extraordinarias en el parlamento y la suerte comenzó a jugar en contra. Primero fue rechazado el proyecto de reforma electoral, sobre todo su piedra angular: la boleta única electrónica; luego el gobierno tuvo que aceptar lo que no quería: que una serie de acuerdos alcanzados por fuera del parlamento se plasmaran en la Ley de Emergencia Social; finalmente envió un proyecto de modificaciones al Impuesto a las Ganancias para la 4ta. Categoría. El proyecto no estaba consensuado con nadie y el peronismo vio su oportunidad. Las distintas fracciones –renovadores, kirchneristas puros y de los otros, pejotistas, senadores, gobernadores, sindicalistas- se unificaron detrás del proyecto de la oposición, incluidos sectores de centro izquierda. El resultado fue una derrota para el gobierno que desató un verdadero sainete político y adelantó la campaña electoral.

Unos y otros tratan de identificar quién cometió la ingenuidad política de enviar un proyecto sin mínimos acuerdos con la CGT; al presidente Macri, siempre tan pulcro y cuidadoso, se le soltó la cadena y emitió una serie de epítetos –avalados por otros ministros- acusando a Massa de irresponsable y poco confiable; en el Frente Renovador buscan desprenderse del kirchnerismo como de la sarna; todos miran al ex ministro Kicillof como el autor del proyecto irresponsable fiscalmente y con errores de cálculo. Mientras gobernadores y capitostes sindicales negocian por su cuenta. Al momento de redactar esta columna se llegó a un acuerdo entre gobierno y CGT y la situación se destrabaría. Así no ha sido más que un nuevo ejercicio de lo que los clásicos llamaban Cretinismo Parlamentario, del que Marx decía que era “una enfermedad incurable”.

Solo los representantes parlamentarios de la izquierda plantearon que no es justo que los trabajadores aporten a financiar un déficit fiscal del cual no son responsables, que son los trabajadores quiénes más aportan a través del IVA, que es irritante e indigno equiparar el salario a la ganancia empresaria. Agregaría que sería bueno volcar tanta energía a reformular íntegramente la política impositiva del país haciendo que de una vez por todas paguen los que más tienen.

Mientras tanto el año termina peor de lo que empezó. El PBI caerá un 2.5 por ciento este año y si creciera un 3 por ciento en el 2017 al final estaríamos igual que a fines del 2015 pero con mas desocupación, mayor endeudamiento y más pobreza.

Se termina el 2016. Estimado lector saque Ud. sus propias conclusiones. Mientras tanto me despido hasta el próximo Enero no sin antes dejarles mis mejores deseos para las fiestas y el nuevo año.

* Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI –Economistas de Izquierda–.

2016: Los primeros relámpagos

http://www.jornada.unam.mx

Por Raúl Zibechi

La tormenta se acerca.  Los oscuros nubarrones que se avistaban en el horizonte se convierten en ráfagas de viento; estallan los relámpagos que anuncian la inminencia de la tempestad. La discusión sobre si se viene una tormenta o no deja de tener importancia ante la urgencia de definir cómo actuar ante situaciones de emergencia. Este es, a grandes rasgos, el mensaje que nos deja 2016, el año en que comenzaron a sentirse los primeros signos de lo que ya está aquí.

Podemos incluso enumerar algunas de las características que asume esta tormenta. El triunfo del Brexit en Reino Unido, el crecimiento de las extremas derechas y del racismo antinmigrante, con la posibilidad de que ganen el gobierno en Francia, son algunas de sus principales manifestaciones europeas.

El golpe de Estado fracasado en Turquía y la creciente desestabilización de Medio Oriente, donde la violencia es el modo casi único de resolución de los conflictos. La intervención de todas las potencias en el escenario más caliente del mundo, incluidas Rusia y China, en defensa de sus intereses nacionales. La terrible y silenciada guerra en Yemen, donde Arabia Saudita perpetra crímenes de lesa humanidad sin que Occidente levante la voz.

Triunfo de Donald Trump y viraje antichino en Washington, con grandes posibilidades de que se produzca un conflicto mayor en el Mar del Sur de China, escenario estratégico donde transcurre la mayor parte del comercio exterior de la potencia asiática y navegan los grandes barcos que le suministran petróleo. La ventaja del triunfo de Trump es que impide ocultar la decadencia estratégica y la debacle moral de la superpotencia.

En América Latina, 2016 fue el año en que las derechas se hicieron con el gobierno en dos países claves: Argentina y Brasil. La paz en Colombia es asignatura pendiente, toda vez que la firma del acuerdo entre el gobierno y las FARC no impide que los militantes sociales sigan siendo asesinados, superando con mucho el centenar de muertos en los años recientes. En Venezuela se cruzan la voluntad destituyente de la oposición con la incapacidad del gobierno de estabilizar el país.

El giro conservador es apenas coyuntural. Lo fundamental es que los gobiernos pierden legitimidad y la estabilidad se evapora a velocidades impensables años atrás. Crisis de legitimidad que se ven agravadas ante la persistencia de crisis económicas y el aumento de la ya gigantesca desigualdad.

En cada uno de estos escenarios los sectores populares son los más afectados. Sin embargo, estamos apenas ante la primera parte de la tormenta que, fuera de dudas, se profundizará en los próximos años. Quisiera comentar tres aspectos de esta tempestad que puede enterrar el capitalismo, pero que se cierne también como una terrible amenaza sobre los pueblos.

La primera es que estamos ante una tormenta sistémica, que no es coyuntural. No es una crisis que será superada con la introducción de algunos cambios para que todo vuelva a la normalidad. Por lo tanto, las soluciones serán sistémicas o todo seguirá igual. El modelo extractivo/cuarta guerra mundial ha erosionado a los estados nación, ha desorganizado las sociedades, evaporado las autoridades y dislocado todas las variables del sistema mundo, incluidos los partidos de izquierda y los sindicatos.

Esto quiere decir que ya no podremos apoyarnos en las viejas instituciones legadas por un sistema mundo también desarticulado, sino que debemos abocarnos a crear otras nuevas, capaces de sostenerse y navegar en este periodo de agudas tormentas. Como siempre sucede, las culturas políticas son muy resistentes a los cambios y se niegan a ser desplazadas por lo nuevo.

A su vez, lo nuevo es a menudo poco consistente o es considerado escasamente útil por las viejas culturas necróticas; pero este desencuentro es inevitable, forma parte de la tormenta en curso y no habrá de ceder por un buen tiempo. Por lo tanto, habrá que tener mucha paciencia para no responder con crispación a las provocaciones.

La segunda cuestión es una pregunta: ¿quién nos va a proteger ahora que los estados y las instituciones del sistema mundo son incapaces de hacerlo? Es una interrogante que se formuló hace dos décadas Immanuel Wallerstein y mucho se ha avanzado en esa dirección, aunque aún es insuficiente. La respuesta es: nosotros y nosotras, con nuestras propias fuerzas, siempre que estemos organizados. O sea, en colectivo.

En este sentido, deberíamos reflexionar sobre los derechos humanos. Ningún estado, ninguna institución, ningún gobierno va a defender la vida de los de abajo. O porque no quieren o porque no pueden. O por ambas cuestiones a la vez. En México, por ejemplo, los familiares y amigos de los 43 de Ayotzinapa saben que no se hará justicia. El razonamiento es bien sencillo. Si fue el Estado el responsable de las desapariciones, no puede ser ese mismo Estado el que haga justicia. Hacer justicia es superar las causas de la política de genocidio. O sea, poner fin a la cuarta guerra mundial/acumulación por despojo.

La tercera cuestión radica en el cómo. En los caminos que vamos a emprender para superar esta tormenta. Es, por tanto, una cuestión de largo aliento, estratégica o como se quiera denominar. Pero las estrategias no se inventan. Se trata de sistematizar lo que hacen los pueblos para sobrevivir.

Lo que vemos es un doble trabajo consistente en resistir y crear, en defenderse de los jinetes de la muerte y en recrear y reproducir la vida. No es algo novedoso, sino el sentido común de los pueblos a lo largo y ancho del mundo. Desde Rojava hasta Chiapas, pasando por donde se pueda imaginar, se resiste y se crea o, si se prefiere, se resiste creando con base en la organización colectiva.

La autonomía es, por lo tanto, un imperativo de las circunstancias, no una mera opción de tal o cual corriente ideológica. Si no somos autónomos, no podremos construir ni resistir. Hoy más que nunca, la vida es sinónimo de autonomía.

viernes, 20 de enero de 2017

Hasta la fecha hay 6,772 deportados menos en relación al 2015



Por Keydi Flores  

Cifras oficiales indicaron que a la fecha hay 6,772 deportados menos, de acuerdo a la estadística de 2015.

En este sentido, revelaron que al 23 de diciembre se registraban 69,103 retornados. El año pasado eran 75,875 repatriados.

Es decir, la cifra de compatriotas deportados para 2016 refleja una disminución de 6,772 repatriados menos que en 2015.

De acuerdo a las estadísticas, México sigue siendo el país que más hondureños ha deportado como respuesta a las acciones emprendidas desde 2014 para frenar el flujo ilegal de migrantes.

Disminuye deportación de hondureños

Las cifras anterior fueron proporcionadas por el Observatorio Consular y Migratorio (Conmigho) de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Comparada esa cifra con la del mismo período de 2015 que reportó 75,875. Es decir, el 2016 ya reporta una disminución de 6,772 deportados menos.

Procedencia

Las cifras detallan que este año México ha regresado a Honduras a 47,511 personas, de estas 37,078 son hombres y 10,433 mujeres.

Mientras que desde Estados Unidos han sido retornadas unas 21,497 personas. De este total unos 19,190 son hombres y 2,307 mujeres.

El número de hondureños deportados en el 2016 es menor a la cifra registrada en el 2015.
El Observatorio también registra la cifra total de niños no acompañados que han ingresado en calidad de retornados.


Menores deportados

A noviembre de 2016 se registraron 9,766 menores no acompañados retornados y de estos 1,374 fueron regresados desde Estados Unidos y el resto desde México.

Para el 2017, el gobierno espera el primer desembolso del Plan Alianza para la Prosperidad, que será utilizado en la generación de oportunidades para evitar la migración.

110 migrantes son detenidos en la zona sur de Honduras

En otra nota, días atrás, 110 migrantes son detenidos en la zona sur de Honduras. Los extranjeros son de distintas naciones.

Los extranjeros fueron remitidos a las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM) de la ciudad de Choluteca.

Según se informó, el operativo realizado por los miembros de la Policía Militar ocurrió en el sector de Los Rincones. Este sector está ubicado en el municipio de Namasigue, en Choluteca, zona sur de Honduras.

Los 110 migrantes pertenecen a diferentes nacionalidades entre ellas se reportan 75 de Haití, cinco de Cuba. Asimismo, siete de Somalia, cuatro de El Congo, uno de Senegal, cuatro de Ghana. Finalmente, uno de Etiopia, dos de Brasil, ocho de Eritrea y tres de Guinea.

La ubicación especial de Honduras en el continente la presenta como un lugar obligado de tránsito para los indocumentados. Ya sea vía terrestre o marítima, provenientes de Sudamérica y el Caribe.

De acuerdo a las leyes migratorias, los inmigrantes que ingresan sin documentos a este país están sujetos a varias disposiciones.

Por ejemplo, cuentan con cinco días para regularizar su situación, sin embargo, casi el 100 por ciento no cumplen este requisito.

Generalmente porque optan por continuar su camino saliendo por las fronteras antes de que se cumpla el tiempo establecido por el INM.

Julián Pacheco: “Ya se investiga supuesto plan para matar pastores”



Por Elvin Diaz

La Secretaría de Seguridad  investiga el supuesto plan para atentar contra la vida de varios  pastores evangélicos.

Así lo confirmó el Ministro de Seguridad, general Julián Pacheco Tinoco.

Tras el supuesto atentado estarían policías y miembros del crimen organizado, según la Secretaria de Seguridad.

En ese sentido, el ministro destacó que la obligación de las instituciones de Seguridad es minimizar el riesgo y brindar seguridad en amplios aspectos a los miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional y a sus familias.

Rivera: “Independiente de amenazas, no disminuiremos nuestro trabajo”.

Asimismo, el Ministro de Seguridad señaló que el supuesto plan se conoció en las últimas horas. Este anterior,  a través de una denuncia que es investigada por los cuerpos de seguridad estatal.

Al respecto, el ministro de seguridad, mencionó que:

“Hay instrucciones y ya se iniciaron las investigaciones sobre la denuncia. Por el momento no se puede descartar ni confirmar la información relacionada al caso la que trascendió en algunos medios de comunicación social”, dijo.

Para el funcionario los miembros de la comisión están expuestos a riesgos potentes propios del trabajo que realizan.

De esta forma, reiteró que se les brinda la protección adecuada a varios pastores y miembros de la Comisión.

Omar Rivera anunció que las amenazas no los detendrán en el proceso

Atentado

En las últimas horas el canal televisivo Hable Como Habla (HCH), reveló un audio donde amenazan con asesinar a cinco pastores y policías de Honduras.

Según informaron, un jefe del crimen organizado estaría dando órdenes para desaparecer a varios pastores y policías del país.

Entre los pastores identificados en el plan hay dos de ellos que pertenecen a la Iglesia Centro Cristiano Internacional (CCI).

Hay un montón de pastores y policías que van a morir en estos días”, revela la grabación anónima.

“Pero que tremendo es que Dios lo envió a predicar la palabra y el diablo lo puso a depurar policías”. Asimismo menciona que hay un comisionado de la Policía Nacional que está involucrado con el crimen organizado.

“Ese comisionado es una persona de alto rango y la situación es que no podemos hacerlo nosotros. Porque tendríamos que matar a los guardaespaldas del pastor”, dice el supuesto delator del plan.


Corrupción y extractivismos: mutuamente asociados

Rebelión

Por Eduardo Gudynas *

Los casos de corrupción han proliferado en toda América del Sur, y casi siempre la mayor atención está puesta en los políticos implicados o los grandes volúmenes de dinero manejado. Pero detrás de esas noticias existe una particularidad más que llamativa: buena parte de los casos de corrupción están relacionados directa o indirectamente con los extractivismos minero, petrolero o agrícola. Dicho de otro modo, se observa que allí donde hay aprovechamientos muy intensivos de recursos naturales, con todos sus impactos sociales y ambientales, es mucho más probable que opere la corrupción. Estamos ante una íntima relación entre extractivismos y corrupción, y ese es otro de los aspectos negativos de ese tipo de desarrollo.
La evidencia es abrumadora. En Brasil siguen avanzando las investigaciones, con 118 personas detenidas, incluyendo políticos y empresarios destacados, y se estima que desde la petrolera estatal Petrobras y las empresas de construcción se desviaron unos 1 895 millones de dólares. Ecuador no ha escapado a esa problemática, y sigue su marcha la investigación de una extendida red de corrupción vinculada a los negocios de la petrolera estatal Petroecuador, que involucran a gerentes y un ministro. El impacto en los medios de prensa internacionales del hallazgo de sobres con decenas de miles de dólares escondidos en un cielorraso, se igualó con el caso argentino de los bolsos de dinero que se intentaban esconder en un convento. En Venezuela se han indicado casos de corrupción en el sector petrolero y en el minero, sin olvidar que también fue un factor en los asesinatos de meses atrás para controlar yacimientos de minerales en el sur del país. En Argentina prosiguen las indagaciones, que incluyen, por ejemplo, negocios fraudulentos con la importación de gas natural.

En todos los países, en todos los sectores

Una investigación que hemos realizado desde CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social), que está en su etapa final, ya permite señalar algunas conclusiones. La primera es que en todos los países sudamericanos se han identificado casos de corrupción que envuelven a los extractivismos. No se han salvado ni siquiera las dos naciones que exhibían los mejores registros de transparencia ante la corrupción, que son Chile y Uruguay.

En el primer país se sufren varios casos. Por ejemplo, en el sector minero, la empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), enviaba dinero a legisladores por medio de consultorías ficticias, y con ello, entre otras cosas, logró que se votara una reforma tributaria que le fue ventajosa. El caso SQM es impactante por su duración en el tiempo y por haber involucrado a todos los partidos presentes en el parlamento. En el sector pesquero, la empresa Corpesca también logró ventajas gracias a pagos a legisladores y hay un proceso legal por corrupción y fraude en marcha. En Uruguay, aunque los casos investigados son de una escala mucho menor, de todos modos son significativos. Su petrolera estatal, ANCAP, está siendo investigada por sobrecostos, y ya se han confirmado casos de corrupción en su sector de minería de calizas.

La segunda, es que se han encontrado casos de corrupción para todas las variedades de extractivismo: minero, petrolero, forestal, agrícola y pesquero. En los dos primeros tipos son frecuentes situaciones que involucran corrupción en el acceso a áreas de exploración o explotación, tráfico de influencias para obtener ventajas tributarias, sobrecostos de operación o triangulación con otras empresas para captar dinero, ocultamiento de los impactos sociales y ambientales, cobertura a los que criminalizan o agreden a las comunidades locales, etc. Situaciones similares se repiten con los permisos forestales o pesqueros.

En la agricultura intensiva se repiten problemas parecidos con el acceso a las tierras y los permisos de deforestación, la cobertura dada a mafias que están involucradas en el tráfico ilegal de madera, o las redes que ocultan o impiden investigar o sancionar la contaminación por agroquímicos.

Un tercer aspecto es que la corrupción está presente bajo muy distintos regímenes de propiedad en el acceso y extracción de los recursos naturales. Nos encontramos, otra vez, con grandes empresas extranjeras envueltas en el pago de sobornos u otros hechos similares, pero lo mismo aparece en empresas mixtas estales – privadas (como Petrobras de Brasil) o estatales (como PDVSA de Venezuela o PetroEcuador en Ecuador, y que en ambos casos fueron admitidas por los propios gobiernos). La esperanza que las empresas nacionales, controladas por el Estado, fueran inmunes a la corrupción extractivista se ha derrumbado.

Recordemos aquí que el concepto de extractivismo no es exactamente un sinónimo, por ejemplo de minería o agricultura. En efecto, esa idea se refiere a los casos particulares de apropiación de recursos naturales pero en grandes volúmenes o por procedimientos intensivos de altos impactos ambientales, para exportarlos como materias primas. Se alude a casos específicos como la megaminería a cielo abierto, las perforaciones de gran profundidad de las petroleras, el fracking, o los monocultivos de transgénicos.

Precisemos también que estas conclusiones y las que siguen, no quieren decir que todos los emprendimientos extractivistas estén envueltos en corrupciones. Sin duda hay muchos casos donde eso no se ha podido demostrar. Lo que aquí se pone en evidencia son tendencias sectoriales al quedar en claro que no hay ninguna forma de este tipo de apropiaciones de los recursos naturales que sea más inmune al dinero que fluye desde la corrupción.

Contextos políticos y sociales

Un cuarto aspecto es que la actual corrupción extractivista mantiene esos conocidos componentes de algunas personas ambiciosas que desean llenar sus bolsillos. Pero a ello se suma su papel como vía de financiación de partidos políticos, como muestran por ejemplo distintos casos en Bolivia y Brasil con los partidos políticos gobernantes, y en Chile, con casi todos los partidos que tenían representación parlamentaria. El caso chileno con SQM involucró a 4 candidatos presidenciales, 6 senadores, 12 diputados y dos ministros en el gobierno Piñera, y siete partidos políticos recibían sus dineros. De esta manera, el sistema político queda comprometido por esa corrupción ya que ella cumple un papel de proveedora de dineros especialmente para las campañas de publicidad, actos y otros apoyos partidarios similares.

A su vez, los promotores de proyectos mineros apelan a ella para implantar o proteger sus actividades. Encuentran allí una de las pocas vías para forzar aprobaciones, asegurarse concesiones, impedir controles efectivos u ocultar irregularidades diversas, desde derrames a la criminalización de comunidades locales.

Una quinta particularidad es que esta asociación entre extractivismos y corrupción afecta a todo tipo de actores, tal como surge de sistematizar los participantes en todos los casos conocidos. Nadie está a salvo. Es evidente que están involucrados políticos y empresarios, y con ellos de funcionarios estatales, personas en el poder judicial, policías y militares, e incluso consultores. Además hay situaciones con la participación de periodistas, por ejemplo cayendo en criminalizar la protesta local ante la megaminería (como ocurrió alrededor del proyecto megaminero Tía María en Perú).

Pero la corrupción también ha alcanzado a organizaciones de la sociedad civil, como pueden ser líderes locales, o grupos campesinos o indígenas. En Perú sigue presente en la memoria los reportes periodísticos sobre las “lentejas” (un eufemismo para dólares) que un dirigente local pedía a cambio de detener una protesta ciudadana.

Sin embargo es más alarmante, y tal vez más triste, la situación que involucra a líderes indígenas en Bolivia que manejaban un fondo que se nutría de los impuestos sobre los hidrocarburos. Un reporte que se acaba de presentar afirma que el daño para el Estado es de aproximadamente 78 millones de dólares (el presidente Evo Morales lo ha estimado en el pasado en unos 2 millones de dólares). No estamos frente a empresarios o políticos envueltos en la corrupción, sino ante líderes de base, representantes de organizaciones indígenas y campesinas, que quedaron atrapados en esas redes.

Esta es una de las conclusiones más graves de nuestra investigación. La corrupción de los extractivismos también está erosionando algunas organizaciones de la sociedad civil. Son tan enormes las cantidades de dinero alrededor de proyectos extractivistas y tan pobres muchas de las comunidades que viven allí donde están esos recursos naturales, que se crean abismales asimetrías de poder. Las expectativas de remontar la pobreza local, por cierto muy comprensibles en muchos casos, pero también las miserias humanas, hacen que poco a poco penetre la racionalidad del mercado, y con ella la corrupción.

Los extractivismos dejan también en claro la diversidad de expresiones en la corrupción. Usualmente se la concibe como sobornos o dádivas de algún tipo para conseguir una ventaja. Pero en realidad el concepto de corrupción es más amplio ya que se refiere a los casos donde se recibe una contrapartida, que puede ser en dinero como en otras formas (por ejemplo, conseguir un cargo en el gobierno o en una empresa), y que explica actos ilegítimos que se apartan de las normas, que por lo tanto son ilegales o alegales. La ilegalidad implica violaciones del marco legal, como pueden ser leyes o decretos; la alegalidad se refiere a hacer trampas aprovechando los huecos que hay en nuestra legislación para obtener ventajas que claramente son contrarias al espíritu de las normas. Posiblemente las alegalidades más conocidas sean las trampas tributarias que hacen las empresas extractivistas para reducir los pagos de impuestos (como se ha demostrado en Perú, Chile y Colombia).

Esto desemboca en muy distintas formas de corrupción, y una vez más, en todas ellas se pueden observar casos asociados a los extractivismos. Se pueden señalar al cohecho, por ejemplo cuando un funcionario público modifica un juicio para conceder una explotación minera o petrolera, el tráfico de influencias para esconder las denuncias de impactos sociales o ambientales, la prevaricación que ocurre cuando una autoridad judicial dicta una resolución arbitraria, ilegal o incorrecta, a sabiendas de ello y con la finalidad, pongamos por caso, entorpecer la investigación de la represión a comunidades locales. Tampoco puede olvidarse que son conocidas las circunstancias donde es mucha gente la que sabe de la corrupción que envuelve a un emprendimiento extractivista, y nada hace ni dice, y con ello contribuye a una densa red de encubrimiento y obstrucción de la justicia.

Resumen de los principales vínculos entre corrupción y extractivismos

1. Presente en todos los sectores extractivos

2. Ningún país sudamericano está a salvo

3. Ocurre bajo distintos regímenes de propiedad (privado, estatal y mixto)

4. Los promotores de proyectos la utilizan para asegurar sus actividades, ocultar sus impactos, impedir controles, etc.

5. Se buscan beneficios personales pero cada vez más es una vía para financiar prácticas político partidarias

6. Afecta a todo tipo de actores (empresarios, políticos, funcionarios, periodistas, técnicos, etc.)

8. Está penetrando en comunidades indígenas y campesinas

8. Se expresa en un amplio abanico, desde sobornos a cohecho, desde prevaricación a tráfico de influencias

Conclusiones: Una íntima asociación

Se llega así a una inevitable conclusión: la corrupción en los extractivismos no es el resultado de hechos aislados fruto de unos pocos inescrupulosos. Por el contrario, hay una repetida, consistente e íntima asociación entre extractivismos y corrupción.

Los extractivismos necesitan de la corrupción por diversos motivos, como puede ser el acceso a las concesiones, disfrutar ventajas tributarias, y muy especialmente, para ocultar tanto sus impactos ambientales y sociales, y la criminalización violenta de las comunidades locales.

Paralelamente, distintos conjuntos de actores dentro del Estado y los partidos políticos precisan de la corrupción por diversas razones personales, pero también como fuente de financiamiento para un cierto modo de hacer política. Es una política que se basa en masivas campañas de publicidad, actos callejeros donde los participantes reciben dinero o comida, o que apela a pagar por favores. Como los extractivismos manejan enormes sumas de dinero, son una de las más apetitosas vías para alimentar las redes de corrupción.

Por todas estas razones, a los conocidos argumentos de construir alternativas a la dependencia extractivista para erradicar sus impactos sociales y ambientales, se suma ahora la lucha contra la corrupción. La recuperación de una política que sirva a los ciudadanos y el ambiente es imposible con esta penetración de la corrupción, y por eso mismo, es también incompatible con los extractivismos.

* Eduardo Gudynas es analista en temas de ambiente y desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social); se lo puede seguir en twitter: @EGudynas. Adelantos de este artículo se publicaron en El Ciudadano (Chile), en Plan V (Ecuador) y en la columna Postdesarrollo del autor en La Mula (Perú).


El desastre del modelo liberal en sanidad: El caso de EE.UU.


Por Vicenç Navarro *

Cuando a un trabajador se le despide (y el despido en EEUU es fácil), este o esta pierde no solo su salario, sino también su atención médica (y la de su familia). Esta medida tiene un impacto disciplinario enorme sobre el mundo del trabajo, lo cual explica que EEUU tenga el menor número de días perdidos por huelgas en el mundo capitalista desarrollado.

En el mundo capitalista desarrollado hay básicamente tres formas de financiar y proveer los servicios médicos a la población a nivel de todo el Estado. Uno, que se conoce como el Servicio Nacional de Salud (National Health Service), donde la mayoría de la financiación es pública y la provisión de los servicios es también pública. El segundo modelo es el Seguro Nacional de Salud (National Health Insurance), donde la financiación es pública (a través de un sistema de aseguramiento público) y la provisión de servicios es privada. Y, finalmente, el tercer sistema es el que es financiado privadamente (que se realiza predominantemente a través de aseguramiento privado, siendo las compañías de seguro privadas las que gestionan el sistema sanitario), y en el que la provisión de servicios es también privada. En este modelo, a diferencia de los dos anteriores, la acumulación de beneficios empresariales de carácter privado juega un papel determinante en la configuración del sistema sanitario.
Este modelo, que ha sido promovido activamente por el capital financiero (la banca y las compañías de seguros), tanto a nivel de cada país como a nivel internacional (con el apoyo activo del Banco Mundial y de la Organización Mundial de la Salud, altamente influenciada por el gobierno federal de EEUU), es el modelo liberal (en terminología económica, neoliberal). Es también este modelo el que está siendo promovido por un gran número de economistas en temas sanitarios (de clara sensibilidad liberal) en España, muchos de ellos próximos a la banca. Este modelo es el que existe en EEUU, y es, a todas luces, el sistema más caro (EEUU es el país que se gasta más en sanidad en el mundo, un 17% del PIB), más impopular (el 64% está insatisfecho con la manera como se financia y organiza el sistema sanitario), más ineficiente (el 40% de histerectomías, el 48% de operaciones de cateterismo cardíaco y bypass, el 28% de angiografías, el 40% de angioplastias y el 12% de intervenciones de cataratas son innecesarias) y más inhumano (el 32% de personas que se están muriendo, es decir, que tienen enfermedades terminales, indican estar preocupadas de cómo ellas o sus familiares pagarán las facturas médicas).
Las causas políticas del dominio del modelo liberal
Como siempre ocurre, detrás de cualquier problema económico (y el sistema sanitario en EEUU es un problema económico enorme) hay una causa política: el enorme poder, no solo económico y financiero, sino también político y mediático, de lo que en EEUU se conoce como la Corporate Class (clase corporativa) (es decir, los propietarios y gestores de las grandes empresas financieras, industriales y de servicios que configuran la vida económica del país). Este poder fue el que presionó para que el sistema de financiación de la sanidad no fuera público (como en la mayoría de países de Europa), sino privado, a base de los pagos de los trabajadores y empleados de una empresa y de sus empleadores a las compañías de seguros privadas que, a su vez, contratan con los proveedores (tales como médicos, hospitales, etc.) la provisión de servicios. Así quedó fijado en la ley Taft-Harley (que el presidente Truman vetó pero que el Congreso –controlado por las derechas- aprobó). El mundo financiero, y muy en particular las compañías de seguros, favoreció esta ley que facilitó e hizo posible su gran expansión. Y el mundo empresarial también la apoyó, pues fijaba que el modo de financiar los servicios sanitarios era a través de los convenios colectivos (firmados por los representantes de los trabajadores y por los empresarios), que definen las aportaciones de trabajadores y empresarios a las compañías de seguro privadas, que son las que gestionan el sistema sanitario. Este sistema garantizaba un control por parte de los empresarios sobre su fuerza de trabajo, debido a que no solo los salarios, sino también la asistencia médica del trabajador y de su familia, dependían de su trabajo. Cuando a un trabajador se le despide (y el despido en EEUU es fácil), este o esta pierde no solo su salario, sino también su atención médica (y la de su familia). Esta medida tiene un impacto disciplinario enorme sobre el mundo del trabajo, lo cual explica que EEUU tenga el menor número de días perdidos por huelgas en el mundo capitalista desarrollado.
En este esquema, el nivel de cobertura de un trabajador depende de la fuerza que el sindicato pueda tener en los altamente descentralizados convenios colectivos. En aquellas empresas donde los sindicatos son fuertes, es probable que sus trabajadores tengan una cobertura de sus necesidades asistenciales sanitarias relativamente buena (aunque nunca comparable a lo que cualquier ciudadano tiene en los sistemas nacionales de salud o en los seguros nacionales de salud). Pero si los sindicatos son débiles o no existen, la cobertura sanitaria es menor o inexistente. De ahí la enorme diversidad en los niveles de cobertura sanitaria en EEUU. Y para complicar todavía más la situación, para aquellos que no trabajan, el aseguramiento privado individual es sumamente caro, y prohibitivo en el caso de que tengan una enfermedad crónica.
¿Qué ha hecho el Obamacare?
El primer intento de reforma apareció en las campañas de Jesse Jackson (al cual tuve el placer de asesorar) en 1984 y en 1988, dirigente del movimiento Arco Iris (Rainbow Coalition, que era la alianza de las fuerzas progresistas, sindicatos, movimientos de derechos civiles, ecologistas y feministas dentro del Partido Demócrata), apoyado por los partidos socialista y comunista. Tal movimiento exigió y consiguió que se estableciera un Seguro Nacional de Salud, semejante al sistema sanitario canadiense, que originalmente había tenido un sistema parecido al existente en EEUU hasta que en los años 60 se cambió en una provincia canadiense (Saskatchewan), gobernada por el Partido Socialista canadiense, prohibiendo el aseguramiento privado, pasando este aseguramiento a ser público.
Más tarde, el presidente Clinton (que copió extensamente elementos importantes del programa de Jackson) incorporó tal demanda en su programa (con el cambio sustancial, sobre el programa de Jesse Jackson, de mantener y no sustituir a las compañías de seguros privadas), estableciendo un grupo de trabajo en la Casa Blanca, dirigido por su esposa, Hillary Clinton, en el cual la Rainbow Coalition me pidió que les representara, como científico de su confianza.
La propuesta Clinton, que fue incorporada posteriormente por el candidato, y más tarde presidente, Obama, en su programa, tenía como objetivo intentar reducir el elevadísimo número de estadounidenses que no tenían ninguna cobertura sanitaria (causando más muertes que las producidas por el SIDA). Ahora bien, a pesar de que el título del programa promovido por el presidente Obama se llama Universal Health Care, el hecho es que incluso con el pleno desarrollo de su programa, todavía permanecerían 27 millones de ciudadanos y residentes sin ninguna cobertura, y el doble de este número con cobertura insuficiente. La ley del Obamacare exige que todo ciudadano o residente tenga que tener una póliza de aseguramiento sanitario (de la misma manera que todo propietario de un coche debe tener seguro del coche), sin regular, sin embargo, el precio de la póliza. Y también exige a todos los empresarios que provean aseguramiento privado a sus trabajadores y empleados. Pero el nivel de cobertura obligatorio es muy insuficiente para cubrir las necesidades de la población. El problema mayor es que Obama no se atrevió a enfrentarse con las compañías de seguros (que han financiado gran parte de las campañas de los políticos, incluyendo la del Sr. Obama y la de la Sra. Clinton). Estas adquirirán incluso más poder bajo el mandato del presidente Trump, el cual ha nombrado como Secretary of Health (equivalente a Ministro de Sanidad) a una persona conocida por su oposición a las reformas realizadas por la Administración Obama, empeorando todavía más los problemas creados por la aplicación del modelo liberal en la sanidad de un país, un modelo que los economistas liberales intentan aplicar en España también, promovido por grandes intereses financieros, incluidas compañías de seguros sanitarios privadas que están adquiriendo más y más protagonismo en la sanidad española, expansión facilitada predominantemente por los partidos conservadores de persuasión liberal que han dominado los gobiernos españoles (incluidos los catalanes) en los años de la Gran Recesión.
* Vicenç Navarro: Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Director del JHU-UPF Public Policy Center 


jueves, 19 de enero de 2017

Al menos 100 masacres se registran este 2016 hasta ahora



Por Luis Destephen

Al menos 100 masacres se registraron en 2016 informó la coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas.

Detalló que los 100 eventos múltiples dejaron un saldo de 369 víctimas.

Este número de masacres representan un incremento de un tres por ciento en comparación con el año anterior. Es decir dos masacres más que dejaron como resultado la muerte de 361 personas.

Precisó que en 2015, se contabilizaron 98 muertes violentas múltiples.
Detalló que los municipios de Tegucigalpa, en Francisco Morazán y en San Pedro Sula, en Cortés, es donde se cometieron más masacres.

Señaló que estos eventos cobran la vida de más hombres que de mujeres. Sin embargo, se han presentado escenas que mueren más de tres mujeres.

“Todas las muertes violentas que se registran en el país provienen de las fuentes oficiales como la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Tránsito. Posteriormente se coteja con Medicina Forense y el Registro Nacional de las Personas para validar los resultados”, explicó Ayestas.

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Masacres en Honduras dejan un “dolor sin nombre”

Las masacres en Honduras se están convirtiendo en una práctica. Como es costumbre, las autoridades aseguraban que ‘‘se desconoce el móvil del hecho’’.

Mientras que el presidente Juan Orlando Hernández, condena estos hechos, los crímenes se siguen sumando, por su parte, la iglesia Católica de Honduras lamenta la inseguridad en nuestro país.

Según autoridades religiosas, “nuestra ciencia y nuestra tecnología al servicio de la seguridad, habíamos construido un mundo seguro, pero no ha sido así y lo que motiva a los violentos a actuar con desenfreno es saber que en Honduras solo el 4 % de los homicidios llegan a juicio y reciben sentencia condenatoria. Esto representa un 96 % de impunidad”.

También ciudadanos se pronuncian exigiendo a las autoridades dar mayor vigilancia para que mengue el luto y crezca la paz.

Dios mío qué llantas las que me cargo…



Dios mío qué llantas las que me cargo, se me sale las lonjas, ah no, este año 2017 voy a dejar de parecer fresco en bolsa y me voy a poner como pajilla, posiblemente hasta me contraten de modelo”.
Ya comenzaron las promesas de Año Nuevo, la gente comienza a pesar que hay cosas que merecen cambiar. Dijo Toña Carraspera que dejará de ser chismosa en el 2017: Si es posible me pondré alambre de púas en la sin hueso para dejar el chisme, mm eso sí está fregado porque a las personas que les encanta el chisme nadie las frena de la lengua, andan de aquí para allá sembrando la cizaña, a veces hay quien se haya enfermado por no regar los chismes del día.

Santiago Pajita dice que él se fumaba dos paquetillos de cigarrillos al día, ya se hizo la promesa de no fumar, que dejará a un lado los cigarros por que ya tiene el pico amarillo y traspira a puro tabaco: “Si acaso me fumaré un cigarrillo cuando llegue la Semana Santa”, el caso es que tiene el firme deseo de no fumar en este nuevo año. Se parece a Margarita la Piojosa que está prometiendo no andar de metida: “No sé, ha sido como un viejo andar metiéndome en lo que no me importa, ya le dije a mi marido y a mis hijos que no andaré de metida en la colonia donde vivimos.

Torcuato Ciprés es de esos hombres que les gusta cachimbear a la mujer: “Mija –le dije- contate dichosa porque en este nuevo año no te voy a sopapiar, ya me hice la promesa y el propósito de no volverte a pegar… si acaso de vez en cuando te reviente el pico pero no será como antes que cada 24 horas te recetaba tu sacudida”, la bruta de la mujer solo comentó: No será que ya no me querés?”. Promesas van promesas vienen. El conocido político Merenciano Tustaca también tiene su promesa: “Desde este día le digo a mi pueblo que siempre seguiremos en la lucha, que no les voy a hablar de que vamos a tomar el poder, que voy a mejorar las condiciones de vida del pueblo hondureño, que no necesito alianzas pirujas para que ustedes se den cuenta que no les miento. Estoy plenamente seguro que ya no le mentiré a este noble pueblo que creen en todas las mentiras que nos inventamos los políticos para mantenerlos dormidos, así que fuera mentiras de mi boca como político en este 2017, he dicho hijos de la madre”.

Conozco a Camilo Cienpies que ha sido uno de esos hombres que tienen el vicio de fumar y jamás compran cigarrillos, se la pasan martillando a los demás: “Este año prefiero recoger chencas que pedir”.

Es fácil prometer, lo difícil es cumplir. Varias mujeres adictas al consumismo han expresado su opinión: “Por mi parte no vuelvo a leer periódicos este año, ahí aparecen muchas ofertas tentadoras y no puedo contenerme, he gastado muchas veces el dinero de los pagos de la casa por comprar papadas que ya tengo”, otra manifestó: “el año pasado solo agarraba la cartera y salía a mil a las tiendas y supermercados que presentaban ofertas, hoy las cosas van a cambiar definitivamente”, otra aseguró: “Qué barbaridad con ese vicio que tengo de andar comprando papadas, las tarjetas de crédito están hule y mi marido no sabe si suicidarse o pedir asilo en una embajada por todo lo que se debe”. Bueno cada quien hace su promesa de acuerdo a lo que ha hecho en la vida.

Hay léperos como Juan Cebollín que dijo públicamente: “Señores y señoras llegó el momento del cambio, el año 2017 merece que uno haga cambios en su vida, mi mujer ya tiene cincuenta años, así que me he prometido cambiarla por dos de 25, así cumpliré mi noble promesa al pie de la letra”. Otro lana dijo: “En el 2016 solo logré estafar a 10 personas, hoy me hago la meta de estafar a unas veinte si no es que me meten al mamo? Reinaldo Culiche dice que en este nuevo año le sería fiel a la mujer, que ya no le quemará la pata y que posiblemente dará la prima de una casa o de un carrito para trabajar ya que todo el pistillo ha ido a parar a las manos de sus amantes.

Otro dijo “Este año voy a visitar más seguido a mi mamá, casi solo la veo el Día de la Madre y a la carrera, trataré de ser buen hijo. “Ay papa eso no lo creo porque el que es mal hijo, lo sigue siendo hasta que no se arrepiente de rodillas ante los ojos de Dios. Oigan la promesa de Matías Cusuco: “Ahh no papa, este año ya no voy a beber guaro, me está haciendo mucho daño, lo voy a cambiar por cervezas jejeje”, “este año –dijo Mateo Matasanos- voy a cambiarle llantas al carro, están lisas como sandía, no las he cambiado por borracho”.

Henry Pataste afirma que el 2017 es el año de su hombría: “Ya me cansé que me mantengan esas tres mujeres que tengo, me aburro mirando tele, aunque en la noche me voy a parrandear, quiero saber qué se siente mantener a una mujer aunque solo sea una vez en la vida”. “Este año sí voy a comer como Dios manda –dijo Marilú Palangana- estoy muy flaca por andar de enamorada, así que a comer se ha dicho para estar cuerazo. Uno de “aquellos” dijo: “Ay no, este año voy a dejar las mariconadas”, otros que lo escucharon dijeron: “Hasta no ver no creer Lulú. “Bueno así están las promesas”.